A través de un comunicado, el Sindicato de Camioneros y la CGT Chaco denunciaron que el fiscal Francisco De Obaldía Eyseric “desarchivó” una causa contra el secretario general de Camioneros Chaco, Isaías Alegre, “para simpatizar con el empresariado local y el poder mediático nacional y local”. LITIGIO ya había advertido sobre el caso.
Viernes, 24 de junio de 2022
Por Brian Pellegrini
Luego de haber desestimado la causa por inexistencia de delito, el fiscal Nº 14 de Resistencia, Francisco De Obaldía decidió desarchivarla, e imputó al secretario general de Camioneros del Chaco, Isaías Alegre, por el delito de presunta coacción contra la empresa Morante Construcciones. Fue por una protesta gremial llevada adelante por trabajadores camioneros reclamando que los empleados de esa firma sean encuadrados bajo el convenio colectivo del Sindicato de Camioneros.
En un primer momento, el fiscal había archivado la denuncia del dueño de la empresa por considerar que se trataba de una medida de fuerza gremial protegida por la legislación vigente. En aquella resolución, fechada el 6 de abril pasado, De Obaldía consideró: “nos encontramos ante la imposibilidad de contar con un relato de carácter independiente o de munirnos de otros elementos de prueba que justifiquen el inicio o la continuidad de una Investigación Penal a su respecto”.
En ese sentido, consideró que “el hecho aquí denunciado es ajeno al fuero penal ya que tanto la parte damnificada como la parte denunciada son personas jurídicas, no habiéndose identificado precisa (sic) cada una de las personas físicas cuyas actitudes hubieran atentado contra la persona o los bienes del SR. MATIAS EMMANUEL MORANTE, como así tampoco se han constatado daños a la propiedad. Que si bien pudieran existir daños económicos, las sumas no generadas podrán ser reclamadas por la vía administrativa correspondiente, como así el cumplimiento de las leyes sindicales que se enuncian en el escrito ratificado como denuncia en autos”.
Sorpresivamente, el funcionario del Ministerio Público Fiscal volvió sobre sus pasos y, a tono con el avance de otras causas penales contra dirigentes de Camioneros en distintos puntos del país, decidió imputar al líder gremial en el Chaco, quién desde hace pocos días también integra la conducción local de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Además de la imputación, el fiscal De Obaldía le prohibió al líder provincial de Camioneros realizar cualquier medida que entorpezca el normal funcionamiento de la empresa Morante Construcciones -cuando, según Alegre, eso jamás pasó-, tanto en su corralón como en su depósito, ambos ubicados en distintos puntos de la Ruta Nacional Nº 11, bajo la amenaza de ordenar su detención.
“Lo único que se solicita públicamente y por los organismos pertinentes es que vuelvan los empleados al gremio de Camioneros, como los tenía con anterioridad, y como así solicitan los propios empleados”, aseguró el líder sindical, luego de declarar como imputado.
En su momento, Alegre también aseguró que el denunciante “no quiere cumplir con las obligaciones patronales, como empleador, utilizando los medios nacionales y provinciales para presionar a la justicia, trae cuestiones que ocurrieron a nivel nacional que son ajenas a esta causa”.
El comunicado
En un comunicado difundido en las últimas horas, el Sindicato de Camioneros del Chaco y la CGT denunciaron que “esta persecución judicial la encabeza el fiscal Francisco Asís De Obaldía Eyseric, criminalizando la defensa de los derechos de los trabajadores camioneros, sometiendo arbitrariamente a un proceso penal al compañero Isaías Alegre”.
En ese contexto, acusaron al fiscal de que busca “simpatizar con el empresariado y el poder mediático nacional y local violando la tutela sindical y las garantías constitucionales de nuestro secretario general”.
El estado de la causa
La última medida del fiscal De Obaldía fue rechazar un planteo del abogado Paulo Pereyra, a cargo de la defensa técnica del dirigente de Camioneros Chaco, para dar marcha atrás con la imputación y sobreseerlo, lo que ya fue apelado ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia, a cargo de la jueza María de las Mercedes Pereyra, que deberá convocar a una audiencia para resolver el planteo.
