Jorge Taiana, titular de Defensa, dispuso darles la baja de la Armada Argentina a Jorge “Tigre” Acosta, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo, Alberto González, Jorge Radice y Antonio Pernías por haber sido condenados a prisión perpetua por los tribunales argentinos por los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que perpetraron mientras eran los señores de la vida y de la muerte en el campo de concentración de la Marina.
Viernes, 5 de agosto de 2022
Por Luciana Bertoia
Seis de los más tenebrosos integrantes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ya no tienen estado militar. Se trata de Jorge “Tigre” Acosta, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo, Alberto González, Jorge Radice y Antonio Pernías, a quienes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, dispuso darles la baja de la Armada Argentina por haber sido condenados a prisión perpetua por los tribunales argentinos por los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que perpetraron mientras eran los señores de la vida y de la muerte en el campo de concentración de la Marina. Los organismos de derechos humanos destacaron la medida del Ministerio de Defensa y pidieron que se haga extensiva al resto de los represores con condena firme.
Cuando Rubén Jacinto Chamorro tenía que calificar a Acosta, decía que integraba el 2 por ciento de los hombres más importantes de la Armada. A partir de la resolución de Taiana, ya no tendrá ese privilegio quien fuera el jefe del grupo de inteligencia que operaba en la ESMA. Tampoco lo tendrán varios de los hombres que, junto con él, diseñaban o ejecutaban operativos para secuestrar personas o que simplemente se manchaban los dedos con sangre, como reclamaba con vehemencia el “Tigre”.
Los seis represores fueron condenados en 2011 –en el primer juicio por crímenes en ese centro clandestino que llegó a su fin después de la experiencia fallida del proceso contra el prefecto Héctor Febres, que no concluyó por su misteriosa muerte–. Nueve años después de esa sentencia y de las demoras en Casación y en la Corte, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 le informó al Ministerio de Defensa que la sentencia estaba firme –algo que debió haber hecho la Corte Suprema y evidentemente no hizo– y le pidió que procediera con lo que los jueces habían ordenado, que era darles la baja.
La ley 19.101 de Personal Militar establece que los efectivos de la fuerzas pierden estado militar y se les da la baja si son declarados en rebeldía o si son condenados por tribunales comunes o federales –como es el caso de los seis marinos que actuaron en la ESMA–. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Defensa había delegado en los jefes de las fuerzas la decisión de las bajas.
Sin embargo, Taiana sostuvo que, como la sentencia era de cumplimiento ineludible e impostergable, sería él quien firmaría las bajas de los seis integrantes del GT 3.3.2. “En el marco del compromiso asumido por el Ministerio respecto de una política de implementación de los derechos humanos e integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”, dice la resolución que firmó el ministro y a la que accedió Página/12.
Acosta, Pernías y compañía habían sido juzgados en ese proceso por, entre otros casos, por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y por los secuestros de las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo –Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Careaga–, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y los demás integrantes del grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz para coordinar las tareas para denunciar las desapariciones de la dictadura. Para concretar ese operativo, la Marina infiltró a Alfredo Astiz en los grupos de familiares.
Astiz también fue condenado en el juicio que concluyó en 2011, pero él ya había perdido estado militar antes, explicaron fuentes de la cartera a este diario, y, por eso, no fue incluido en la resolución que firmó Taiana. Los otros condenados a perpetua fueron Raúl Scheller, Oscar Montes, Néstor Savio, Julio César Coronel y Ernesto Weber –un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) conocido como “220” por el uso de la picana–. Penas inferiores recibieron Manuel García Tallada, Juan Carlos Fotea, el médico Carlos Capdevilla y el prefecto Juan Antonio Azic.
“No podemos dejar de señalar que estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas, así como también continúan cometiendo del delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de personas víctimas de desapariciones forzadas que aún seguimos buscando”, sostuvieron desde la mesa de organismos. “Esperamos que la medida se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad. El control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, añadieron.
Lo que se avanzó
Después de esa sentencia, los integrantes de la patota de la ESMA siguieron sumando condenados –que aún deben ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal–. El año pasado, el TOF 5 –integrado por Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Obligado– condenó al “Gato” González y a Acosta por los delitos contra la integridad sexual que sufrieron tres mujeres que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de la Avenida del Libertador. En los últimos meses avanzó también una investigación contra Radice y su hermana, Norma Berta Radice, por el robo de los bienes de las personas que estaban secuestradas en la ESMA.
En el caso del “Tigre” Acosta se está discutiendo si le corresponde la libertad condicional por el tiempo que lleva detenido. La Cámara Federal de Casación le bajó el monto de la pena –que había recibido por crímenes en la ESMA y por su rol en el plan sistemático de robo de niños y niñas– y lo dejó cerca de acceder a ese beneficio, decisión que los organismos de derechos humanos recurrieron.
El comunicado de los organismos
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes celebramos la decisión del Ministro de Defensa Jorge Taiana de dar la baja a seis militares condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA.
Se trata de los genocidas Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, a quienes se les quitó el estado militar.
No podemos dejar de señalar que estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas, así como también continúan cometiendo del delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de personas víctimas de desapariciones forzadas que aún seguimos buscando. Esperamos que la medida se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad.
El control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Centro de Estudios Legales y Sociales
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos –MEDH
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Asociación Buena Memoria.
Fuente: Página/12
