El Juzgado de Garantías de Charata hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta extendiendo por otros 30 días la investigación por la muerte en custodia de Leandro Bravo, por el cual cuatro agentes policiales se encuentran detenidos e imputados por el delito de tortura seguida de muerte. La Cámara del Crimen de Villa Angela rechazó la excarcelación de otro de los detenidos. La defensa de otro imputado recusó a la jueza de Charata.
Viernes, 14 de octubre de 2022
Por Brian Pellegrini
En los últimos días, se produjeron novedades en la causa que investiga la muerte en custodia de Leandro Bravo, ocurrida el 26 de febrero pasado en la localidad de Charata, por la cual cuatro agentes de la Policía del Chaco se encuentran detenidos e imputados por el delito de tortura seguida de muerte desde el mes de abril. La más reciente está vinculada a que la jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, hizo lugar a la solicitud de una cuarta prórroga de la investigación penal preparatoria que llevan adelante la fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos Adjunta, Silvia Slusar, y el fiscal de la Cámara en lo Criminal de Sáenz Peña, Carlos Rescala. Será por el plazo de un mes.
Entre los fundamentos para esta nueva extensión del plazo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal informó que aún restan las declaraciones testimoniales del comisario Barreto, a cargo de la Comisaría de Charata cuando se produjo la muerte de Bravo, y de otra persona que no compareció a declarar en las dos oportunidades en las que fue citado.
Además, se encuentra pendiente de producción una pericia informática que fue solicitada el 26 de abril y a la cual el Gabinete Científico Judicial recién asignó una perito el 3 de octubre pasado.
Otra preventiva confirmada
Por otro lado, también esta semana la Cámara en lo Criminal de Villa Angela decidió rechazar el planteo contra la prisión preventiva de los defensores del agente policial Enzo Gómez, uno de los cuatro imputados en esta causa. En su resolución, el tribunal presidido por el juez Daniel Ruiz coincidió con el Ministerio Público Fiscal y con las querellas particulares en que “no se produjeron elementos probatorios nuevos que conmuevan y contradigan los fundamentos sostenidos para dictar la prisión preventiva”.
En ese sentido, consideraron que las declaraciones testimoniales de agentes policiales colegas de los imputados no podían considerarse con el mérito suficiente para hacer variar la situación procesal de los mismos.
Sobre la incorporación de la segunda autopsia a cargo de la directora del IMCIF, Gabriela Lamparelli, con intervención de los peritos de partes, advirtieron que “si bien ésta pericia forense no define en forma contundente la causa de la muerte, sí establece las causas probables de la misma, y todas refieren a cuestiones traumáticas lesivas y a asfixias traumática o mecánica, lo que evidentemente dentro del marco de las probabilidades en vez de mejorar el cuadro probatorio a favor del imputado lo desfavorece por considerarse como especial prueba de cargo en su contra. Y agrava aún más este compendio probatorio cargoso las declaraciones testimoniales efectuadas por la propia Dra. Lamparelli”.
Así, los jueces de la Cámara del Crimen de Villa Angela concluyeron que “se mantienen vigentes los peligros procesales”. En ese sentido, consideraron que “existe gran probabilidad de que en caso de recuperar la libertad el encausado tratará de eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación, obstaculizando la acción de la misma, impidiendo la averiguación de la verdad, ya sea perturbando la investigación o impidiendo el aporte de pruebas de cargo”.
En ese contexto, la Cámara aún debe resolver sobre el planteo de recusación del defensor de otro de los imputados contra la jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, luego de haber intentado apartar infructuosamente a la fiscal Slusar.
En otro orden de cosas, durante la semana también se hizo lugar al cambio de representación de la querella particular de los familiares de la víctima, que pasó a estar en manos de la abogada Micaela Soria.
