Los abogados de los cuatro funcionarios policiales imputados por el delito de tortura seguida de muerte habían solicitado, nuevamente, el cese de la prisión preventiva y el cambio de la calificación de la causa, lo que fue rechazado por la fiscal de Derechos Humanos Adjunta de Sáenz Peña.
Martes, 19 de julio de 2022
Un nuevo revés judicial recibieron los cuatro policías imputados por el delito de tortura seguida de muerte en el caso que investiga el fallecimiento de Leandro Bravo, ocurrido el 26 de febrero de este año en la ciudad de Charata. Es que la fiscal de Derechos Humanos Adjunta de Presidencia Roque Sáenz Peña, Silvia Slusar, rechazó el planteo de los abogados defensores que habían solicitado, nuevamente, el cese de la prisión preventiva y el cambio de la calificación de la causa.
En una resolución firmada el 15 de julio pasado, la fiscal consideró que los argumentos de las defensas fueron presentadas antes de que la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela rechazara el mismo planteo para dejar sin efecto las detenciones preventivas de los agentes policiales y que, además, no han variada la situación de riesgos procesales si los cuatro imputados recobrasen la libertad durante el transcurso de la investigación.
Vale recordar que los familiares de Leandro Bravo denunciaron hostigamiento de diferente tipo contra los testigos que declararon contra los policías que hasta el momento fueron claves para sustentar la hipótesis de la investigación dando cuenta de uno de los casos más graves de violencia institucional cometidos en la provincia y la imputación por el delito de tortura seguida de muerte contra los cuatro funcionarios policiales, lo que prevé una pena de prisión perpetua.
