El fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca, dictó este martes el requerimiento de elevación a juicio contra los tres funcionarios policiales a los que imputó el delito de “homicidio preterintencional” por haber provocado la muerte del joven Diego Barreto, el 13 de febrero de 2020. El Comité para la Prevención de la Tortura se opondrá a la calificación atribuida por la Fiscalía y confía en revertirla como en el caso Ponce de León.

Miércoles, 12 de octubre de 2022

Por Brian Pellegrini 

El fiscal Turraca firmó este martes 11 de octubre el requerimiento de elevación a juicio y mantuvo la imputación por el delito de “homicidio preterintencional” –que había dictado Luciano Santos, su secretario, mientras se desempeñaba como fiscal provisorio-. Fue luego de que los agentes policiales Esteban Francisco Campos, Gastón Iván Delfino y Armando Diego Barbona se abstuvieran de declarar en la ampliación de indagatoria convocada por el funcionario del Ministerio Público Fiscal para los primeros días de octubre.

El homicidio preterintencional es aquel que se comete “sin intención” y prevé penas de reclusión que van de los 3 a los 6 años o prisión de 1 a 3 años. Vale recordar que durante dos años la causa estuvo caratulada como “suicidio”, a pesar de las evidencias y los testimonios recolectados en el expediente.

Barreto falleció luego de ser abordado por los tres funcionarios policiales que lo redujeron en el piso y lo asfixiaron hasta su muerte, de un modo similar al emblemático caso del afroamericano George Floyd que generó el movimiento “Black Lives Matter”. Floyd murió luego de que el policía de Mineápolis Derek Chauvin lo mantuviera reducido por más de 9 minutos en el suelo, también en la vía pública. Por ese hecho, Chauvin fue condenado a 22 años de prisión.

En el requerimiento, el fiscal Turraca señala que “de los exámenes médicos e interdisciplinarios realizados, se ha podido establecer que el personal policial que intervino en la reducción y aprehensión de Diego Emanuel Barreto, ejerció un exceso de fuerza sobre el cuerpo del nombrado, comprimiendo así el lado izquierdo del cuello de éste, lo que le provocó la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello”.

Sin embargo, para los funcionarios de la Fiscalía creada especialmente para investigar los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad (tras el compromiso asumido por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Greco), los imputados no tuvieron intención de provocar la muerte de Barreto. Ni siquiera se tuvo en cuenta el agravante de que no se trató de una simple pelea en la que una de las personas fallece sino que se trata de funcionarios policiales que tienen a su cargo la protección de la vida de los ciudadanos.

En la causa también se denunció que la policía “plantó” cocaína en el departamento del joven, algo que nunca se investigó. La pericia toxicológica dio por tierra con la versión que intentó instalar la fuerza policial de que Diego había consumido drogas antes de su muerte.

En una entrevista concedida a LITIGIO, la madre de Barreto, Analía Ojeda, había cuestionado el accionar del fiscal provisorio, Luciano Santos, quién estuvo a cargo de la mayor parte de la investigación del homicidio de su hijo, y que le dijo que “necesitaba más pruebas”. En ese sentido, consideró que “ese lugar no es para esas personas (en referencia a Santos y al fiscal Turraca), y aseguró: “Necesitamos personas que escuchen a las víctimas y que estudien los casos”.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco ya anticiparon que se opondrán a la calificación legal del requerimiento de elevación a juicio y se presume que el mismo camino seguirían las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la que representa a la madre del joven asesinado, Analía Ojeda. En ese caso, deberá llevarse a cabo una audiencia de oposición al requerimiento del fiscal Turraca ante un Juzgado de Garantías, en donde las partes querellantes reclamarán que se agrave la imputación contra los tres agentes policiales.

Como antecedente, vale recordar el del asesinato de Sebastián Ponce de León, que la Fiscalía de Derechos Humanos también calificó como “homicidio preterintencional”, lo que luego fue revocado por el Juzgado de Garantías y recalificado y elevado a juicio como “tortura seguida de muerte”, siendo el primer caso de violencia policial que será juzgado por un jurado popular.

 

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