El dirigente social del MTD “No al Desalojo”, Ángel Verón, falleció el 19 de octubre de 2015, luego de varias semanas de agonía tras la salvaje represión policial por un corte de la ruta nacional Nº 11 en reclamo por fondos para la construcción de viviendas. Tras su muerte, hubo renuncias masivas en el área de Seguridad del gobierno de Capitanich. Hay seis policías imputados por “apremios ilegales agravados” que serán juzgados recién a fines de noviembre de este año.
Miércoles, 19 de octubre de 2022
Por Brian Pellegrini
Este miércoles 19 de octubre se cumplen siete años de la muerte de Angel Verón, dirigente social del MTD “No al Desalojo”, quién falleció luego de la brutal represión que ejecutó la Policía del Chaco para liberar un piquete sobre la Ruta Nacional Nº 11, el 24 de septiembre de 2015. La protesta se realizaba en reclamo de elementos para la construcción de viviendas por el sistema de cooperativas.
En la investigación del caso, el fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos, Francisco Daniel Turraca, imputó al jefe de la Comisaría 4ª de Resistencia y a otros cinco policías por el delito de “apremios ilegales agravados” y firmó el requerimiento de elevación a juicio en el año 2018. Como querellante, el Comité para la Prevención de la Tortura se opuso al requerimiento advirtiendo que la calificación debía ser “tortura seguida de muerte”.
En la audiencia de oposición, la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli, rechazó el planteo del Comité y confirmó la elevación a juicio con la calificación atribuida por el fiscal Turraca y liberó a los policías. La magistrada también aceptó un planteo de la defensa y retiró la imputación por el delito de “detención ilegal”.
Así, la causa quedó radicada en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia que, en principio, fijó fecha para las audiencias del juicio oral para agosto de 2019. Sin embargo, luego el tribunal decidió postergarlo y recién se volvió a fijar una fecha para fines de noviembre de 2022. Serán el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Los imputados son el comisario Juan Domingo Penayo, quién estaba a cargo de la Comisaría 4ª de Resistencia, y los agentes Lucas Aquino, Darío Bernal, Gabriel Santana, Martín Benítez y Manuel Arévalo.
El caso
Verón falleció en el Hospital Perrando el 19 de octubre de 2015, tres días antes de las elecciones legislativas nacionales. Tenía 43 años y 10 hijos menores de edad.
El 24 de septiembre, casi un mes antes, había sido golpeado salvajemente por efectivos policiales luego de que, junto a su MTD “No al Desalojo”, mantuvo cortada la Ruta Nacional Nº 11, a la altura de kilómetro 997, en reclamo de fondos para la construcción de viviendas comprometidos por funcionarios del entonces gobernador Jorge Capitanich.
El operativo policial concretado ese día se realizó sin orden judicial, ya que la justicia federal no intervino por considerar que los cortes de rutas nacionales no configuran delitos. Tampoco lo hizo la justicia provincial porque no era de su competencia. Como consecuencia de esa golpiza, Verón debió ser internado de urgencia en Terapia Intensiva del Perrando por la reapertura de una herida previa que aún no había cicatrizado. Durante ese período fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas pero finalmente falleció el 19 de octubre.
Pero no todo quedó allí. De acuerdo a la versión oficial, la muerte de Verón se debió a “causas naturales”; sin embargo, después se comprobó la falsedad ideológica del certificado de defunción emitido por el Perrando, donde se consignaba como causal de fallecimiento: “enfermedad”.
Tras el sepelio, se debió exhumar el cadáver de Verón para practicar la autopsia, en la que se conocería la verdad: el fallecimiento fue producto de los diversos golpes que recibió el dirigente social durante de su detención.
Tras confirmarse esto, se produjeron las renuncias del ministro de Gobierno, Javier Oteo; el secretario de Seguridad, Marcelo Churín y el jefe de la Policía del Chaco, Gustavo Peña. A partir de ese momento, el entonces subjefe de Policía, Ariel Acuña, quedó a cargo de la conducción de la fuerza policial. Sin embargo, en la investigación no se avanzó contra los eventuales responsables políticos por la muerte de Verón.
En aquel momento, estaba en vigencia un decreto firmado por el gobernador Jorge Capitanich por el cual se había incorporado el denominado “Protocolo Garré” para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” y que se convirtió en ley en noviembre de ese mismo año, pocos días después del fallecimiento de Verón.
En mayo de 2012, en tanto, se había sancionado la ley de Seguridad Pública, que establecía criterios novedosos con el control civil de las fuerzas de seguridad, que recién en 2022 se está comenzando a instrumentar en sus partes más sustanciales.
