Se trata de Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, imputados de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas de siete trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial formoseño durante la última dictadura cívico militar. El 1° de julio se expondrán los alegatos.
Sábado, 25 de junio de 2022
El Tribunal Oral Federal de Formosa inició este viernes el juicio oral y público a dos ex jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa provincia durante la época del terrorismo de Estado, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, quienes llegaron a esta instancia acusados como coautores de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas un grupo de siete empleados y empleadas del fuero provincial durante la última dictadura cívico militar.
La audiencia se llevó a cabo con participación presencial y remota de las partes. El tribunal está integrado por Rubén David Oscar Quiñones, Mariela Emilce Rojas y Roberto Manuel López. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Mauricio Romero. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, quien en noviembre pasado formuló el requerimiento de elevación a juicio, que fue leído en el inicio del debate.
Actuaron como abogados querellantes William Dardo Caraballo y Luis Zapiola, representando a Adriano Acosta, quien impulsó la denuncia. Como querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, participa el abogado Marcelo Wurm Timez.
Presenciaron la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, la subsecretaria de DDHH de la provincia, Sylvina Arauz; la subsecretaria de DDHH del Chaco, Nayla Bosch y la directora del cuerpo de abogados de la Secretaría de DDHH, Paula Álvarez.
Según consta en la pieza acusatoria, los exjueces omitieron “controlar la legalidad de las privaciones de la libertad” y “las condiciones de detención” de las víctimas Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne, empleados y empleadas del Poder Judicial formoseño y con militancia sindical en la Asociación Judicial de Formosa. El grupo de trabajadores y trabajadoras fue secuestrado en su mayoría el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, pareja, continúan desaparecido y desaparecida, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.
Las prácticas represivas habrían sido ejecutadas por el grupo de tareas correspondiente al Área Militar 234 en los centros clandestinos de detención “La Escuelita”, tal como se conocía al Destacamento Policial de San Antonio, y el Regimiento de Infantería Monte 29, donde tenía asiento el grupo represivo. La acusación fiscal señala que “luego de la privación ilegal de la libertad sufrida por los empleados judiciales, los aquí imputados recibieron informes remitidos por el jefe del Área Militar 234, que asumían responsabilidad sobre esas detenciones sin mencionar causa o documentación respaldatoria que las justificara. Sin perjuicio de ello, los magistrados no sólo no buscaron corroborar la licitud de la medida, sino que tampoco constataron la veracidad de los informes militares o las condiciones a las que sus empleados estaban siendo sometidos”.
La audiencia
La jornada comenzó pasadas las 8.00 con la lectura de las acusaciones, tras lo cual se abrió el debate y ambos acusados expusieron su defensa y luego respondieron preguntas de la fiscalía y las querellas en el marco de la declaración indagatoria.
A continuación declaró el único testigo en la causa, Adriano Acosta, y por último se produjo la incorporación de pruebas documentales. El debate se reanudará el próximo viernes 1 de julio con la exposición de los alegatos de las partes.
Las repercusiones
Culminada la primera jornada, el abogado querellante Dardo Caraballo detalló que “los acusados acudieron a la presencialidad, prestaron declaración indagatoria con mucha hipocresía y mentira, acostumbrados a lo que hicieron durante la dictadura”. Continuó manifestando que “no tienen ninguna gotita de arrepentimiento, de compasión ni piedad hacia los actos administrativos que dictaron en perjuicio de los empleados judiciales que fueron secuestrados en sus narices”.
En ese orden, aseguró que omitieron hacer las denuncias pertinentes y defender a las víctimas, indicando que “esa es una de las conductas que se reprocha”. En ese punto explicó que “le dieron un enmarque jurídico con el encubrimiento a delitos de lesa humanidad porque acá se habla de secuestro, tortura y desaparición de tres empleados judiciales”.
Aseveró que “ellos legitimaron todas esas atrocidades con un acto administrativo que en apariencia eran legítimo”.
Caraballo informó que alegarán el próximo viernes 1 de julio pidiendo una condena, señalando que “entendemos que ese día ya estaría el tribunal, después de los alegatos de los acusadores, de la fiscalía y de la defensora, en condiciones de dictar el veredicto”.
Asimismo, sostuvo que hay abundante prueba documental y que se admitió solo la declaración testimonial de su representado Adriano Acosta que es el querellante de la causa.
El abogado expresó: “esperamos que se los condenen por ser la primera corte provincial que llega a esta instancia en un juicio con esta característica de jueces de la dictadura acusados de encubrimiento de delito de lesa humanidad en el marco de un plan genocida”.
Comentó que la denuncia fue realizada hace 16 años, con la representación del doctor Daniel Alonso, y que por primera vez “se pone en juzgamiento y consideración de la opinión pública el rol del Poder Judicial tanto de los jueces provinciales como federales”.
Reprochó que en esa época, “éstos actuaron pisoteando la Constitución Nacional, dándole primacía a las actas y objetivos del Proceso de Reorganización Nacional, lo cual habla de las pocas condiciones democráticas de esta persona”.
Inmediatamente acusó que “fueron la pata civil de esta dictadura que hizo desaparecer a 30 mil argentinos y que dejó una deuda externa que aún estamos pagando las consecuencias”.
Siguiendo esa línea, dijo contundente que “han sido cómplices en la concepción filosófica de la política que instrumentó la dictadura”, mencionando que “hoy quisieron vestirse de corderitos, pero fueron verdaderos lobos que tenían la toga para hacer lo que le mandaban el genocida Juan Carlos Colombo y el jefe de regimiento coronel Leandro Martín Aguirre.
Por su parte, el doctor Luis Zapiola, se refirió a la defensa de los acusados, expresando que “han hecho lo mismo que hacen los represores en todos los juicios de lesa humanidad, dijeron algo análogo, que ellos pedían verbalmente interesándose por la situación de los detenidos”, afirmando que “no hay una sola nota al Regimiento ni un solo pedido al juez federal”.
Asegurando que “sí hay actas secretas de las cuales se declaraba cesante a tres desaparecidos y a los empleados que estaban detenidos en ese momento”, alegando que los acusados “tenían perfecto conocimiento que los empleados estaban detenidos y alojados tanto en la escuelita como en el Regimiento Monte 29”.
De ese modo, detalló que “en una de las actas ponen y firman que lo hacían por ser perturbadores, era la Ley de Prescindibilidad de la dictadura y a sabiendas que estaban privados ilegalmente de su libertad y en centros clandestinos”. Por lo que recriminó “entonces presentarse como demócratas en esas condiciones, realmente indigna”.
Al concluir, el letrado expuso que “esperamos que sean condenados por delito de lesa humanidad, por abuso de autoridad y por encubrimiento de los deberes del funcionario público”.
Fuente: Fiscales/Agenfor
