La presentación señala que al haber cumplido 70 años, el juez de la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa ocupa su cargo de manera irregular, ya que debió jubilarse o rendir un nuevo concurso para continuar. Se lo apunta por los delitos de “usurpación de cargo” y “desobediencia a la autoridad”.
Lunes, 5 de septiembre de 2022
El juez de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Chaco, Antonio Luis Martínez, fue denunciado penalmente este lunes por los delitos de presunta “usurpación de cargo” y “desobediencia a la autoridad”. Así, Martínez se convierte en el cuarto juez denunciado a partir de la polémica generada en torno a la decisión de algunos magistrados chaqueños de eludir la participación en concursos públicos de antecedentes y oposición por un nuevo nombramiento al cumplir los 70 años, tal como lo establece la Constitución Provincial.
Los otros denunciados son la actual presidenta de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Riera, quién impulsó una acción de amparo con una medida cautelar para que el Consejo de la Magistratura del Chaco paralice el concurso para renovar el cargo que ocupa, luego de haber cumplido los 70 años que indica el artículo 154 de la Constitución Provincial. En su caso, también la denuncia apunta a la “usurpación de autoridad” ya que una vez superado el límite de los 70 años sería inconstitucional mantenerse en el puesto sin antes rendir un nuevo concurso. De eso se desprende la calificación “de facto”, que sostiene la denuncia del abogado Paulo Pereyra.
No obstante, el caso de Riera presenta diferencias porque logró que la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa (en un caso en el que Martínez se excusó) hiciera lugar a su pretensión de permanecer en su cargo sin rendir un nuevo concurso, en un fallo que firmaron las juezas Gloria Silva y Dolly Fernández -denunciadas por prevaricato en este caso- y la disidencia de Natalia Prato. Esa resolución fue apelada por el Consejo de la Magistratura y por la Fiscalía de Estado del Chaco y deberá ser evaluada por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
En la denuncia penal contra Silva y Fernández, el abogado denunciante Paulo Pereyra consideró que, además de autoras del delito de prevaricato, serían cómplices primarias de la presunta usurpación de autoridad de su par Riera.
La denuncia contra el juez “de facto”
A diferencia de Riera, la denuncia contra el juez Martínez también incluye el delito de desobediencia a la autoridad, en tanto la postura del magistrado contradice una reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que establece una clara interpretación del artículo 154 de la Constitución Provincial. En ese contexto, el propio STJ debió intimar a Martínez a cumplir con la Constitución Provincial, quién posteriormente comunicó que optaría por continuar en su cargo.
Según la presentación, un indicio de dolo se configuraría cuando el juez Martínez se excusó de intervenir en el caso Riera el 29 de marzo de 2022, a pocos días de cumplir 70 años.
El 13 de abril de 2022 el magistrado cumplió 70 años y, para el denunciante, comenzó la ejecución del delito de usurpación de autoridad. “El día 14/04/2022 se consuma el delito por continuación de “facto” en el cargo por parte de Martínez”, consigna la denuncia.
Según la presentación, Martínez se “autopercibe” como juez natural a partir de “una nota deficientemente redactada y lo que sí transmite es la voluntad realizadora (dolo directo) de los delitos por los que aquí se lo denuncia”.
“No se necesita una inteligencia muy desarrollada para advertir, que más allá de las interpretaciones embarulladas y carentes de buena fe, nunca podría un fallo judicial constituirse en la fuente legal para que un juez violara la letra clara del texto de la Constitución. Téngase presente en los antecedentes indicados, que Martínez compartió y comparte moción con su par de facto Riera, por ello su excusación”, consigna la denuncia del abogado Paulo Pereyra.
De acuerdo a la presentación, la procedencia de lo postulado por Martínez, “también implicaría una Responsabilidad Internacional del Estado por violar la garantía del juez natural y el debido proceso”.
Además, se abre un último interrogante: ¿qué sucederá con las sentencias que dictó el juez Martínez luego de haber cumplido los 70 años, si ya no está más en su cargo de acuerdo a lo que establece la Constitución?.
Denuncia completa en este link
