La acción fue iniciada por una madre de una alumna y una docente para que se deje sin efecto la resolución de la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Sostienen que la medida es discriminatoria y viola la libertad de expresión, entre otros aspectos.
Martes, 14 de junio de 2022

Se presentó una acción de amparo en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Educación porteño que estableció que los/as docentes de todos los niveles escolares deberán evitar el uso de lenguaje inclusivo.
El texto de la resolución indica que los/as docentes “deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. Además, la resolución hacía referencia a un informe elaborado por tres áreas del Ministerio de Educación, que expresan que “Los usos del lenguaje en la enseñanza de la lengua en la educación no son terrenos donde los/as docentes puedan imponer sus preferencias lingüísticas particulares” y que “un adecuado desarrollo del lenguaje, facilita el aprendizaje, siendo éste la base del rendimiento escolar”.
El escrito presentado por una docente y una madre de una alumna sostiene el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretende “…restringir nuestros derechos (y de las demás personas afectadas) a la libertad de expresión al imponer una forma de comunicación profundamente discriminatoria hacia las personas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino, personas no binarias, a través de la “regulación” -que es de hecho una prohibición- del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de esta Ciudad”.
Además, expresaron que la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires protege la vulneración de derechos bajo el pretexto de “lengua, idioma o variedad lingüística… convicciones… filosóficas, ideología, opinión política… sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual…”, por lo que “negar e invisibilizar las expresiones e identidades sexo-genéricas que salen del modelo binario cis, debe ser tachada de discriminatoria”.
La causa cayó en el Juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Rosa Cilurzo.
Fuente: Palabras del Derecho