En reiterados fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la represión estatal a la tenencia de drogas para consumo personal. Sin embargo, este tipo de acciones continúa sin pausa en el Chaco. ¿Por qué se sigue persiguiendo a los consumidores? ¿Cuánta cantidad de dinero tira a la basura el Estado en operativos que terminan en la nada? ¿Qué padecimientos sufren quienes son aprehendidos por el sólo hecho de fumarse un porro? Tomás Camarasa, abogado especialista en políticas de drogas, responde algunas de estas incógnitas en esta entrevista con LITIGIO.
Lunes, 12 de septiembre de 2022
Por Bruno Martínez
La imagen está partida en cuatro y reflejan los momentos de un operativo captado por las cámaras de videovigilancia de la Policía del Chaco en el centro de Resistencia. El reloj dice que pasaron pocos minutos de la 1 de la madrugada de un viernes de agosto.
En el primer fotograma, se ve a un adolescente de 18 años sentado en la vereda, armando un porro. En el segundo, aparece un patrullero que se acerca hasta él. En el tercero, cuatro policías lo rodean. Y en el cuarto y último , ya está detenido: ahora se lo ve en la caja de una camioneta policial, escoltado por un agente, siendo trasladado a la comisaría. Su delito, su gran crimen, fue fumar marihuana.
Esta grotesca escena de persecución a un consumidor no es un caso aislado. De manera regular, la División Prensa de la Policía informa sobre operativos de este tipo: personas jóvenes, algunos adolescentes, que son aprehendidos con ínfimas cantidades de drogas.
De hecho, en ocasiones se dan episodios tan surrealistas que serían cómicos si no fueran trágicos. Como lo que pasó el 21 de enero de 2020, cuando se informó que la policía había demorado a personas que tenían drogas para consumo personal. En la foto que se envió en la gacetilla de prensa, se veía con claridad que, al intentar pesar la cocaína secuestrada, la balanza de precisión marcó 0,0 (cero coma cero).
¿Por qué se continúa reprimiendo la tenencia de drogas para consumo personal cuando existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional hacerlo? ¿A quiénes favorece este tipo de acciones? ¿Cuánto dinero tira a la basura el Estado en operativos que terminan archivados por la Justicia? ¿Qué padecimientos sufren quienes terminan aprehendidos por el sólo hecho de querer fumarse un porro?
Algunas de estas preguntas se las hizo LITIGIO a Tomás Camarasa. Egresado de la UNNE con el título de abogado, Camarasa realizó distintos posgrados y especializaciones en torno al narcotráfico y políticas de drogas. Fue docente universitario, se desempeñó durante años en la Fiscalía Federal de Corrientes y actualmente trabaja en el gobierno del Chaco.
Junto a otros profesionales de distintas disciplinas, fundó “RESET – Políticas de Drogas y Derechos humanos”, una organización federal interdisciplinaria que trabaja para aportar a la construcción de una política de drogas “eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos”, tal cual explican en su sitio web.
―En el último tiempo se empezó a publicitar con mucha fruición desde la Policía del Chaco la detención a consumidores de estupefacientes. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
―Lo primero que viene a la mente es que el hecho de que se realicen estas detenciones es inconstitucional. No lo digo yo ni RESET. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 13 años, en el fallo Arriola. Y luego el hecho de que se publicite este tipo de acciones es una tomada de pelo a la ciudadanía en general porque es un despilfarro de recursos, un impacto gravísimo sobre las personas y algo que no conduce a ningún resultado relevante en materia de prevención del narcotráfico ni del consumo. Nada de lo que se busca en la ley de drogas se cumple mediante la detención de consumidores y si todavía se publicita es aún más grave.
―¿De dónde nació la idea de que la lucha contra el narcotráfico incluye a la detención de quienes consumen?
―Ahí tenemos que bucear en las raíces del sistema mundial que impera en la cuestión de drogas. Esa raíz se llama prohibicionismo. El prohibicionismo se instauró en las primeras décadas del siglo XX, pero con más fuerza desde la administración de (el expresidente de EEUU, Richard) Nixon. Desde ahí se exportó esta metodología de combate a la criminalidad organizada en materia de tráfico de drogas a todo el mundo. Y básicamente se estructura a partir de una necesidad de control social de personas que se estaban revelando en contra del gobierno. Lo que se relataba en aquel momento era que había que ofrecer algún tipo de enemigo público a la contra de la guerra de Vietnam, por una parte, que era el movimiento hippie en ese momento, que se identificaba con el uso de cannabis. Y después está una cuestión histórica en EEUU que es la represión a la población negra. También estaban las Panteras Negras, que era un movimiento muy fuerte de lucha por los derechos civiles. Es decir que, si se lograba asociar a los movimientos de lucha contra el gobierno, tanto a la población negra organizada como a los movimientos pacifistas, con ciertas alteraciones psíquicas por consumo de sustancias, el gobierno iba a tener una ventaja discursiva en el terreno político.
―Evidentemente la penetración cultural, política y jurídica que tuvo eso en el resto del mundo occidental continúa siendo muy fuerte.
―Claro. Esto también vino acompañado de una fuertísima campaña de difusión en medios masivos, ya incluso desde antes de Nixon. Nosotros siempre comentamos que el primer precedente de esto se ve en la película Reefer Madness (“Locura de la marihuana”, en Latinoamérica, estrenada en 1936) que fue el inicio y después vinieron las campañas de Nancy Reegan del “Just say no” a fines de los ochenta. La penetración en el mundo occidental de esta estrategia de combate al consumo de drogas basada en la represión y en el uso de la fuerza se da a partir de la presión fundamentalmente de EEUU ante la ONU para que se incluyan estas sustancias dentro de la lista de sustancias fiscalizadas. Incluso dentro de las más nocivas y peligrosas, sin ningún tipo de evidencia científica.
―¿Y qué balance hacés de este tipo de políticas?
―En todos los lugares donde se implementó este tipo de política, los resultados coincidieron: no se disminuyó los índices de consumo, sino que se ha aumentado exponencialmente. Se ha sometido a millones de personas a violaciones a sus derechos humanos por intervenciones que no ameritaban bajo ningún aspecto. El mercado de drogas creció, década a década. Además, no sólo tuvo efecto en los regímenes carcelarios, sino también en todos los estamentos de la sociedad. La prohibición focaliza en un solo aspecto sus implicancias y difumina en cierta forma los impactos que esto tiene en distintos aspectos de la sociedad, como lo es el funcionamiento del sistema de justicia, el carcelario y la salud pública. Porque al prohibir directamente el consumo, una persona que puede llegar a desarrollar un consumo problemático o puede llegar a desarrollar una situación de salud que requiera una atención sanitaria, primero tiene que reconocerse como delincuente ante sí mismo y ante la sociedad para acudir a esa atención. Eso evita que muchísimas personas por el tabú social o el estigma que eso implica, que muchas personas que efectivamente necesitan atención, no puedan tenerla. Y después todo otro universo de personas que quizás tienen comportamientos que no refieren a un problema de salud o que son consumidores ocasionales terminan siendo criminalizados con un gravísimo impacto para su persona.
―Lo que se conoce como consumo adulto responsable.
―Claro. Como el consumo de alcohol. Lo mismo sucede con todas las sustancias. Lo que se pretende proteger, que lo dice nuestra ley de drogas, es la salud pública. Y en definitiva muchísimas personas que recurren al mercado negro terminan consumiendo sustancias mucho más nocivas.
―La fiscal antidrogas 1, María Eugenia Arechavala Viola, aseguró que “la marihuana es la puerta de entrada a drogas más duras”. ¿Qué opinión tenés respecto de esa definición?
―En relación a eso, a mi realmente me da muchísima preocupación escuchar y leer declaraciones como las que brindó en LITIGIO la fiscal antidrogas. La entrevista en sí me pareció alarmante.
―¿En qué sentido?
―Porque es una persona que está haciendo declaraciones públicas que no se condicen con el estado de situación de las ciencias jurídicas. El mito de la marihuana como puerta de entrada a las drogas está desbancando por la doctrina hace muchísimo tiempo. Son conocimientos específicos que personas que intervienen en la represión al narcotráfico o en la implementación del régimen de drogas en Argentina tienen que saber. Demuestra una ignorancia supina en aquellos operadores judiciales que tienen que estar al tanto de lo que están haciendo.
―¿Pero existe algo parecido a una puerta de entrada a lo que puede ser una adicción o un consumo problemático?
―No. Es una ficción que se creó para justificar este tipo de intervenciones. En todo caso lo que abre la puerta a la experimentación o al uso con otros tipos de sustancias ilegales es el propio mercado negro. La clandestinidad misma te lleva a que proliferen situaciones en la que te veas involucrado con otro tipo de sustancias.
―Te quería preguntar por una campaña de reducción de daños que hizo el municipio de Morón meses atrás. La misma apuntaba a los jóvenes y hablaba de formas “cuidadas” del consumo de sustancias como marihuana, cocaína y éxtasis. Esta campaña fue muy criticada asegurando que era apología al consumo. ¿Considerás que este tipo de acciones pueden salvar vidas o que, por el contrario, fomentan el consumo de estupefacientes?
―Tuvo mucha repercusión esa campaña. Hubo muchos sectores prohibicionistas que descontextualizaron ciertos aspectos de la campaña para encuadrarlo y venderlo a la opinión pública como si fuese una cuestión nociva o como que si fuese que están enseñando a la gente a cómo drogarse. En lo personal creo que uno puede diferir con los métodos de implementación de la campaña, pero creo que es valorable echar luz sobre los efectos que el consumo de sustancias puede tener. Sobre cómo morigerar estos efectos y de qué manera las personas que tienen una decisión tomada de consumir pueden hacerlo de la forma más responsable posible y de esa forma reducir los daños que se causen así mismo como a otras personas. Y esto se hace con educación, con información al alcance de la ciudadanía y definitivamente no se hace prohibiendo conductas o pretendiendo que la situación no existe, barriéndola debajo de la alfombra como estamos haciendo hoy.
―Noelia Galera, Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego), aseguró en un reciente artículo que seguir criminalizando a las personas que consumen podría acarrear la responsabilidad internacional de la Argentina, al pasar por alto que el derecho a la privacidad se encuentra protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Coincidís?
―Sí, porque lo que hace el Estado argentino es violar flagrantemente nuestra Constitución en su artículo 19 con un mandato institucional clarísimo de la Corte Suprema. Desde que esta jurisprudencia existe ha habido más de 25 proyectos de ley para que se reforme la ley de drogas (23.737) y esto todavía no sucedió. La gran mayoría de esos proyectos contemplan la eliminación del tipo penal de tenencia para consumo personal, receptando lo que dice la Corte y toda la doctrina jurídica. En este punto no hay discusión. Dentro de lo que es la ciencia del Derecho esto está superado. Sólo son los políticos que no se ponen a laburar y no cumplen con el mandato constitucional y de la Corte. Es una deuda de la democracia.
―¿Qué pensás que frena una reforma? ¿Hipocresía de la clase dirigente? ¿Miedo a la presión de la Iglesia?
―Hay muchos temas que entran a jugar. Nadie quiere pagar el costo político de venderse como el que liberalizó las drogas en Argentina, cuando esto realmente no es así. Pero los políticos lo ven de acuerdo a lo que es la opinión pública. Y la opinión pública está muy condicionada por lo que ha sido un bagaje cultural de décadas y décadas de prohibicionismo. Hay muchos intereses qué tocar y esa es la pregunta que queremos plantear: “¿A quién beneficia el régimen de drogas tal cual está?”. Porque vemos que hay cada vez más causas, cada vez más detenidos, cada vez más kilos de sustancia secuestrada, cada vez más infiltración de la delincuencia organizada en los estamentos del gobierno, cada vez más violencia territorial, y seguimos intentando solucionar el problema con las mismas armas que lo generaron.
―Sin embargo, hay un camino que se da en paralelo a este prohibicionismo sobre la marihuana que es el de la legalización del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. ¿Cómo ves esta coexistencia?
―Es otro contrasentido dentro de nuestro régimen de políticas de drogas. Lo de cáñamo industrial vamos a sacarlo de la conversación porque no estamos hablando de sustancias psicoactivas. Eso es una actividad industrial con una planta que, si bien tiene que ver con lo que estamos hablando, no las hace incluibles dentro de las sustancias fiscalizadas. En cuanto al REPROCANN (Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos) sí es algo que tiene cierta relevancia en este aspecto. El REPROCANN fue una especie de salvoconducto que se le ocurrió al sistema político para blanquear una situación imposible de tapar que es la necesidad que existe en muchísimas personas de acceder al cannabis como sustancia medicinal.
―Quienes están en contra de la legalización, cuestionan la propaganda que se le hace al cannabis medicinal y dicen, en sorna, que pareciera ser una sustancia milagrosa que cura todo. ¿Está sobrevalorado el cannabis medicinal?
―No es una sustancia milagrosa, para nada. Es una sustancia que tiene que ser exhaustivamente estudiada por la ciencia, que sabemos que tiene cierta aptitud medicinal para tratar ciertos padecimientos y que estas personas no pueden acceder a métodos paliativos porque históricamente se ha prohibido la investigación de esta sustancia. Lo cual es otro contrasentido. Estamos hablando de un uso médico y de una ley que protege a la salud pública como bien jurídico y que al mismo tiempo está impidiendo el acceso a sustancias que probadamente pueden ayudar a ciertos padecimientos. Lo que proponemos nosotros es que la sustancia se estudie y que se pueda determinar para qué casos sirve y para qué casos no.
―Tengo entendido que RESET calculó el dispendio de dinero que hace el Estado argentino en la persecución de consumidores de drogas, el pibe que fuma un porro en la vereda. ¿Cuánto es el monto?
―La estimación que hicimos nosotros es de aproximadamente 40 millones de dólares por año. Y esto se queda corto porque es sólo tomando en cuenta el presupuesto del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que es el principal órgano encargado de perseguir conductas relacionadas a infracciones a la ley 23.737. No incluye a las fuerzas de seguridad, tampoco a las jurisdicciones que han desfederalizado la intervención de los últimos eslabones y no incluye el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. El número es muchísimo mayor.
―¿De dónde sale este número?
―Lo que hicimos fue tomar la totalidad del presupuesto devengado consumido anual del Ministerio Público Fiscal. Hicimos un corte en cierta forma arbitrario del 80%, bajo la premisa de que no todo el presupuesto se dedica a la persecución de casos, sino que también se aplica a ítems como el mantenimiento edilicio y del trámite diario de la oficina judicial. También hicimos una estimación de ese presupuesto que se dedica a perseguir causas totales. Discriminamos por causas, y dentro de ese universo, determinamos cuál es el porcentaje destinado a la ley 23.737. Y dentro de eso, cuál es el porcentaje destinado a conductas como tenencia para consumo y tenencia simple, que son causas que terminan en la nada.
―Es decir que, si el Estado argentino dejara de perseguir a los consumidores, entre otras cosas, se ahorraría muchísima plata.
―Sí. No sólo eso. Sino que quedaría gran parte del funcionamiento de la justicia liberada para enfocarse en causas muchísimo más importantes que lo que puede ser un consumidor fumando en su casa o en la plaza, que son casos intrascendentes en materia de intervención contra el narcotráfico.
―¿Llegaron a analizar el impacto psicológico, familiar y social que genera la persecución y detención en los consumidores?
―Hay muchísimos trabajos que tratan sobre esto. Pero no hay que ser un gran especialista para darse cuenta qué es lo que puede llegar a causar esto en una persona que normalmente es un adolescente o un joven adulto sin antecedentes penales que de la nada termina en un calabozo por una conducta que no tiene trascendencia. Que termina vinculándose con el sistema carcelario y que además sufre muchísima angustia por lo que implica transitar un proceso penal, que ve cercenada sus oportunidades de desarrollo personal por este estigma. Además, sabemos que el tratamiento es disímil si al que lo encuentran en situación de consumo personal es una persona con ciertos recursos o posibilidades de contratar un buen abogado o si es un joven adolescente de un barrio marginal que no tiene a quien recurrir.
―En 2015 se sancionó una ley impulsada por el gobierno de Jorge Capitanich que es la de narcomenudeo (ley 2304-N), la cual se adhirió a la desfederalización de parte de la ley de drogas. A partir de ese momento, la provincia se hizo cargo del último eslabón de la cadena del narcotráfico, algo que antes estaba en manos de la Justicia Federal. Actualmente desde el Ministerio de Seguridad y de la Procuración destacan la cantidad de procedimientos realizados y de droga secuestrada desde su sanción. ¿Qué balance hacés de esa ley?
―Ahí hay un error de enfoque, porque la cantidad de procedimientos y de kilos secuestrados no son indicadores de que estés haciendo bien las cosas en relación a la lucha contra el narcotráfico. De hecho, si tenés más kilos secuestrados puede ser un indicador de que haya más cantidad en el mercado.
―Pero es un dato que se sobreexplota desde los gobiernos para decir “estamos ganando”.
―En realidad eso es una tomada de pelo a la población.
―¿Cuáles son entonces los indicadores a tener en cuenta para mostrar resultados positivos en relación a la “lucha contra las drogas”?
―Hay varios indicadores que podemos tomar, pero siempre van a tener más que ver con cuál es el grado de violencia relacionado con el mercado de droga, que es algo que viene en aumento. También el grado de copamiento territorial.
―Lo que pasa en Rosario, por ejemplo.
―También pasa en Buenos Aires y en menor escala en todos los grandes centros urbanos. Aquí también sucede, quizás no con el despliegue violento, pero es sólo cuestión de tiempo porque es un proceso que está estudiado en distintas partes del mundo de cómo va en aumento y de cómo el régimen prohibicionista fomenta esta violencia. Porque en definitiva si se encarcelara toda una organización criminal generaría un vacío en el mercado y un aumento en los márgenes de ganancia porque habría menos actores que concentren. Esto es un gran incentivo para aumentar el grado de violencia para asegurar la eficacia del negocio. También implica mayor poder de fuego para convencer a fuerzas de seguridad y a funcionarios judiciales que terminan en connivencia con la delincuencia organizada.
―Es decir que la ley de narcomenudeo ¿no sirve?
―A los fines de contener un problema de salud pública, la ley de narcomenudeo no sirve en absoluto. Es un gran fracaso. No se sabe realmente cuales son los resultados del fuero de narcomenudeo acá en el Chaco porque no tenemos informes. Tenemos que confiar en la palabra de los funcionarios judiciales. Sabemos por lo que se publicita en los medios y en las redes sociales que la gran cantidad de recursos se destinan a los últimos eslabones. Las causas raramente terminan en una investigación posterior que te lleven a eslabones superiores.
―Traduciendo: se hace un operativo en un búnker de drogas, se detiene al dueño de la casa, se secuestra la droga y todo termina ahí.
―Si, básicamente es eso. Por eso una de las grandes críticas que se le hizo a esta ley es que fragmenta la investigación y que si en algún momento se diera una investigación que comience en eslabones inferiores para llegar a los superiores, la ley de narcomenudeo atentaría contra ello.
―Obviamente estás a favor de la legalización del consumo de la marihuana. ¿Qué debería implicar esta legalización?
―Estoy a favor de una regulación del mercado de drogas de Argentina que tenga en cuenta la evidencia científica respecto de cómo impacta esta sustancia en el cuerpo humano. Cómo impacta los regímenes que venimos implementando, tanto en las personas como en el funcionamiento del sistema de justicia, el sistema policial y carcelario. Y básicamente que pasemos de un sistema basado en argumentos altamente cuestionables a uno basado en evidencia, en datos y en ciencia.
―Uruguay tiene una experiencia en relación a la legalización. ¿La pudiste seguir?
―Lo que sucedió en Uruguay en parte ha contribuido a disminuir el impacto del narcotráfico porque le ha quitado una buena porción de ingresos al sistema criminal. Hay una gran cantidad de personas que antes recurrían al mercado ilegal que ahora pueden satisfacer sus necesidades accediendo a la sustancia que necesiten en un marco de legalidad. Y eso tiene muchísima implicancia positiva no sólo en materia de que le quitás una porción importante al narcotráfico, sino que también remueve muchísimos obstáculos para el funcionamiento de la justicia, el de salud, el educativo. Nuevamente reconoce que las personas tienen derecho de hacer con su cuerpo lo que les parezca en su ámbito de intimidad mientras no perjudique a terceras personas.
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