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Diego Barreto fue asesinado en custodia policial el 13 de febrero de 2020 en Resistencia. Lo golpearon y lo sujetaron hasta asfixiarlo. Ocurrió en plena vía pública y ante la vista de todos. Y no sólo eso: posterior a su muerte, le plantaron cocaína en su departamento. La causa fue caratulada como “suicidio” hasta que se la modificó dos años más tarde. Actualmente, hay tres policías imputados como coautores de “homicidio preterintencional”. Por este crimen, ninguno de ellos estuvo preso un solo día. En esta crónica, LITIGIO reconstruye lo que ocurrió aquella mañana de 2020, brinda detalles del expediente judicial y publica una entrevista con Analía Ojeda, mamá de Diego: “A mi hijo lo mató la policía y el Estado es responsable”.  

Lunes, 1 de agosto de 2022

“A mi hijo lo mató la policía y el Estado es responsable”, afirmó Analía Ojeda, mamá de Diego Barreto.

 

Por Bruno Martínez

Precisamente a las siete cincuenta y dos de la mañana, el 13 de febrero de 2020, en el momento en el que un grupo de policías tenía sujetado con fuerza extrema en el piso a una persona de 25 años, A.B. presenciaba de cerca la brutal escena, al igual que I.G. y L.C., quienes habían salido de sus casas para ver lo que ocurría. En ese instante, Analía Ojeda recibía un llamado en el que le avisaban que su hijo había tenido un accidente y la médica, Gabriela Maidana, se encontraba arriba de una ambulancia, en camino para asistir a una persona herida que se había caído desde un balcón.

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No se sabe cómo ni por qué, pero Diego Emanuel Barreto, un joven que trabajaba como cajero del supermercado Impulso, cayó del pequeño balcón de su departamento ubicado en un primer piso, en avenida Edison 1395, en la zona sur de Resistencia. La baranda se abría por el medio y era muy precaria. Previo a golpear contra la vereda, rodó sobre un techo de la planta baja. Por la escasa altura, no sufrió heridas de consideración pero, tras la caída, quedó en un estado de conmoción tal que comenzó a desvariar. Estaba aturdido y eufórico.

En ese momento, apareció un auto color blanco, parecido al de su mamá. El vehículo estaba por arrancar para marcharse de ahí, pero en ese instante Diego se prendió de la ventanilla y comenzó a gritarle “Te amo” a una joven, a quien no conocía, que estaba sentada del lado del acompañante. Las tres personas que estaban dentro del auto pararon la marcha, salieron y se quedaron mirándolo, extrañados por la situación. Diego terminó acostado en el asfalto, entre el cordón y el vehículo, prendido de una de las ruedas. Gritaba el nombre de una mujer, según los testigos.

―¿Qué le pasa? ―preguntó A.B. a L.C., dueña del departamento que el joven alquilaba junto a su esposa y su hijo de 4 años. Ambas contemplaban la escena sin entender.

―No sé, pero llamé a su pareja―respondió.

Pararon dos policías en moto. Uno de ellos se bajó e intentó sacar a Diego para liberar el vehículo, pero estaba tan agarrado que no lo logró. Pidió refuerzos. Llegaron cuatro o cinco policías más, todos de la Comisaría Séptima. Lejos de solicitar asistencia a algún servicio especializado en salud mental o al menos esperar que llegue una ambulancia para saber por qué esa persona estaba en ese estado, optaron por solucionar el problema con violencia.

De acuerdo a los testigos que declararon en la causa, el oficial ayudante, Gastón Delfino, le propinó golpes con su rodilla en las costillas, mientras le torcía el brazo. El agente, Esteban Campos, lo jaló con fuerza de los cabellos y el subcomisario, Armando Barbona le retorció los testículos. Tras la sesión de tortura a la vista de todos, Diego se soltó y luego lo arrastraron hasta el pasto. Para ese entonces, el lugar era un pequeño tumulto de personas.

Antes de ser asesinado por la policía, Diego Barreto cayó desde el pequeño balcón de su departamento.

Una vez reducido, le colocaron las esposas y lo dejaron boca abajo. Pero no conformes, siguieron haciéndole daño. Uno de los policías lo sujetó de las piernas, mientras que otro, que de acuerdo a las descripciones de los testigos sería Barbona, colocó su rodilla arriba de su espalda, casi a la altura de la nuca, aplicándole todo el peso de su cuerpo: alrededor de 100 kilos.

Diego comenzó a morder el pasto porque no podía respirar. Los vecinos alertaron a los policías que el joven se estaba asfixiando, que lo estaban matando. Los uniformados decían que no era así, que ellos sabían lo que hacían y que los dejen trabajar tranquilos. También pidieron que guarden sus celulares y que no filmen el procedimiento.

Uno de los policías le pidió a I.G. que le acerque un balde con agua para arrojárselo a Diego en la cabeza.

―¿Estás seguro que le vas a tirar agua? ―preguntó I.G. al policía.

―Si, si. Traeme.

Le acercó el balde y él se lo arrojó. Con su cabeza y su cara empapada, Diego dejó de gritar. Dejó de moverse. Sus pupilas se dilataron. Su piel se tornó azulada.

―Ese chico está muerto, ustedes lo mataron―gritaron los vecinos.

―No, si todavía tiene pulso―mintieron los policías.

Cuando llegó la ambulancia, Gabriela Maidana, médica de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas, lo revisó y lo intentó reanimar. Los policías le dijeron que Diego estaba violento, que había convulsionado y que ellos lo sujetaban para “evitar daños mayores”. Maidana constató que estaba cianótico (la coloración de su piel era azul por la falta de oxígeno) y que no tenía signos vitales. Lo subieron y lo trasladaron de urgencia al hospital Perrando.

En el camino, la doctora le aplicó técnicas de reanimación de avanzada y logró que recupere el pulso, uno muy débil. Cuando llegaron al hospital, ya no había nada para hacer. Diego Barreto estaba muerto.

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La Comisaría Séptima envió la información sobre lo ocurrido a la fiscalía 3, a cargo de Rosana Soto, catalogando al hecho como un “suicidio”. Según ellos, Diego se mató al arrojarse de un primer piso. ¿Lo hicieron para ganar tiempo? ¿Desviar la investigación? No se sabe. Lo que sí se sabe es que la fiscalía tomó la información policial y la causa quedó caratulada de esa manera: “Barreto, Diego Emanuel s/suicidio”.

A pesar de esto, los profesionales del Instituto Médico Forense del Poder Judicial del Chaco (IMCIF) realizaron su trabajo conforme a las guías para autopsia del protocolo de Minnessota e investigaron pericialmente el caso como una muerte en custodia policial y no como un suicidio.

La autopsia se realizó ese mismo día a las 16.30 y finalizó a las 21. La hicieron la directora del IMCIF, Gabriela Lamparelli, junto a los auxiliares Laura Pelozo, Pablo Alderete Viñoni y Beatriz Gutiérrez. Lo que vieron, no dejó lugar a dudas.

El crimen de Diego Barreto tuvo la carátula de “suicidio” por casi dos años.

“El conjunto de hallazgos macroscópicos y microscópicos (…), permiten inferir que la causa de muerte Diego Emanuel Barreto se debió a asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación antebraquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad (muerte en custodia)”, señaló el equipo forense en su informe.

Respecto de la conducta errática previa de Diego, los especialistas negaron que fuera producto de un golpe en la cabeza al caer al piso. Consideraron que pudo haber sufrido alguna clase de “episodio psicótico”, aunque tampoco lo pudieron confirmar.

Además, y sobre todo, descartaron el consumo de estupefacientes, alcohol o síndrome de abstinencia. “Los resultados del estudio de toxicología (…) establecieron la ausencia de sustancias de interés toxicológico, no habiéndose detectado alcohol, fármacos ni estupefacientes –ni su metabolitos- en hisopado nasal, mucosa gástrica, sangre, órganos internos y encefálicos ni humor vítreo”, indicaron.

“Los resultados permiten descartar el consumo de tóxicos orgánicos en los momentos -y varios días- anteriores al deceso, y descartar el consumo de alcohol en los momentos –y dentro de las 6 a 12 horas- anteriores al deceso. (…) Por otra parte, no se detectaron tóxicos orgánicos o sus metabolitos en tejido adiposo ni bilis, por lo que se infiere que la persona fallecida no era consumidor habitual y/o crónico”, añadieron.

Sin embargo, la policía intentó hacer pasar a Diego como un cocainómano violento. Lo hicieron al plantarle una bolsa con cocaína dentro de su departamento junto a un plato con el polvo blanco. Debido a este “hallazgo”, y en un giro aún más perverso, se abrió una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, la cual quedó radicada en la Fiscalía Antidrogas 1. ¿En qué momento se la plantaron? Justo después de matarlo.

¿Cómo? Luego de que a Diego lo trasladaran en ambulancia al hospital, los policías decidieron que había que entrar al departamento. No estaba claro por qué siendo que la muerte fue en la calle. En ese momento, uno de los uniformados accedió al lugar a través del balcón, por la puerta ventana que estaba rota. Lo hizo mientras los testigos esperaban afuera.

El policía que entró primero estuvo un par de minutos previo a abrir la puerta principal, la cual sólo tenía la llave puesta. Una vez adentro, uno de los agentes le advirtió a su compañero: “Mirá esta bolsa”. La bolsa contenía cocaína. Lo extraño es que los testigos pasaron por el mismo lugar y no habían visto nada. En el departamento, también apareció un plato con un polvo blanco.

La cocaína que le plantaron a Diego Barreto.

 

***

Ante la contundencia del informe forense y de los testimonios recabados, la fiscal Soto se declaró incompetente para continuar actuando en la causa y se la remitió a la fiscalía especial de Derechos Humanos. En mayo de 2020, la fiscal subrogante de DDHH, Nélida Villalba, aceptó la competencia, aunque la caratula de “suicidio” siguió sin modificaciones.

En octubre de 2021, a pedido del Comité para la Prevención de la Tortura, el fiscal provisorio de Derechos Humanos, Luciano Santos, recaratuló la causa como “homicidio preterintencional”, que, de acuerdo al Código Penal Argentino, prevé una pena irrisoria: reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres años. ¿Qué es el homicidio preterintencional? Es cuando alguien mata sin haber tenido la intención de hacerlo.

En febrero de este año, Santos imputó como coautores de este delito al oficial ayudante, Gastón Delfino; al agente, Esteban Francisco Campos y al subcomisario, Armando Diego Barbona. Delfino y Barbona se abstuvieron de declarar. Campos, en cambio, fue el único que declaró. ¿Qué dijo? Negó su responsabilidad, aseguró que había llegado cuando sus colegas ya lo tenían reducido a Diego y que en ningún momento lo tocó.

Hasta el cierre de esta crónica, ninguno pasó un solo día preso por este crimen. Uno de ellos, Delfino, fue expulsado de la fuerza en junio de este año tras un sumario administrativo. No lo echaron por el asesinato de Diego, sino por una denuncia presentada por su expareja por amenazas en contexto de violencia de género. El resto de los imputados sigue en funciones.

Los policías Esteban Francisco Campos, Armando Diego Barbona y Gastón Ivan Delfino están imputados por el crimen de Diego Barreto.

Actualmente, la causa continúa en etapa de investigación y se espera su pronta elevación a juicio oral. Además de la familia y el Comité para la Prevención de la Tortura, también se constituyó como querellante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco.

Analía Ojeda tiene esperanzas que el Juzgado de Garantías modifique la carátula por un delito mucho más grave y que a su vez se incluya la tortura previa que padeció su hijo. Su abogado también solicitó que se le tome declaración testimonial al resto de policías que participaron del operativo, quienes hasta el momento no fueron citados por la Justicia.

***

“Mi hijo fue asesinado por la policía y el Estado es responsable”.

Analía lo dice mirando fijo, con los ojos acuosos. Lo dice pausado. Lo dice con potencia. Lo dice con tristeza.

Es una tarde templada y húmeda de julio. Pasó poco más de un mes desde que la Legislatura chaqueña la reconoció con el premio “Mario Bosch” a la lucha contra la violencia institucional y más de dos años y cinco meses desde que mataron a Diego.

La oficina en la que se da esta conversación con LITIGIO está ubicada en un edificio del microcentro de Resistencia. Es el estudio jurídico de la prima de Sebastián Ponce de León, joven que murió en febrero de 2019 tras una golpiza policial propinada por efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras. En el Chaco, los familiares de víctimas de violencia institucional están más unidos que nunca.

¿Qué recordás del día previo al crimen de Diego?

―Recuerdo que me llamó por teléfono para que vaya hasta su casa. Yo en ese momento estaba de vacaciones. Estuvimos hablando muchísimo. Tomamos mucho tereré. Fuimos al negocio juntos que queda en frente. Comimos papas fritas, yo le hacía mimitos, él después me sentó en su regazo, me dijo que él me adoraba, cosas así. Cosas de madre e hijo. Después vino un compañero del (supermercado) Impulso y se fueron juntos, creo que al doctor. Para eso eran las cinco de la tarde. Y yo me vine para mi casa. Después hablamos a la noche porque él era de mandar mensajes, de decir: “Má, llamame” o “Má, no te preocupes”. Todo el tiempo. Me acosté a dormir y al otro día, el 13 de febrero de 2020, recibo una llamada para que me vaya al Perrando porque Ema (por Diego) tuvo un accidente.

―La policía entró al departamento de tu hijo cuando en realidad lo mataron en la calle. ¿Por qué crees que ingresaron?

― Yo no sé por qué entraron al domicilio de mi hijo si no tenían que haber entrado. Él fue reducido y muerto en plena vía pública. Subió un solo efectivo policial, que ni siquiera rompió la puerta para entrar, que además tenía a dos testigos afuera, esperando. Tengo entendido que eso no se puede hacer, que eso no es legal. Se metieron a hacer cosas ahí, sinceramente. Cosas totalmente ilegales. Ellos tienen un modus operandi que cuando ven las cosas que hacen ya actúan de una determinada manera porque ya están formados para eso.

Copia del libro de guardia de la Comisaría Séptima.

―Tuviste que ir a declarar a la Comisaría Séptima esa misma noche. ¿Cómo te trataron ahí?

―Fui muy maltrata. Una de las personas que estaba a cargo se reía todo el tiempo y me hablaba de una cantidad de sustancias que nunca en mi vida he visto. Que mi hijo estaba “totalmente dado vuelta”. En el estado en que yo estaba, no tenían por qué tomarme declaración en ese momento pero obviamente querían hacer esto porque tenían que armar su estrategia. Después que declaré, me sacaron de las manos el papel con mi declaración. Uno me dice: “Firme acá, rápido”. Era muy tarde, las once de la noche. “Firme que le voy a dar a esta persona, así se puede ir a retirar el cuerpo”. Pero cuando yo leo el papel ponen “Jonatan Diego Barreto”. Ahí le pregunté: “¿Qué me está dando? Este no es mi hijo”. “¡Entonces tiene que mirar lo que firma!”, me dijo y me empezó a decir una cantidad de cosas. Yo soy muy tranquila y le dije que soy una persona que leo todo lo que firmo porque trabajo en un lugar donde hay que leer todo lo que se firma. Se lo dije así, con este desaliento con el que te hablo ahora. Pero sí, fui maltratada.

¿Qué pensás del trabajo de la fiscalía de Derechos Humanos?

―Voy a hablar del fiscal que agarró el caso de mi hijo, que es Luciano Santos. Yo iba repetidamente a hablar con él y me dijo que “necesitaba más pruebas”. ¿Yo tengo que buscar más pruebas? ¿Es mi trabajo? No: es el trabajo de la fiscalía. Ahora, Santos cambió la carátula, pero puso preterintencional. ¿Preterintencional? ¿En la vía pública, indefenso como estaba mi hijo? ¿El fiscal leyó el expediente? ¿Se tomó el trabajo de estudiarlo? ¿O solamente habla por lo que dice la policía? Ahora volvió el señor (Daniel) Turraca. No lo conozco, pero tampoco voy a ir más a ese lugar. Espero que este señor se tome el trabajo de leer el expediente como corresponde. Pero no creo. Porque ya pasó mucho tiempo y tiene que ser elevado a juicio. Para mí, ese lugar no es para esas personas. Necesitamos personas que escuchen a las víctimas y que estudien los casos.

Analía, junto al gobernador, Jorge Capitanich y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, en una reunión con familiares de víctimas de violencia institucional.

¿Sufriste algún tipo de hostigamiento o amenazas desde que mataron a Diego?

―Hay una cuestión que ya está legalizada. Fue un domingo, a las 21. Mis hijos de 9 y 7 años estaban solos en la casa. Golpearon la puerta y dijeron que era la policía. Mis hijos le dicen que su papá y su mamá estaban en la iglesia. “Nosotros tenemos que entregarles un papel urgente”, les dijeron. Ante tanta insistencia, mi hijo de 9 años les abrió la puerta. Uno de ellos le sacó su celular, donde estaban agendados los números de nosotros, lo revisó y tomó el número de mi esposo. Lo llamó desde ahí y le dijo que estaba en nuestra casa porque tenía que entregarle un papel urgente, que era una citación para declarar al día siguiente. Un domingo a la noche, dos criaturas solas. ¿A vos te parece? Ya hice la denuncia.

―¿Sabés quiénes fueron los policías que hicieron eso?

―Sí, sé quiénes fueron, pero no lo voy a decir. Está en proceso de investigación. Eso se llama hostigamiento. Pero no les tengo miedo. Porque a lo que le tenía miedo, ya me sucedió. Ahora no le tengo miedo a nada.

 

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