Así lo aseguró el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen. Destacó que, a partir de su implementación y reglamentación, en mayo pasado, el uso de la telefonía móvil dentro de unidades penitenciarias posibilitó un fortalecimiento de los lazos entre padres e hijos y generó mayor protección ante posibles hechos de violencia por parte de los guardias, quienes ahora tienen temor a ser filmados.
Lunes, 29 de agosto de 2022
La reglamentación del uso de celulares en las cárceles chaqueñas por parte del gobierno provincial generó una fuerte polémica basada en la desinformación. El argumento falaz era que el Estado chaqueño iba a regalar celulares a diestra y siniestra a peligrosos detenidos quienes tendrían vía libre para cometer delitos. El gobierno, según estas afirmaciones maliciosas, sería cómplice de actividades ilegales.
A tres meses de esa turbulencia mediática, usufructuada por dirigentes políticos de la derecha local, se puede decir que nada de eso ocurrió. “No hubo un solo secuestro virtual ni estafa telefónica”, sostuvo el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen.
El funcionario indicó en este sentido que la legalización definitiva del uso de la telefonía celular en lugares de detención fue una medida positiva que sólo trajo mejoras para quienes están privados de su libertad. Logró que muchos hijos vean más a sus padres y que los guardiacárceles “que torturan y maltratan, empezaron a pensarlo dos veces por miedo a ser filmados”, sostuvo Nielsen en su cuenta personal de Facebook. Además, y como dato de color, contó que uno de los detenidos editó un disco de cumbia con temas propios.
El recordatorio de Nielsen se dio al reseñar un reciente encuentro que mantuvieron personas privadas de libertad representantes de las nueve unidades penales del Chaco quienes se juntaron a compartir durante varias horas, trabajando en comisiones, para exponer a funcionarios su visión, sus problemas y sus ideas sobre, por y para la cárcel.
“Hablaron por videoconferencia con presos de Batán, que inauguraron el primer almacén solidario del País, que además de ser autogestivo destina parte de lo recaudado a victimas de delitos”, comentó. “️¿Que pidieron las y los delegados de las cárceles del Chaco? Ningún privilegio. Más trabajo, más oferta educativa, más asistencia psicológica, mejores posibilidades de reinventarse, herramientas reales para ejercer el supremo derecho a la segunda oportunidad. ¿Como se organizaron? A través de grupos de WhatsApp”, explicó.
Polémica y controles
Cabe recordar que, en mayo, cuando se desató la polémica, el Ministerio de Seguridad y Justicia aclaró que no proveerá los aparatos que se usen dentro de las unidades carcelarias y que los celulares deberán estar registrados debidamente.
En este sentido, se explicó que la medida fue tomada en el marco de la garantía de derechos establecidos en tratados internacionales y en la Constitución. “Luego de revisiones y entrevistas con las personas privadas de su libertad se pudo conocer que el uso de celulares en épocas de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 permitió garantizar derechos como el acceso a la información, la comunicación, la educación, la salud, e inclusive la reinserción laboral y social”, indicaron desde el Ministerio.
Remarcaron en este sentido que los dispositivos podrían ser incautados y causales de actuaciones administrativas o denuncias penales si fueran usados indebidamente para amenazas y delitos informáticos incluidos en el Código Penal.
Asimismo, explicaron que el objetivo esencial de esta medida es facilitar el contacto con familiares, el desarrollo educativo y cultural, y el acceso a información sobre su situación procesal, así como también una comunicación constante con su defensor oficial o particular para acceder al derecho a una defensa eficaz, tal como lo establecen los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos a los que Argentina se encuentra adherida.
“Los dispositivos están registrados debidamente a nombre de una persona, que es responsable de todas las comunicaciones realizadas a través de los mismos, y bajo declaración jurada se establece que no sean producto de la comisión de algún delito. Además, se aclara que el Estado no será quien provea los dispositivos móviles o celulares a las personas privadas de su libertad sino que serán ellos mismos o sus familiares quienes deberán acercar el aparato”, remarcaron.
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