Las camaristas Gloria Silva y Dolly Fernández fueron denunciadas por el delito de presunto prevaricato al dictar una sentencia que avaló que su par Mercedes Riera continúe en su cargo en contra de lo que establece la Constitución Provincial. La propia Riera ya había sido denunciada por presunta usurpación de autoridad.
Lunes, 29 de agosto de 2022
Por Brian Pellegrini
La gravedad institucional que desencadenó la pretensión de una magistrada chaqueña de forzar a la propia Constitución Provincial para adquirir un estatus de jueza vitalicia no se agota en la apelación del Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura a la acción de amparo que le concedió a la jueza Mercedes Riera, por mayoría, la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa. Las consecuencias también se trasladaron al ámbito de la justicia penal.
Es que a principios de agosto, el abogado del foro local Paulo Pereyra denunció a Riera por el delito de presunta “usurpación de autoridad” luego de la medida cautelar que avaló su pretensión de continuar como presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia sin rendir un nuevo concurso, tal como establece la Constitución Provincial para los magistrados y funcionarios de los ministerios públicos que alcanzan el límite de 70 años.
Para Pereyra, Riera obró con “malicia procesal” al presentar una segunda acción de amparo ante la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa cuando un planteo idéntico le había sido denegado formalmente por el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia y reconducido a una acción de inconstitucionalidad que debía tramitarse directamente ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. En palabras del denunciante: “Hizo turismo judicial”.
Luego de una serie de inhibiciones de distintas fiscales que se encuentran inscriptas en el concurso para cubrir el cargo de Riera, el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, resolvió que el encuadre penal para dar paso a una posterior investigación sumaria quede en manos del Equipo Fiscal Nº 1 de Resistencia, a cargo de la fiscal Ingrid Wenner.
A la denuncia contra Riera, la semana pasada se sumó otra demanda penal, esta vez por presunto “prevaricato” contra las juezas Gloria Silvia y Dolly Fernández, firmantes de la sentencia de amparo que convirtió a su par Riera en jueza vitalicia, en contra de lo que establece la Constitución Provincial y una reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que fijó el criterio de interpretación acorde a la misma.
En principio, esta segunda denuncia recayó en la Fiscalía Nº 3, a cargo de la fiscal Rosana Soto, sin embargo la funcionaria se inhibirá por estar inscripta en el mismo concurso por el cargo que ocupa Riera y pasaría al Equipo Fiscal Nº 6, a cargo de su par Roberto Villalba.
En este contexto, el abogado Pereyra pediría que ambas denuncias se acumulen en un mismo Equipo Fiscal, teniendo en cuenta la conexidad de las mismas, ya que el denunciante considera que tanto Silva como Fernández, además de autoras del delito de prevaricato, serían cómplices primarias de la presunta usurpación de autoridad de su par Riera.
