Es por las declaraciones del abogado de uno de los cuatro policías de Charata imputados y detenidos por el delito de tortura seguida de muerte, quien adelantó que ese tribunal les concedería la libertad. También descalificó a la titular del IMCIF y a la perito de la familia Virginia Creimer. Respaldo de distintas organizaciones.
Lunes, 20 de junio de 2022
Familiares de Leandro Bravo, fallecido en custodia policial el 26 de febrero pasado en Charata, elevaron una nota a la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela en la que expresaron su preocupación por las declaraciones públicas del abogado César Collado en la que habría adelantado que ese tribunal concedería la libertad a los cuatro agentes policiales imputados por el delito de tortura seguida de muerte.
Ese tribunal es el que debe resolver las apelaciones contra las prisiones preventivas de los funcionarios policiales que participaron del operativo de detención que concluyó con la muerte de Bravo, el 26 de febrero pasado en la ciudad de Charata. Las mismas fueron dictadas por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos Adjunta de Sáenz Peña y confirmadas por el Juzgado de Garantías de Charata.
Mientras tanto, la Fiscalía prosigue con la investigación y los próximos 21 y 22 de junio recibirá las declaraciones testimoniales de los peritos Gabriela Lamparelli, titular del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), y de Alejandro Lugo, del Gabinete Científico del Poder Judicial de Charata, respectivamente.
A la par, desde el Comité para la Prevención de la Tortura se pidió investigar al perito Hugo Rodríguez, quién participó de la primera autopsia y la ampliación de la imputación contra los detenidos por considerar que la detención de Bravo fue “ilegal” ya que se habría fraguado la denuncia para justificar el operativo que concluyó con su persecución y posterior muerte.
El comunicado de los familiares de Bravo
“Resaltamos la importancia de investigar, juzgar y sancionar los delitos de violencia institucional por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos y que en el presente caso el dictado de prisión preventiva es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación por parte del equipo fiscal interviniente, dentro de los parámetros establecidos en el código procesal penal”, sostienen los familiares de Bravo en el escrito elevado a la Cámara en lo Criminal de Villa Angela.
En ese contexto, recalcan que “testigos presenciales han recibido intimidaciones en el marco de la presente causa, lo mismo que profesionales forenses; todo esto evidencia que una clara obstrucción a la justicia y el entorpecimiento de la investigación, además de ser violatorio a las reglas del debido proceso, ya que reiterando lo expresado precedentemente, pone en duda la imparcialidad de esa Cámara Criminal al adelantar criterio y a su vez condiciona al tribunal para resolver a favor de los policías imputados por el delito mas grave que existe en nuestro código penal, la Tortura seguida de muerte”.
Así, señalan: “aguardamos una resolución acorde al hecho investigado, cuya gravedad institucional no tiene parámetros durante el periodo democrático, por lo que solicitamos se expida en forma imparcial y objetiva, teniendo en cuenta que el accionar delictivo en ocasión de la prestación de servicios de los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, derivó en la muerte de la Leandro Fabricio Bravo, quien resulto víctima de este reprochable hecho que merece justicia”.
Respaldo de organizaciones sociales, gremiales y políticas
En señal de respaldo al reclamo de la familia Bravo, Justicia Legítima Nordeste junto a diversas organizaciones sociales, gremiales y políticas del Chaco también sumó su preocupación ante las declaraciones del abogado de uno de los policías imputados por la tortura seguida de muerte de Leandro Bravo.
“Queremos expresar preocupación por las declaraciones mediáticas del abogado defensor de los policías imputados por la muerte en custodia policial de Leonardo Bravo. El profesional realiza afirmaciones como si tuviera información privilegiada respecto a cómo va a dictaminar la justicia chaqueña respecto de la continuidad de la prisión preventiva de los imputados”, señala el comunicado.
Agrega que “además descalifica públicamente a las peritos que intervienen en la causa en lo que parece más un intento por ganar adhesión en la opinión pública. Durante la entrevista utiliza un tono amenazante para las profesionales lo que muestra una absoluta falta de ética. Inclusive llega a pedir la quita de fondos destinados al Comité de Prevención de la Tortura y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, cuestionando el uso de los recursos públicos. Tenemos que recordar que estas instituciones surgen a raíz de varias condenas internacionales por el incumplimiento de la provincia de los tratados internacionales que garantizan a la ciudadanía sus derechos durante la detención policial”.
“Entendemos que estas maniobras son para crear presión social e influir en la decisión del tribunal. Esta conducta del abogado defensor es irrespetuosa del dolor de la familia de las víctimas, generando alarma con sus afirmaciones y sembrando dudas sobre la imparcialidad del tribunal”, concluye el documento firmado por Justicia Legítima Nordeste, Al Fin Justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Osvaldo Ponce de León Premio Lucha Contra la Violencia Institucional 2021, Valeria Castillo concejal Villa Angela, Tere Cubells diputada provincial, Furia Travesti, Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Mala Junta, Frente Patria Grande, Multisectorial por la Memoria Sáenz Peña, Armando Redes Sáenz Peña, Alternativa Feminista Sáenz Peña, Comisión Permanente de Derechos Humanos, UTRE-CTERA, Movimiento Socialista Emerenciano, Agrupación Mujeres al Frente del M.S.E., Sindicato de Prensa del Chaco.
