El dato surge de un informe solicitado por LITIGIO a la Unidad Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal Federal de Resistencia. De los 17 represores condenados, sólo cinco están presos en una cárcel común. También hay 16 fallecidos, cinco de ellos murieron sin llegar al juicio oral.
Martes, 28 de junio de 2022
El 70% de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco están presos en sus casas. El dato surge de un informe solicitado por LITIGIO a la Unidad Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal Federal de Resistencia. De los 17 represores condenados, sólo cinco están detenidos en una cárcel común. También hay 14 fallecidos, cinco de ellos impunes.
La polémica sobre el otorgamiento de prisiones domiciliarias para represores se disparó en las últimas semanas después de que la Cámara Federal de Casación la otorgara en un expediente a Miguel Etchecolatz y a dos represores condenados en el juicio de la Contraofensiva. Esta medida fue muy cuestionada por organismos de Derechos Humanos y también por el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos por considerar que los problemas de salud de estos genocidas pueden ser tratados sin problemas en las unidades carcelarias.
En este contexto, ¿cuál es la situación en el Chaco? El fiscal Federal ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, informó a esta revista que actualmente hay sólo cinco represores presos en cárceles comunes. José Rodríguez Valiente, José Marín, Domingo Mora y Ángel Jorge Ibarra se encuentran alojados en la Unidad 7 – Prisión Regional del Norte, en Resistencia. Mientras que Gustavo Athos está detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Por otra parte, quienes cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria, otorgada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia (firmadas en su mayoría por el juez de ejecución, Juan Manuel Iglesias), son Luis Patetta, José Luis Bettolli, Ernesto Simoni, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Jorge Carnero Sabol, Aldo Martínez Segón, German Riquelme, Gabino Manader, Pablo Casco, Eduardo Wischnivetzky y Norberto Tosso.
Si bien todas las prisiones domiciliarias fueron apeladas por la fiscalía Federal, un tercio de estas causas aún no tienen sentencia firme y están en trámite de apelación. En el caso de Wischnivetzky, además, se radicaron al menos dos denuncias sobre incumplimiento en las condiciones de detención, al detectar que el excomisario salió de su casa en reiteradas ocasiones.
La impunidad biológica también se da en la provincia. La mitad de los represores condenados o que contaban con procesamiento firme se encuentran fallecidos. Estos son Ramón Meza; Rubén Roldán; Oscar Galarza; Ramón Gandola; Enzo Breard; Albino Borda; Lucio Caballero; el exmédico policial, Hector Orlando Grilo; el exjuez Federal, Luis Ángel Córdoba; Miguel Pelozo; el exfiscal Federal, Carlos Flores Leyes; Carlos Chavez; Miguel Garbi; el exjefe de la Policía de Santiago del Estero, Antonio Musa Azar; José María Cardozo y el exintegrante del Batallón 601, dedicado al espionaje, Horacio Alberto Valussi. Tanto Grilo como Valussi, Córdoba, Flores Leyes y Cardozo murieron antes de ser sentados en el banquillo de los acusados.
Oposición
La fiscalía Federal de Resistencia y las querellas mantienen su oposición al otorgamiento de las prisiones domiciliarias por razones de salud. Es que de acuerdo al Servicio de Atención Medica de la U7 y de la Unidad 34 de Campo de Mayo, se están cumpliendo todos los requisitos que exige el Cuerpo Médico Forense de la Corte para la atención de patologías de los internos se cumplen
Esto son: Controles periódicos clínicos, nutricionales, cardiológicos y de las especialidades de oftalmología, neurología, traumatología y kinesiología; tratamiento nutricional adecuado y medidas de profilaxis.
Además, se desarrollaron desde el comienzo de la pandemia una serie importante de medidas y protocolos de prevención los cuales fueron informados en detalle al Tribunal Oral Federal de Resistencia, tanto por el Servicio Penitenciario Federal como por la U7.
De acuerdo a los informes, se cumple de manera estricta en tiempo y forma con la medicación de cada detenido y con todos los tratamientos. A su vez, se cuenta con la infraestructura para atender posibles complicaciones de sus patologías.
Asimismo, en caso de requerirlo, se tiene capacidad operativa para derivación del paciente. Cuentan con una ambulancia de uso exclusivo y el Hospital Perrando o el Hospital Militar de máxima complejidad se encuentra a 10 minutos de distancia de cada centro de detención. Además, hay guardias médicas 24 horas, durante todo el año.
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