La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el agente, Leandro Gabriel Cocco, detenido desde julio pasado en el marco de una causa contra policías de la Comisaría Duodécima de la capital chaqueña. Tanto él como el sargento, Rubén Molina y el agente Matías Fretes, están acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al armado de procedimientos ficticios, allanamientos ilegales, amenazas y connivencia con narcos del barrio Santa Catalina.
Miércoles, 21 de septiembre de 2022
El agente de la Comisaría Duodécima de Resistencia, Leandro Gabriel Cocco, continuará detenido en el marco de una causa en donde, junto al sargento, Rubén Molina y al agente, Matías Fretes, se lo acusa de conformar una asociación ilícita dedicada al armado de procedimientos ficticios, allanamientos ilegales, amenazas y connivencia con narcos del barrio Santa Catalina.
Así lo resolvió el jueves pasado la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Delfina Denogens, al rechazar el pedido de excarcelación solicitado por el abogado defensor de Cocco, Hernán Alberto Cordón, y confirmar así lo resuelto por la jueza, Zunilda Niremperger.
Al fundamentar este beneficio, Cordón hizo hincapié en señalar que no existen riesgos procesales, resaltando el hecho de que su defendido se colocó a derecho por propia voluntad, careciendo de antecedentes penales computables, surgiendo –asimismo del informe socioambiental confeccionado en autos que tiene arraigo y lazos familiares (vive con sus 2 hijas y conviviente).
Además, indicó que la mayoría de las pruebas ya fueron recolectadas y las que restan producir se encuentran a resguardo de fuerzas federales, no advirtiendo –en razón de ello cómo su asistido podría interferir en su desarrollo.
A su vez planteó un argumento por demás inquietante: expresó que, en caso de recuperar su libertad, “automáticamente retomaría sus funciones” como personal policial, lo que es un “elemento más a valorar positivamente en relación al peligro de fuga”. Finalmente, cuestionó el tiempo transcurrido en detención sin que se haya resuelto aún su situación procesal (dos meses).
“El proceso, en riesgo”
El fiscal General, Federico Carniel, reiteró la postura de denegarle la excarcelación a Cocco teniendo en cuenta la gravedad de las imputaciones, la complejidad de la causa y las “características personales del imputado hacen probable que en libertad ponga en riesgo el proceso”.
Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Denogens decidió rechazar el pedido de la defensa de Cocco. Consideró que los motivos expuestos por Niremperger para disponer de su detención están ajustados a las circunstancias de la causa, teniendo en cuenta la existencia de peligrosidad procesal que emerge de la gravedad y naturaleza del hecho.
El abogado defensor de Cocco expresó que, en caso de recuperar su libertad, “automáticamente retomaría sus funciones” como personal policial, lo que es un “elemento más a valorar positivamente en relación al peligro de fuga”.
Señaló en este punto que a Cocco se lo acusa de presuntos hechos de corrupción institucional que involucran –prima facie– a funcionarios de la comisaría Duodécima y al menos un integrante de Gendarmería Nacional, a quienes se los acusa del armado de procedimientos ficticios, allanamientos ilegales, amenazas, lazos y conveniencia con el narcotráfico a cambio de beneficios económicos.
Recordó la imputación que recae contra el policía es por “Encubrimiento Agravado”, “Cohecho”, “Asociación Ilícita”, “Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, “Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes”, todos ellos en calidad de partícipe necesario y en concurso real, que podría conllevar una condena de entre 6 a 44 años de cárcel, lo que claramente impide una eventual condena condicional.
Por otra parte, la cantidad de personas presuntamente involucrados permite inferir que Cocco podría ser parte de una estructura criminal con fuertes vínculos con el narcotráfico, con capacidad logística y organizativa, lo que indicaría la posibilidad cierta de que, de recuperar su libertad, intentaría fugarse y/o entorpecer la investigación. En relación al tiempo transcurrido de su detención, el cual fue cuestionado por su abogado, la jueza indicó que el mismo “no resulta irrazonable o desproporcionado”.
Drogas en la comisaría
Cabe recordar que el 16 de julio pasado, la jueza Niremperger ordenó allanar la comisaría Duodécima y la vivienda de los policías que estaban en la mira del fiscal, Patricio Sabadini. En los procedimientos se secuestraron estupefacientes, tanto en la dependencia policial como en la casa de los implicados.
De acuerdo al expediente judicial, el “servicio policial en el barrio” incluía la cobertura de al menos una dealer de la zona para que pueda comercializar sus productos sin ser molestada, como así también mantenerla al tanto de cualquier posible operativo que pudiera comprometerla. A ella y a su negocio.
Todo esto a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para la justificación de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración. Ante esto, el Órgano de Control Institucional (OCI) dispuso la suspensión preventiva de los tres policías, la retención de sus haberes y la apertura de un sumario administrativo.
Pero la causa no quedó allí: Sabadini imputó al suboficial de Gendarmería Nacional, Miguel Paniagua, por facilitar información sensible de la investigación a los policías imputados. Además, le sumó otros cargos a Molina y Cocco, por presuntamente amenazar a los gendarmes que estaban investigándolos.
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