La detención del ayudante fiscal de Narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña, sindicado como jefe de una banda criminal conformada por policías del Chaco y de la Federal, amerita una explicación más clara por parte de la Procuración General respecto de las sospechas que había sobre Peña, incluso meses antes de su aprehensión. Dudas y puntos oscuros.
Martes, 11 de octubre de 2022
Por Bruno Martínez
La Justicia Federal de Resistencia desbarató la semana pasada una organización criminal conformada por policías del Chaco y la Federal la cual estaba liderada presuntamente por el ayudante fiscal de narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña. Una mancha más en la atigrada Justicia del Chaco.
Según la investigación que impulsó el fiscal, Patricio Sabadini, esta organización se dedicaba no sólo a la venta de estupefacientes en Miraflores, Castelli y Tres Isletas, sino también al armado de causas para limpiar el territorio de otros competidores y al reclutamiento de dealers de la zona quienes eran obligados a trabajar para esta banda criminal bajo amenaza de ser investigados o detenidos.
Si bien esta situación generó sorpresa e indignación en buena parte de los habitantes más o menos informados del Chaco, la Justicia provincial no la desconocía. Sabían quién era Peña y lo que estaba haciendo. O al menos, lo sospechaban.
Tras su detención, el jueves pasado, la Procuración General, que conduce Jorge Canteros, envió un comunicado a los medios en el cual se informó que la fiscal 2 de Narcomenudeo, María Arechavala Viola, denunció en dos oportunidades a Peña: una el 21 de julio de este año y otra el 26 de septiembre pasado.
El parte de prensa señala que la imputación era por “falta de confianza”. Aclaraba además que era una denuncia administrativa y no penal. Los detalles de esos sumarios, los hechos que los motivaron y el estado actual de ambos expedientes son una gran incógnita.
Oficialmente, eso es todo lo que se sabe. Extraoficialmente, LITIGIO pudo saber que a Peña lo tenían en la mira. Es que desde 2018 a 2022, los operativos en los que él se ponía al frente, o por lo menos en los que tenía información previa, siempre terminaban en un fiasco. Cada vez que había algún dato concreto respecto de un búnker, la policía llegaba a un lugar completamente vacío, sin moradores, sin estupefacientes, sin nada. El ayudante fiscal, se sospechaba, filtraba información.
Por eso se empezaron a realizar allanamientos sin que él se enterara, actuando únicamente con miembros de la policía del Chaco que, claramente, no eran parte de su banda. Fue ahí cuando comenzaron a caer algunos vendedores al menudeo con su respectiva mercadería ilegal. Bastante obvio todo, si se lo piensa con algo de lógica.
¿Estas sospechas que tenía la Justicia Provincial, las dudas que surgieron respecto de la confiabilidad de Peña, fueron el detonante de la investigación de la Justicia Federal? No, en absoluto.
El génesis de la investigación de Sabadini fue la detención el 15 de septiembre pasado de un grupo de policías federales de Sáenz Peña quienes intentaron cobrarle una coima de 400 mil pesos a un comerciante que transportaba ropa de contrabando, mientras circulaba por ruta 16, entre Machagai y Quitilipi. Y no sólo eso: estos policías lo escoltaron hasta su casa en Resistencia y le sustrajeron un televisor e indumentarias. A partir de ahí surgió información y aparecieron dos testigos de identidad reservada que detallaron lo que ocurría con Peña y su banda, mapeando así una red de corrupción policial y judicial montada para el narcotráfico.
Otra cuestión que merece ser aclarada es la foto que la propia fiscal Arechavala Viola publicó en su cuenta personal de Facebook junto a Peña y otros ayudantes fiscales el mismo miércoles en el que se producían los allanamientos por la causa en la cual Peña estaba siendo investigado. Luego de conocida la noticia sobre los problemas legales del ayudante fiscal de Castelli, la foto fue eliminada. Es comprensible: la imagen era inoportuna e incómoda.
Con todo, surgen varios interrogantes: ¿Por qué tanta vaguedad en el comunicado de la Procuración General? ¿A quién se quiere proteger con esta aclaración que no aclara? ¿No amerita explicar qué significa en este caso la “pérdida de confianza”? ¿Estamos hablando de delitos? Y de ser así ¿por qué no se hizo la denuncia penal? ¿O por qué no se dispuso, al menos, un traslado preventivo a otro sector que no tenga relación con la represión del microtráfico de drogas?
¿Por qué la fiscal Arechavala Viola, quien denunció en dos oportunidades a su subordinado, se tomó una foto con él en la que aparecía sonriente? ¿No merece todo esto una explicación más acabada? ¿Algo que sea más sustancial que un escueto comunicado de una carilla y media?
Notas relacionadas
Detuvieron a un ayudante fiscal acusado de liderar una banda integrada por policías y narcos
La corrupción policial provocó la desconfianza en la Justicia Federal: “Desconfiamos de todos”
