Según la presentación, se atribuyó facultades del Ministerio Público Fiscal al desarchivar una causa y ordenarle a la fiscal que tome una declaración de imputado. Además, habría contradicho el criterio de la misma Cámara de Apelaciones en lo Criminal que preside. La acusan por incumplimiento de deberes y prevaricato.
Viernes, 9 de septiembre de 2022
La presidenta de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Riera, fue denunciada penalmente por los delitos de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, en su forma de abuso de autoridad, y por prevaricato.
La presentación fue realizada por L.M.D., en una causa que había sido archivada por “atipicidad” por el Equipo Fiscal Nº 3, a cargo de la fiscal Rosana Soto. Ante la apelación del abogado querellante, la jueza hizo lugar al recurso revocando el archivo de la causa y disponiendo que la fiscal Soto tome declaración de imputado.
Para el denunciante, con esa decisión la jueza Riera se atribuyó “funciones legiferantes modificando de facto el procedimiento normativamente establecido” y “falló contrariamente a la norma”.
De acuerdo al planteo que había realizado la propia fiscal Soto, que contó con la adhesión de los abogados defensores, el procedimiento establece que la querella debió presentar una oposición al archivo de la causa ante un Juzgado de Garantías. En caso de que el juez de Garantías hiciera lugar a la oposición del archivo de la causa, correspondía lo que se conoce como “discrepancia”. Es decir, se da intervención al Fiscal Coordinador que, llegado el caso, acordará con la resolución del Juez e instruirá al Equipo Fiscal para continuar con la investigación o, por el contrario, decidirá confirmar el archivo. Recién allí tendría lugar la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
“No solo que aplicó una norma que no correspondía, sino que además, mediante su resolución, dispuso la declaración de imputado de mi persona como si tuviese las mismas facultades que un Fiscal de Investigación”, sostiene la denuncia.
De acuerdo al escrito, la jueza Riera no “discrepó” enviando al Fiscal Coordinador para que determine la procedencia del archivo sino que “directamente ordenó que la misma fiscal que había sostenido la atipicidad de mi conducta, me impute un delito (y no se sabría cuál)”.
Así las cosas, para el denunciante la jueza Riera habría cometido abuso de poder e incumplido sus deberes como funcionaria pública y además incurrido en el delito de prevaricato por haberse apartado de la norma legal.
El escrito señala, además, que la magistrada “habría contrariado incluso el propio criterio sostenido por la misma Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional” en un resonante caso reciente por presunto abuso sexual en las infancias.
“La denunciada habría obrado con mala fe, forzando sus argumentos al límite de quebrantar la norma, pues habría conocido la norma que desobedeció toda vez que días antes la misma Cámara de Apelaciones, si bien con otra integración, resolvió de manera contraria”, grafica la denuncia penal.
Asimismo, advierte que la magistrada habría violado el principio acusatorio al ordenarle a la fiscal Soto que tome una declaración de imputado. “Ha confundido las prerrogativas y funciones relativas a la judicatura, en particular de la Cámara de Apelaciones, que le corresponden pura y exclusivamente al Ministerio Público Fiscal”, puntualiza.
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