Alberto Modi, Jorge Canteros, Miguel Fonteina, Fabiana Bordiani y María Eugenia Sáez integrarán el Superior Tribunal de Justicia ad hoc que deberá analizar si confirma o revoca el amparo que permitió a la camarista Mercedes Riera permanecer en su cargo luego de cumplir 70 años sin rendir un nuevo concurso de antecedentes y oposición.
Sábado, 15 de octubre de 2022
Durante la última semana se realizó el sorteo de los jueces subrogantes que conformarán el Superior Tribunal de Justicia ad hoc que deberá analizar los recursos extraordinarios contra la acción de amparo que le permitió a la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mercedes Riera, permanecer en su cargo sin rendir un nuevo concurso de antecedentes y oposición a pesar de haber superado los 70 años que fija la Constitución Provincial.
El sorteo se realizó luego de que Riera recusara a los jueces Isabel Iride Grillo y Víctor Del Río (actuales miembros titular y suplente del Consejo de la Magistratura), la inhibición de la presidenta del STJ, Emilia Valle, y la licencia de su par Rolando Toledo. Así, el único juez titular del STJ será Alberto Modi quién, tras el sorteo, estará acompañado por los procuradores generales Jorge Canteros y Miguel Fonteina y las juezas Fabiana Bordiani y María Eugenia Sáez. A su vez, como suplentes fueron designadas las magistradas Silvia Suárez y Gladys Zamora.
En concreto, lo que este STJ deberá analizar es si confirma o revoca la acción de amparo dictada por la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que con los votos de las juezas Gloria Silva y Dolly Fernández y la disidencia de Natalia Prato, avalaron la postura de Riera que pretende seguir en su cargo sin rendir un nuevo concurso de antecedentes y oposición (tras haber superado la edad de 70 años), en una polémica interpretación de la Constitución Provincial que, en los hechos, la convierte en jueza vitalicia provocando un conflicto de gravedad institucional, ya que se estarían alzando contra la voluntad de los constituyentes.
Tanto Riera como las juezas que avalaron su intención fueron denunciadas penalmente; la primera, por usurpación de autoridad, por permanecer en su cargo más allá del mandato constitucional; las segundas, por el fallo que avaló su pretensión.
