Ambos fueron denunciados por los abogados de Natalia Vallejos por una serie de delitos que habrían cometido para impedir que la mujer se contacte con sus dos hijas menores de edad. El juez Codina consideró que no existían delitos pero hizo lugar al recurso de casación y ahora será la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia la que analice si ordena la apertura de la causa y se los cite a declarar como imputados.
Martes, 16 de agosto de 2022
La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJCh) deberá analizar si desarchiva la denuncia penal y ordena que se tome declaración de imputados a los jueces Juan Pablo Lubary y Cynthia Lotero. Fue luego de que el juez de Transición y Garantías Nº 4 de Resistencia, Juan Carlos Codina, hiciera lugar al recurso de casación de los abogados de Natalia Vallejos contra la resolución del mismo magistrado que decidió archivar la causa en la que sus pares fueron denunciados por presunto abuso de autoridad, prevaricato e impedimento y obstrucción de contacto de menores con su madre no conviviente, en contexto de violencia de género.
Vallejos consideró que ambos magistrados tuvieron intervención para facilitar que su expareja, Martín Volman, le impida ver a sus dos hijas de 10 y 5 años durante todo el mes de marzo de 2022. Por este delito, Volman deberá afrontar un juicio ante el Juzgado Correccional Nº 2 de Resistencia acusado por el delito de impedimento de contacto. Una de las denunciadas es su madre, Cynthia Lotero, jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Resistencia, quién para el abogado de Vallejos, Paulo Pereyra, habría tenido complicidad primaria con el impedimento de contacto.
El otro apuntado es el juez Juan Pablo Lubary, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3 de Resistencia, quién intervino en una presentación de la familia de su expareja y le prohibió a Natalia Vallejos hacer cualquier referencia pública a las causas judiciales en litigio. Además, dispuso imponerle “recibir un correcto asesoramiento, conocimiento e internalización de las normas que no debe traspasar en futuro en desmedro del derecho a la intimidad de sus hijas”.
Vallejos advirtió que la medida dictada por el juez constituyó un intento de “disciplinamiento”, al que calificó de “obsceno e ilegal”, y lo denunció penalmente y también ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.
Por otro lado, su abogado querellante Paulo Pereyra consideró que en el marco de la investigación por la denuncia en su contra, el juez Lubary entregó “información parcializada” a su par Codina “entorpeciendo la investigación y el accionar de la justicia” y que esto constituiría una continuación de la comisión de los delitos por los que fuera denunciado penalmente.
“Es gravísimo que los miembros del Poder Judicial, siendo los garantes últimos de la conservación del Estado de derecho, cometan estos delitos en ejercicio de sus funciones en contra de sus administrados, quienes son los destinatarios de tal actividad, en este caso Natalia Vallejos y sus dos hijas menores de edad”, sostuvo Pereyra.
Según indicó el abogado, las arbitrariedades comenzaron con el requerimiento realizado por la Fiscal N° 3, Rosana Soto, quién hizo un “recorte” de los hechos denunciados por Vallejos “con el que buscó beneficiar a su amigo Lubary” y luego se inhibió, “lo cual demuestra la falta de imparcialidad con la que actuó en el presente caso”. Es por ello que el planteo de la querella solicita la nulidad de todo lo actuado por la fiscal Soto por ser, como ella misma lo reconoció, “amiga del juez”.
La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco está presidida por el juez Víctor Del Río y completada por su par Rolando Toledo.
