En el inicio de la ronda de alegatos, el fiscal general ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, solicitó las penas máximas de 15 años de prisión (13 más la unificación con las condenas provinciales) para Rey, Lugo y Katavich, como autores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por ser funcionarios públicos.
Por Brian Pellegrini
El Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal Oral Federal de Resistencia que condene a quince años de prisión al exsecretario general de la Gobernación del Chaco, Horario Rey, al exministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo; y al exadministrador del Fappo, Gustavo Katavich, todos como coautores del delito de lavado de activos agravado por ser funcionarios públicos y por integrar una organización dedicada a ese delito con habitualidad. Fue durante la segunda jornada de alegatos de la Fiscalía Federal en el juicio oral por la causa conocida popularmente como “Lavado I” y por la que veintiséis personas llegaron a esta instancia. Los alegatos continuarán el próximo 4 de julio a cargo del defensor público oficial, Juan Manuel Costilla.
En rigor, el total de quince años de condena procedería al unificarse la eventual condena en esta causa (a 13 años) con las penas impuestas a los exfuncionarios públicos en distintas causas por corrupción en las que ya fueron condenados en el fuero provincial, que fueron precedentes de este juicio por el lavado de recursos públicos. En caso de ser condenados, el fiscal Carniel también solicitó se les cobre una multa equivalente a tres veces el valor del dinero lavado, el decomiso de todos los elementos secuestrados y que se les dé un destino social para reparar “mínimamente” el daño provocado a la sociedad.
Litigio pudo participar de manera virtual de las dos jornadas de alegatos que llevaron a cabo los miembros del Ministerio Público Fiscal que encabezó el fiscal Carniel y que secundaron sus pares de Santiago del Estero, Indiana Garzón, y de Córdoba, Carlos Gonella, quién además fue titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Prolelac) desde su creación durante la gestión de la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó.
Durante estas dos jornadas, los tres fiscales describieron los roles que ocuparon cada uno de los integrantes de la presunta organización criminal y dieron detalles sobre las diferentes maniobras para insertar en el circuito legal los fondos públicos provenientes de la corrupción. Entre ellas, detallaron la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.
El equipo de fiscales federales dividió las operatorias de lavado en tres grupos: el primero, integrado por Roberto Lugo y sus allegados en el marco de las maniobras llevadas a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social; en el segundo, se incluyó a Ismael Fernández y Cristina Dellamea, personas ligadas a Horacio Rey; en el tercero, al propio Horacio Rey y las operaciones con fondos públicos provenientes de la pauta oficial a través del Fappo.
Carniel reconoció que la “espectacularidad mediática” que tuvo el caso desde sus inicios habría permitido que varios de los imputados, aunque fundamentalmente Horario Rey, tuvieran la posibilidad de ocultar documentación relevante para la investigación.
En otro tramo de su alegato, el fiscal Carniel lamentó que durante la etapa de instrucción de la causa no se hayan investigado los asiduos viajes que Rey, Lugo, Retamozo y un exfuncionario de apellido Núñez (ex vocal de Lotería Chaqueña) realizaban a la República del Paraguay, lo que hubiese permitido dar una idea del grado de confianza y amistad que había entre los distintos exfuncionarios provinciales. “Lamentablemente la investigación se cortó en Clorinda”, observó el funcionario fiscal.
Durante el cierre de su alegato, el fiscal general ante el TOF pidió a los jueces del tribunal que a la hora de dictar una sentencia tengan en cuenta que los delitos fueron cometidos en el Chaco, que desde hace años se ubica entre las provincias con peores indicadores de desnutrición, pobreza estructural y falta de infraestructura y cuestionó el “desprecio” en el manejo de gran cantidad de dinero obtenido ilícitamente de los imputados, a la par del “despilfarro y la ostentación”.
También hubo un pedido de penas contundentes como autores para:
-Ismael Fernández, ex coordinador del “Programa Cooperativa Chaco Construye”, exchofer del exgobernador Peppo y cuñado de Rey: 13 años;
-Ramón Chávez: 10 años,
-Patricia Vázquez: 10 años,
-Claudia Varela, pareja de Retamozo: 10 años (8 más unificación con la pena provincial),
-Ricardo Retamozo, pareja de Varela: 8 años (6 más unificación con la pena provincial),
-Mónica Yaczuk, pareja de Roberto Lugo: 8 años,
-Cristina Dellamea, sobrina de Ismael Fernández: 8 años.
En tanto, como partícipes necesarios se pidieron penas de 10 años para Carlos Amarilla, 7 años para Carlos Osuna y Miguel Angel Vilte; y como partícipes secundarios se solicitaron condenas de tres años para María Laura Aguirre e Iván Bilcich.
Por último, el Ministerio Público Fiscal resolvió pedir la absolución por el beneficio de la duda de María Elena Yaczuk, Lidia Kyocapumisz y Silvia Simcik, ya que no se acreditó el grado de conocimiento que las mismas habrían tenido sobre la actividad ilícita de la que formaron parte.
La Fiscalía Federal solicitó la inhabilitación por 10 años para los exfuncionarios públicos y también para el ejercicio de la actividad para los acusados que son profesionales de las ciencias económicas (a quiénes el fiscal Gonella recriminó por la falta de ética durante su exposición) y para los comerciantes.
