En los últimos tres meses, casi 20 policías del Chaco, la Federal y Gendarmes fueron detenidos acusados de tener algún grado de connivencia con el narcotráfico. Las detenciones se dieron en el marco de investigaciones encabezadas por el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, con el respaldo de la jueza, Zunilda Niremperger. Armado de causas, secuestro parcial de drogas y reclutamiento de dealers.
Sábado, 15 de octubre de 2022
Por Bruno Martínez
La analogía de la “manzana podrida” es utilizada para resguardar a las Fuerzas de Seguridad cuando sus elementos se ven involucrados en algún delito. Una narrativa que intenta encapsular a los malos funcionarios del resto de sus compañeros honestos, salvaguardando el honor de estos últimos de las malas acciones que ejecutan elementos perdidos. Para esta teoría, no hay una estructura corrupta, sino individuos que se corrompen.
Pero ¿qué pasa cuando son (hasta la publicación de esta nota) casi una veintena las manzanas podridas detectadas en un corto lapso de tiempo y en una provincia relativamente chica? ¿Se puede seguir hablando de elementos perdidos o hay que referirse a una corrupción estructural, una matriz subterránea de ilegalidad que se sostiene a base de plata fácil y la percepción de impunidad asegurada?
Estas son preguntas que surgen luego de ver la enorme cantidad de detenciones de funcionarios de la Policía Federal, del Chaco y gendarmes que se produjeron en estos últimos tres meses en la provincia, por presuntamente tener nexos, connivencia o directamente formar parte de bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos vinculados. Todo esto en el marco de investigaciones impulsadas desde la fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, con el respaldo de la jueza, Zunilda Niremperger.
Esta reciente e inédita purga en las fuerzas de seguridad de la provincia comenzó el 16 de julio pasado cuando el sargento, Rubén Molina y los agentes Matías Frete y Leandro Cocco, de la comisaría Duodécima de Resistencia fueron detenidos acusados de hechos gravísimos: se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina y al armado de procedimientos ficticios.
De acuerdo al expediente, sus actividades ilícitas incluían la cobertura de al menos una dealer de la zona para que pueda comercializar sin ser molestada, como así también mantenerla al tanto de cualquier posible operativo que pudiera comprometerla.
Esta cobertura se realizaría a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración. Ante esto, el OCI (Organismo de Control Institucional, dedicado a investigaciones internas de la policía del Chaco) dispuso la suspensión preventiva de los tres policías, la retención de sus haberes y la apertura de un sumario administrativo.
En simultáneo a las detenciones, se allanaron domicilios particulares de los imputados y también la comisaría Duodécima. En la dependencia policial se incautó un cofre perteneciente a uno de los investigados con cocaína fraccionada, además de más de 400 gramos de marihuana y dieciséis sobres sin identificación “con sustancia estupefacientes sin especificar”.
Posteriormente, se sumó otra causa más a esta organización. Molina y Cocco fueron imputados por amenazar al grupo de gendarmes que los venían investigando. Este hecho ocurrió el 12 de enero pasado durante una recorrida que realizaba personal de Gendarmería. En un momento dado el conductor del móvil advirtió que los venía siguiendo un auto Suzuki Fun. El vehículo logró sobrepasarlo y lo cruzó, colocándose delante, impidiendo su paso.
Del auto bajó el investigado Molina. Se presentó como personal de la Policía del Chaco y de manera muy agresiva interrogó a los gendarmes respecto de sus actividades en el barrio Santa Catalina. Los uniformados respondieron que sólo hacían “recorridas de prevención”.
Olfateando lo que ocurría, días más tarde, Molina retomó su idea de intentar amedrentar a los agentes de Gendarmería que lo investigaban. Para eso se subió a una moto Honda Tornado y, acompañado de otro compañero, se presentó en la Unidad de Reunión de Información (el grupo de inteligencia de Gendarmería). Ambos estaban armados con escopetas. La situación no pasó a mayores.
Los policías investigados querían data respecto de qué pasaba en Gendarmería. Saber detalles de la investigación. Qué sabían y qué no. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso. Por este accionar, el fiscal Sabadini lo imputó por revelar secretos oficiales.
Coima, amenaza y robo
Casi dos meses más tarde se produjo un hecho que destapó el accionar de otra banda narcocriminal que tenía entre sus integrantes a un ayudante fiscal antidrogas, policías federales, provinciales y gendarmes.
El 3 de septiembre, un hombre denunció que mientras circulaba por ruta 16, entre Quitilipi y Machagai, un patrullero de la policía Federal lo paró y le exigió el pago de una coima de 400 mil pesos para evitar ser detenido por transportar ropa de contrabando.
Y no sólo eso: lo obligaron a ser escoltado hasta su casa, en el barrio Las Palmeras de Resistencia, donde los policías habrían ingresado a su vivienda para hacerse con distintas pertenencias, entre ellas un televisor de 49 pulgadas y ropa. Se sospecha que también se quedaron con algo de estupefacientes que habrían encontrado.
Siete policías de la Federal de la jurisdicción de Sáenz Peña fueron detenidos por este hecho: el subcomisario, Fernando Rubén Vega; el subinspector, Federico Emanuel Vieyra; el inspector, Héctor Adolfo Gay; el sargento, Jorge Carlos Osika; el cabo, José Pérez; el cabo, David Villalba y la agente, Clelia González Núñez.
El nexo
Posteriormente, un testigo de identidad reservada confirmó que dos de los policías detenidos, Osika y Gay, eran parte de una banda que operaba en Miraflores, Castelli y Tres isletas. Esta declaración logró unir la extorsión y el hurto en el barrio Las Palmeras con una estructura criminal que estaría comandada por Ariel Peña, ayudante fiscal antidrogas en Castelli que depende de las fiscalías de narcomenudeo 1 y 2 de Resistencia.
El informante explicó que Peña tenía dos modalidades para abastecerse: una era a través de proveedores directos, que lo abastecían con grandes cantidades. Y otra, en los propios operativos que él comandaba junto a sus policías de confianza.
En los allanamientos que lo tenían al mando, sólo una parte de lo incautado era incluido en los registros oficiales mientras que el resto quedaba para la banda, por fuera del radar de la Justicia. Luego, esa sustancia no registrada era reinsertada al circuito ilegal de comercialización a través de revendedores que operarían bajo sus órdenes.
El testigo recordó en este sentido un procedimiento ocurrido en junio del año pasado, en Castelli. En esa ocasión el cargamento incautado fue alrededor de 140 kilos de marihuana, cuando en realidad, el peso de lo que se encontró fue de 230 kilos. La diferencia, esos 90 kilos que se esfumaron, habrían sido sustraídos por personal de la “División Microtráfico de Sáenz Peña” que realizó el operativo bajo las directivas de Peña.
El testigo indicó además que, para mantener a raya al mercado, apoderarse del territorio y limpiar a la competencia, lo que hacían era operativos montados. ¿Cómo? Obligaban a los vendedores de drogas que respondían a su organización a que contacten a otros dealers, que no estaban incluidos en la banda. La idea era simular una transacción. Tras pactar un día y lugar, Peña y sus policías y gendarmes de confianza los estarían esperando para interceptar el cargamento y posteriormente quedarse con todo.
La organización también tenía sus ardides para evadir los controles. Para transportar la droga sustraída, Peña le habría adosado rótulos de secuestro para simular que fueron incautaciones legales y, así, evitar ser sometido a algún control en la ruta por parte de personal de fuerza de seguridad ajeno a su influencia.
Según la investigación, Peña tenía a su cargo casi una veintena de dealers que comercializaban droga para él. El ayudante fiscal, de acuerdo a la denuncia, se aseguraba que le sean leales. ¿Cómo? Si no cumplían con la venta de droga que él les facilitaba, o no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros eventuales competidores, eran amenazados con ser investigados o detenidos.
Se dieron casos en los cuales se les armaron causas a dealers en operativos presuntamente fraguados y conducidos por Peña para que, una vez recuperada la libertad, el vendedor se sume a su organización, pero ahora bajo sus órdenes.
Peña estaba tan cercano a sus dealers que incluso hacía negocios legales con ellos. El 23 de septiembre de 2021, el ayudante fiscal transfirió a “Santi Sosa”, uno de los más importantes vendedores de droga de Tres Isletas, el Renault Megane que hasta ese entonces era de su propiedad.
Actualmente Sosa está prófugo de la Justicia y su casa de Tres Isletas, completamente abandonada y en ruinas. Los vecinos aseguran que hace varios meses huyó hacia Santiago del Estero.
La caída
El 6 de octubre se produjeron las detenciones de Peña; del jefe de la División Drogas de Los Frentones, Cristian Obregón y del cabo primero, Carlos Miño. Se allanaron comisarías, domicilios particulares y hasta el Palacio de Justicia de Castelli donde se encontraron tres paquetes de marihuana en el escritorio de Peña.
En tanto que en la División Drogas de Los Frentones también se hallaron estupefaciente sin rótulos ni documentación respaldatoria. Agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y de Gendarmería estuvieron a cargo de los operativos.
Para avanzar en las detenciones y allanamientos, además de la declaración del informante, se hicieron entrecruzamientos de escuchas telefónicas (que venía realizando la Justicia Federal de Sáenz Peña a fuerzas de seguridad hace más de un año) y georreferenciaciones de las celdas desde donde se conectaban los celulares de los sospechados.
Gendarmes
El 12 de octubre continuaron las detenciones: esta vez fueron cinco gendarmes y un policía. Los aprehendidos fueron el sargento primero, José Noguera; el oficial Principal de policía, Héctor López; el sargento primero, Ricardo Boituzat; el sargento, Ariel Alejandro; la sargento, Patricia Giménez y el alférez, Enzo Aguirre. El subcomisario, Juan Ortiz, jefe de la División Microtráfico de la Policía del Chaco en Sáenz Peña, quedó imputado, pero en libertad.
Se procedió a realizar diversos allanamientos en domicilios particulares de Sáenz Peña, como así también en dos dependencias de Gendarmería Nacional de esa localidad (una de calle Moreno 665 y otra en calle 112, entre 129 y 131), además de la Comisaría Tercera de Barranqueras.
Entre los secuestros, se confiscó un Renault Clío propiedad del policía López. Si bien se sospechaba que el vehículo tenía drogas, el registro que realizó Gendarmería dio negativo. Sin embargo, el perro antinarcóticos virtualmente enloqueció cuando lo hicieron oler el automóvil, más precisamente en el sector del panel lateral delantero y el torpedo del rodado. A esto se denomina “olor muerto”.
A pesar de que no había droga, el gendarme que realizó la requisa del auto comentó que le llamó la atención el faltante de algunos remaches que sujetaban el panel lateral con la puerta, es decir que el vehículo pudo haber sido utilizado para trasladar estupefacientes.
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