La jueza de Ejecución Penal 2, Alejandra Duca, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por internos del Pabellón 10 del Complejo Penitenciario y de Readaptación Social 1 de Resistencia. Entre otras medidas, se emplazó a distintos organismos del gobierno provincial a la reparación de las instalaciones sanitarias, debido a la recurrente falta de agua que padecen los internos, y a la colocación de cámaras de seguridad en un sector que los presos señalan como un punto ciego que los penitenciarios aprovechan para golpearlos sin ser filmados.
Lunes, 22 de agosto de 2022
Falta de agua, denuncias por casos de torturas, amenazas, falta de identificación de los penitenciarios, trabas para acceder a talleres de capacitación en oficios e impedimentos para realizar emprendimientos laborales.
Estos fueron algunos de los reclamos que presentaron ante la Justicia los internos del Pabellón 10 del Complejo Penitenciario y de Readaptación Social 1 (Alcaidía de Resistencia) a través de un hábeas corpus, en el marco de una huelga de hambre. La solicitud logró una resolución favorable la semana pasada.
Con fecha del 18 de agosto, la jueza de Ejecución Penal 2, Alejandra Duca, resolvió hacer lugar al hábeas corpus presentado por los recursos y ordenó una batería de medidas para evitar el agravamiento de las condiciones de detención de los alojados en esa unidad penitenciaria.
En primer lugar, ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia, al Ministerio de Economía Planificación e Infraestructura, y al Servicio Penitenciario Provincial que procedan al recambio, reparación, reposición o sustitución de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado.
Expresó que estas obras deben iniciarse a “la mayor brevedad”, remitiendo informe del plan de obra a ejecutar en un plazo de quince días, estando solucionadas las deficiencias como plazo máximo, antes del 8 de diciembre atento altas temperaturas.
También se emplazó para que se constituya una Mesa Técnica, tendiente a la articulación de las respuestas posibles, en el corto, mediano y largo plazo, la que deberá además pronunciarse sobre la provisión de camión cisterna, la posibilidad de perforación para usos que no sean de consumo, plan de obra.
La misma será integrada por las partes intervinientes, la empresa SAMEEP, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia (Planificación) del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia y del Comité para la Prevención de la Tortura, debiendo comunicar al Juzgado, las fechas de reunión que articulen a los fines de instrumentar materialmente las medidas, y/o notificaciones, en un plazo de diez días, con remisión de informe en un plazo de treinta días sobre los avances y concreciones.
Se ordenó además al Ministerio de Seguridad y Justicia, y al Servicio Penitenciario de la Provincia, procedan a la instalación de nueva cámara o nuevo dispositivo de videovigilancia en el Puesto 3 en el plazo más breve, el cual no podrá exceder de treinta días, aún teniendo en cuenta las cuestiones de orden presupuestario y edilicio que deban sortearse.
En este sentido, la jueza constató en una visita realizada al Complejo 1 la existencia de cámaras distribuidas en sus instalaciones, aunque no así en el Puesto 3. Remarcó que comparte lo referido por el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen, sobre que éstas no solo cumplen una función de seguridad, sino que sirven como “mecanismo de prevención de los delitos de malos tratos y torturas”.
Por otra parte, la magistrada requirió a las diferentes Unidades de la estructura perteneciente al Estado Mayor del Servicio Penitenciario, cuya órbita se encuentra directamente vinculada a la capacitación, educación formal y no formal, trabajo, articulen con Educación en Contexto de Encierro, y otras instituciones como ser Ministerio de Trabajo, el Inta, cursos y materia prima, incrementando exponencialmente la oferta de desarrollo humano intramuros, como así también facilitar y promover emprendimientos productivos intramuros, defiendo informar las acciones concretas realizadas y los avances producidos, encomendando al Comité de Prevención para la Tortura actuar como nexo entre éstas y otras instituciones aportando todo lo consecuente a esos fines, en un plazo de 30 días.
Asimismo, se exhortó al Servicio Penitenciario de la Provincia, a la Jefatura del Complejo Penitenciario y de Readaptación Social Nº 1, dispongan las medidas necesarias para garantizar salidas diarias al patio.
Cabe recordar que, en abril pasado, los internos del Pabellón 10 iniciaron una huelga de hambre exigiendo que sean atendidos una serie de reclamos vinculados a la falta de agua en la Alcaidía; constantes amenazas que padecen por parte de las autoridades del Servicio por el solo hecho de reclamar el agua y denuncias por hechos de torturas en el Puesto 3.
También se solicitó acceder a los talleres de refrigeración, electricidad, herrería, entre otros; ser parte de aquellos emprendimientos laborales que se realizan en Servicio Penitenciario Provincial; que todo el personal penitenciario cuente con una identificación y que se les otorgue permiso para salir al patio, denunciando a los responsables de tales anomalías por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos.
Vale remarcar que en relación a la denuncia por torturas en el Puesto 3, la magistrada señaló que dado “el tenor indeterminado de lo denunciado”, se dio intervención y se corrió vista a la Fiscalía de Derechos Humanos y se requirió informe a la Jefatura del Complejo.
