El dirigente social Gustavo Monzón se abstuvo de declarar este viernes ante la fiscal González de Pacce y quedó imputado por el delito de amenazas, tras la toma violenta de la Secretaría de Derechos Humanos con consignas “pro dictadura” del pasado 15 de septiembre. En ese contexto, la fiscal dictó la prohibición de acercamiento respecto de las funcionarias de ese organismo.
Viernes, 21 de octubre de 2022
Monzón, alias “Mamu”, fue denunciado por la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, por la violenta toma de ese organismo al frente de un grupo de 30 personas que amedrentó a los trabajadores con consignas amenazantes y reivindicatorias de la última dictadura cívico militar. Una de las banderas rezaba: “Derechos Humanos para subversivos montoneros y delincuentes”. Fue el pasado 15 de septiembre por la mañana.
Esta mañana, el dirigente social se presentó en la sede de las Fiscalías de Resistencia, tomó conocimiento de la imputación en su contra por el delito “amenazas” y se abstuvo de declarar.
En ese contexto, la fiscala Nº 2, Ana González de Pacce dictó una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio y/o lugares que frecuenten (como la propia sede de la Secretaría en Mitre 171 de la ciudad de Resistencia) la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, la subsecretaría de Géneros, Diversidades y Disidencias, Delia Pérez, y también de dos trabajadoras de ese organismo.
No fue un hecho aislado
El 11 de agosto pasado, manifestantes de la misma agrupación se acercaron hasta el organismo con el mismo tono beligerante. Una de las abogadas de la Secretaría bajó para atenderlos, pero la situación se puso tan hostil que tuvo que advertirles que llamaría a la policía en caso de que no la dejen salir de ahí, debido a que la tenían rodeada en la vereda. “Son unos subversivos. Tienen que volver los militares y cagarlos a tiros a ustedes”, vociferó en esa oportunidad Monzón.
No es la única causa que Monzón tiene que afrontar. En mayo de este año, la fiscal, Vanesa Fonteina, elevó a juicio correccional la causa abierta por el ataque contra el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, el 5 de abril pasado. Por este hecho está imputado por el delito “de atentado contra la autoridad en concurso real con daño agravado por haber sido cometido contra un bien de uso público”.
Se lo acusa de haberle arrojado una silla a Chapo en el marco de una reunión, la cual le provocó “edema y eritema en la región frontal, edema y excoriación peri orbitaria derecha, edema en cara interna del antebrazo derecho y excoriación en el dedo anular derecho”. Posteriormente, lanzó otra silla la cual impactó en la pared de la oficina gubernamental “provocando abolladura y hundimiento en la estructura de la misma”.
