Así lo resolvió este martes la Cámara en lo Criminal de Villa Angela. Fue al desestimar el cese de la prisión preventiva solicitado por los defensores de los cuatro policías imputados por el delito de tortura seguida de muerte contra Leandro Bravo. Los fundamentos se conocerán el próximo 5 de julio.
Martes, 28 de junio de 2022
Los agentes Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz permanecerán detenidos en la comisaría de Concepción del Bermejo mientras avanza la investigación de la causa por la muerte de Leandro Bravo en la que se encuentran imputados por el delito de tortura seguida de muerte. Así lo resolvió este martes la Cámara en lo Criminal de Villa Angela, que integran los jueces Ricardo González Mehal, Daniel Ruiz y Patricia Rocha, al desestimar los planteos de los abogados defensores de los policías.
Fue luego de una audiencia oral donde expusieron las defensas de los policías; la fiscal de Derechos Humanos adjunta, Silvia Slusar; la fiscal de Cámara., Silvana Rinaldis, las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco. También participaron la madre y hermanas de Leandro Bravo. Los fundamentos de la resolución se darán a conocer el 5 de julio.
Los cuatro policías se encuentran detenidos desde el 5 de abril último por resolución de la fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos adjunta de Sáenz Peña, Silvia Slusar. En los fundamentos de la prisión preventiva, la fiscal sostuvo que “los nombrados produjeron la muerte de Leandro Fabricio Bravo mediante un procedimiento de tormentos psíquicos y físicos particularmente injustificados a la persona a la que conocían desde tiempo antes”.
Hay que tener en cuenta que la única pena que prevé el delito de tortura seguida de muerte es la de prisión o reclusión perpetua por lo que la fiscal consideró que existía un “real y concreto peligro procesal de fuga”. Además, estimó que en libertad los agentes podrían entorpecer la investigación. De hecho, mencionó que una mujer fue presionada para firmar una falsa denuncia para convertir en “legal” el operativo de detención que concluyó con la muerte de Bravo, de 37 años.
A través de diversos testimonios, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal pudo corroborar que Bravo era objeto de una “persecución u hostigamiento policial” antes de producida su aprehensión en las inmediaciones de calle 9 de Julio y Patricios, en la siesta del 26 de febrero en Charata.
