Se trata de Raúl Acosta, exvocal de la empresa Sameep y actual presidente del Partido Concertación Forja del Chaco, aliado del PJ en el Frente de Todos chaqueño. El juicio será en la modalidad por jurados. De ser declarado culpable, podría recibir una pena que va de los 6 a los 45 años de cárcel.
Viernes, 15 de julio de 2022
El exfuncionario del gobierno del Chaco y presidente del Partido Concertación Forja, Raúl Acosta, será enjuiciado por un jurado popular por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en reiterados hechos. Así lo dispuso la fiscal, Vanesa Fonteina. Las víctimas son dos hermanas que trabajaban para el exfuncionario. Acosta podría recibir una condena de entre 6 y 45 años de cárcel, de acuerdo a la suma aritmética de las imputaciones, según pudo saber LITIGIO.
“Las probanzas incorporadas en las presentes actuaciones, se desprende que Raul Policarpo Acosta, ha llevado a cabo una acción típica, antijurídica y culpable, que encuadra a todas luces, en las figuras penales desarrolladas, y que tanto los abusos sexuales simples perpetrados sobre el cuerpo de C.A.K, como los abusos sexuales con acceso carnal consumados respecto de B.M.K. y C.A.K., se llevaron a cabo en un marco no consentido, utilizando amenazas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de ambas denunciantes e incluso de su familia, remarcando esa relación de poder existente y debidamente probada en las presentes actuaciones”, señaló la fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.
De esta manera, Fonteina imputó al exvocal de Sameep y exsubsecretario de Participación Ciudadana por los delitos de “abuso Sexual con Acceso Carnal (tres hechos) respecto a B.M.K., previsto y penado por el art. 119, tercer párrafo del Código Penal y Abuso Sexual Simple (tres hechos) en concurso real con Abuso Sexual con Acceso Carnal respecto a C.A.K., previsto y penado por el primer y tercer párrafo del art. 119, todo ello en función del art. 55 del Código Penal”.
El caso
C.A.K, de 21 años, y B.M.K, de 22, relataron en sede judicial que en 2018 llegaron a Resistencia provenientes de La Leonesa, junto a su papá y mamá, para trabajar en la subsecretaría de Participación Ciudadana que manejaba en ese momento Acosta. La familia vivía en una habitación con un baño, la cual estaba pegada a las oficinas de la subsecretaría. Un pasillo las conectaba.
Ambas relataron que los hechos de abuso comenzaron en mayo de 2018 y continuaron hasta diciembre de 2019. Las jóvenes contaron que al principio Acosta les hacía comentarios relacionados con su aspecto físico y se dedicaba a mirar las historias que las chicas publicaban en sus redes sociales.
Las denunciantes recordaron que habían bloqueado al funcionario y que este enfureció: las trató de “malagradecidas” y a una de ellas le dejó de pagar 3500 pesos que recibía por actividades administrativas. A pesar de esto, las chicas siguieron trabajando bajo las órdenes de Acosta porque su familia prácticamente dependía de lo que decidiera el funcionario.
Tiempo después, las cosas empeoraron. Pasaron de comentarios desubicados a abusos y amenazas. Las jóvenes acusaron a Acosta de haberlas manoseado en varias ocasiones, besado en el cuello y penetrado a la fuerza con sus dedos. En las denuncias, añadieron que también las coaccionaba para que tengan intimidad con él. A cambio les ofrecía dinero, motos y casa. En una ocasión, a cada una, les ofreció 50 mil pesos para que tuvieran relaciones sexuales con él por “50 minutos”.
Relataron además que gran parte de estos hechos de abuso se dieron en la propia oficina del funcionario, quien aprovechaba cuando no había personal y las mandaba a llamar de a una. De acuerdo a la denuncia, cerraba la puerta con llave, agarraba a sus víctimas, las manoseaba y hasta en ocasiones frotaba su pene contra el cuerpo de ellas o las obligaba a que se lo agarren.
Ante cada rechazo, Acosta las amenazaba con suspenderles las becas, dejar sin trabajo a su padre y echarlas de la habitación donde vivían si es que cometían la osadía de acusarlo ante la Justicia. Acosta ejercía así un poder total sobre estas mujeres vulnerables debido a que dependían exclusivamente de él para subsistir.
Estos episodios continuaron hasta diciembre de 2019, momento en el que Acosta dejó el cargo en la subsecretaría de Participación Ciudadana para asumir como vocal de Sameep. Las hermanas reconocieron que le tenían miedo debido a que lo consideran una “persona peligrosa”, que cuenta con “poder y plata”.
Indagatoria
Mediante videollamada, Acosta declaró en diciembre pasado ante la fiscal Fonteina en calidad de imputado. Se le notificó sobre los detalles de las denuncias en su contra y se le informó que estaba acusado prima facie de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, en tres hechos, y abuso sexual con acceso carnal en concurso real (en otros tres hechos más).
En su escueta declaración, negó las acusaciones y dijo que eran parte de una campaña de desprestigio contra él y su partido debido a que se dieron de baja algunas becas. Al ser consultado respecto de si prestaba su voluntad para que se le realice un perfil psicológico, respondió que no.
Tras su indagatoria, la fiscal le prohibió contactarse por cualquier vía con las denunciantes (ya sea mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o redes sociales) y acercarse a menos de 200 metros. En caso de incumplir esta restricción, se ordenará su inmediata detención.
Previamente, y luego de que se hiciera pública la denuncia de las jóvenes en un programa radial de Resistencia, Acosta había presentado un escrito. Con la firma de sus abogados, Olga Mongelós y Leandro García Redondo, le solicitó a Fonteina mantener su libertad mientras continúa la investigación penal preparatoria. “Mi único deseo se encamina a poder seguir el desarrollo normal de mi vida”, argumentó. Hasta ahora, Acosta nunca fue detenido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia es querellante en la causa.
Repudio y foto fallida
A pesar del repudio público que sufrió Acosta desde que se dio a conocer el caso en noviembre del año pasado y de los reiterados pedidos de organizaciones feministas para que sea expulsado inmediatamente del gobierno, el gobernador, Jorge Capitanich lo retuvo varios meses en el cargo. Finalmente, con el último recambio general del directorio de Sameep, en febrero pasado, Acosta fue desplazado de manera muy silenciosa.
La última aparición pública que tuvo el dirigente de Concertación Forja fue en mayo pasado, en Resistencia. Y fue patética. En el marco del Congreso Provincial del Frente de Todos del Chaco, que contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Acosta intentó subirse al palco para lograr una foto junto al primer mandatario. No lo logró. La seguridad presidencial lo bajó tras el insistente pedido de un grupo de mujeres militantes quienes le recordaron a los gritos las gravísimas denuncias que pesan sobre él.
Nota relacionada
Indagaron a un funcionario de Sameep acusado de abuso sexual
Tras ser imputado por abuso sexual, rechazan eventual ingreso de Raúl Acosta a la Legislatura
Denuncia por abuso sexual: trabajadoras de SAMEEP exigen que Acosta sea apartado
