Se trata del ingeniero Daniel Enrique Clemente Martínez, de 46 años, acusado por amenazar, drogar y abusar sexualmente de su vecina en un departamento céntrico de la ciudad de Resistencia, el 3 de febrero pasado. La jueza técnica será la integrante de la Cámara en lo Criminal Nº 3, Lorena Padován.
Jueves, 13 de octubre de 2022
El 3 de febrero de 2022, alrededor de las 23 horas, cuando ambos abordaban el ascensor, el empresario Daniel Clemente Martínez (46) apuntó con un arma a V.T, de 23 años, y la obligó a ingresar a su propio departamento. Allí, la ató con una manguera de jardín, la forzó a consumir cocaína y abusó sexualmente de ella, además de propinarle golpes de puño en diversas partes de su cuerpo, rasguños y de quemarla con cigarrillos. Todo sucedió mientras el hijo de la mujer, de 5 años, dormía.
La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del equipo fiscal Nº 14, encabezado por el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric, quién en mayo pasado firmó el requerimiento de elevación a juicio por jurados, que quedó firme a principios de septiembre.
Martínez llegará imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, amenazas con arma de fuego y lesiones leves, todo en concurso real.
De acuerdo al sorteo de rigor, como jueza técnica intervendrá la integrante de la Cámara Tercera en lo Criminal, Lorena Padován, y la acusación estará a cargo del fiscal Juan Martín Bogado. La querella particular estará representada por la defensora oficial Nº 12, María Celeste Ojeda; y la de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros por la abogada Alma González.
El acusado se encuentra detenido e internado en el área de Salud Mental del Hospital Perrando de Resistencia por consumos problemáticos. En las últimas horas, la Defensa Oficial solicitó que se acumule a esta causa otra por violencia de género en la que Martínez también fue requerido a juicio. Además, el empresario acumula otra serie de denuncias penales por violencia de género y por desobediencia judicial a las medidas de protección dictadas en favor de sus exparejas víctimas.
Según pudo saber LITIGIO, las querellas particulares coinciden en que la situación de vulnerabilidad de la víctima es “crítico” y que sería contraproducente para su propia salud mental que se la expusiera a dar su testimonio ante el jurado popular y, sobre todo, a ser interrogada por la defensa del imputado.
Cabe recordar que días después de formulada la denuncia penal, un portal de noticias divulgó el nombre y la fotografía de la denunciante lo que motivó la presentación de una medida cautelar de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, a la que hizo lugar el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, que ordenó al medio retirar las publicaciones que revictimizaban a la víctima y vulneraban su derecho a la intimidad.
¿Derechos o privilegios?
Durante los casi tres meses que duró la investigación penal preparatoria, el imputado cambió de abogado defensor particular en al menos cinco ocasiones. Cada nuevo letrado solicitaba lo mismo: una morigeración de su prisión preventiva debido a su supuesta situación de consumo problemático y así evitar que la misma transcurra en una comisaría. Sin embargo, el último informe de la Junta Médica Interdisciplinaria -incorporada al expediente antes de la elevación a juicio- daba cuenta de que no se evidenciaban “signos ni síntomas de intoxicación ni de abstinencia”.
El informe firmado por el perito Ramiro Isla, del Instituto Médico Forense dependiente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, sí consignaba que el imputado presentaba “peligrosidad para sí y para terceros”. En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros tomó conocimiento de que la jueza de Garantías Rosalía Zozzoli hizo lugar a una acción de hábeas corpus y dispuso que Martínez sea alojado en el área de Salud Mental del Hospital Perrando. Fue cuando el padre de un paciente denunció que su hijo fue agredido por una persona. Esa persona era el imputado.
Posteriormente, Martínez consiguió una nueva concesión de la jueza Zozzoli, quién al confirmar la elevación de la causa a juicio también dispuso que el imputado sea alojado durante seis meses en un centro para el tratamiento de personas con adicciones. Entre los argumentos de la defensa, ahora se sumaba un supuesto cuadro de hipertensión arterial, con riesgo de ACV, además de insuficiencia renal y cardíaca.
En rigor, toda la estrategia de su defensa apunta a evitar que el empresario sea alojado en un establecimiento policial o penitenciario y que sí sea ingresado en alguna institución que cuente con menores controles.
Para avanzar con la audiencia preliminar del juicio por jurados, la jueza Padovan se encuentra a la espera de un informe solicitado al Instituto Médico Forense del Poder Judicial que determine con independencia sobre la situación de salud del imputado.
A la par, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia deberá analizar si confirma o rechaza la acción de hábeas corpus dictada por la jueza Zozzoli, y confirmada por la jueza Mercedes Riera, de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que fue recurrida por las querellas ante la falta de dictámenes de profesionales independientes que confirmaran los presuntos padecimientos de salud del imputado.
