El coordinador del grupo de investigación sobre la eficacia de los ministerios públicos fiscales del Inecip, Julián Alfie, explicó los alcances del ránking dado a conocer por esa organización sobre el funcionamiento de las fiscalías provinciales. “Los niveles son bajos y preocupantes”, alertó.
Martes, 20 de septiembre de 2022
“Nunca se había hecho un estudio a nivel federal de estas características y que se encuentra con resultados qué son realmente alarmantes en todo el país. Es decir, nosotros presentamos como un ranking pero la primera conclusión a la que llegamos es que del primero al último muestra niveles de eficacia realmente bajos”, reflexionó Alfie, en declaraciones al programa “Justicia en Sintonía”, que se emite todos los jueves de 16 a 18 por Radio Nacional Resistencia.
Para cuantificar, precisó que “de cada 100 casos que ingresan a un Ministerio Público, aproximadamente 90 o más, según la provincia, quedan sin ninguna respuesta útil, eficaz o de una calidad básica. Es decir, no hay ni una condena, ni una conciliación, ni una mediación, ni una suspensión de juicio a prueba, ni una absolución, ni un sobreseimiento”.
“Esta investigación lo que busca es ser un primer paso para algo a lo que la ciudadanía probablemente no está muy acostumbrada en nuestro país, que es tener la posibilidad de que los sistemas de justicia, de que las organizaciones de justicia y en particular de la justicia penal de nuestro país, rindan cuentas de cara a la ciudadanía respecto a su desempeño, a su funcionamiento. Y sobre todo en el caso de las fiscalías, que son organizaciones públicas que tienen a su cargo una política tan importante como es la política de la persecución penal. Es decir, en términos llanos, qué personas van a la cárcel o no, qué casos quedan impunes o no, o al menos impulsar que eso se concrete ante los sistemas de justicia”, explicó Alfie.
En ese sentido, advirtió que “si las fiscalías no cumplen bien su función, probablemente lo que suceda sea un aumento de la justicia por mano propia, un aumento al fin y al cabo de los niveles de violencia con lo que nuestras sociedades gestionan los distintos conflictos que suceden”.
“La propuesta es en primer lugar identificar, diagnosticar el problema y principalmente ponernos a pensar en conjunto, incluso con las propias instituciones y actores responsables, cómo mejorar esto. Claramente, la investigación busca apenas ser un primer paso en pos de una mejora de esta situación que atraviesa a todo el país”, insistió.
Alfie aclaró que “aquí no estamos contradiciendo los éxitos o fracasos que pueda considerar cada ministerio público que tenga, sino invitando en todo caso a que presenten los datos que sustenten esa información porque lo cierto es que otra de las conclusiones del informe es la muy baja calidad y publicidad de los datos”. En ese contexto, reveló que “nos encontramos con ministerios públicos que la gran mayoría no publica información que permita medir si los éxitos de los que hablan son efectivamente ciertos o no. En otros casos, más preocupantes aún, ni siquiera producen esa información, que esto no es menor; para cualquier organización, pero sobre todo para una organización pública, para mejorar el funcionamiento de una organización lo primero e indispensable que necesita quién conduce es información básica sobre cómo está funcionando, sobre cuál es el desempeño y establecerse alguna meta concreta de hacia dónde va a orientar los recursos que, como siempre en toda política pública, son limitados”.
El investigador del INECIP señaló que “siempre en base a la información que nos remitieron, tomamos criterios para construir estas tasas y les informamos para que estuvieran en conocimiento y para que pudieran validarlos antes de la publicación. Ninguno se opuso al criterio que estábamos utilizando, por lo menos antes de la publicación”.
Así, admitió que “sabemos que a partir de la publicación esto puede generar un malestar, somos conscientes de que no tenemos un trabajo cómodo y asumimos los costos del malestar que esto puede generar porque son instituciones que lamentablemente no están acostumbradas al escrutinio público todas las que pertenecen al sistema de justicia”.
