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El Gabinete Científico del Poder Judicial del Chaco cuenta con un área dedicada específicamente a la concreción de pericias sobre armas de fuego y municiones. Su director, Fernando Pereyra, acompañó a LITIGIO en esta recorrida en la que contó cuáles son las más utilizadas en hechos criminales en la provincia (donde en uno de cada tres homicidios interviene una escopeta, pistola o revólver) y por qué no recomienda que la gente tenga armas para “seguridad”. 

Viernes, 10 de junio de 2022

“Estoy a favor de la tenencia responsable y legítima de armas de fuego”, sostiene Fernando Pereyra, director del Gabinete Científico del Poder Judicial del Chaco.

Por Bruno Martínez 

Muchos ya lo saben, pero como dice Mirtha, el público se renueva: cuando tenía 22 años me dispararon. Fue en el sudoeste de Resistencia, una madrugada de mayo de 2006. Lo hicieron para robarme una moto. Me bajaron de un tiro mientras la manejaba. Que yo esté escribiendo estas líneas confirma que esta historia no terminó en tragedia.

En la investigación judicial de ese episodio determinaron que el disparo que ingresó en mi espalda, a un centímetro de la columna, y terminó justo por debajo de mis costillas era de un calibre 22. La bala, que atravesó el bazo, el riñón y que aún sigue en mi cuerpo, salió de una pistola Bersa que luego se le secuestró a la novia de uno de mis atacantes.

Hoy, en esta tarde de junio, estoy en el laboratorio de balística del Gabinete Científico del Poder Judicial del Chaco, en la ruta nacional 11 casi 16, viendo municiones similares. Doradas, con punta redondeada. Brillosas. De cierto modo, un tanto retorcido, son hasta agradables a la vista. Pienso que es increíble cómo algo tan pequeño, que se puede tomar con dos dedos, tenga el potencial de hacer tanto daño, de terminar con una vida. Y sin embargo.

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Fernando Pereyra es el director del Gabinete Científico. Tiene 59 años y una sonrisa constante. Ancho, la campera azul, el cabello entrecano prolijo, la afeitada al ras. A primera vista parece un policía bonachón. De hecho, antes lo era. Tras recibirse en 1990 de licenciado en Criminalística, ingresó al año siguiente a la policía del Chaco, en la División Criminalística. En 2007, rindió el concurso para conducir el Gabinete Científico y desde entonces es jefe de departamento de esta dirección que incluyen a las áreas de balística, documentología, accidentología, dactiloscopía e informática forense, todas dependientes del Ministerio Público Fiscal del Chaco.

Pereyra muestra a LITIGIO tres oficinas. La primera es la suya: pequeña y un tanto desordenada. En realidad es sólo el desorden mismo que genera a la vista la acumulación de escopetas y rifles en el piso. Todas, vale aclarar, están foliadas en la culata. Detrás de su escritorio, en la pared, hay tres fusiles: un Tower Avancarga, un Remington Rolling Block y un Máuser. Son las primeras armas largas del ejército nacional. A un costado, también colgado, está enmarcado un cuchillo del Grupo Halcón de la Policía de Buenos Aires y más allá, sobre una mesa, chalecos antibalas con la leyenda “Poder Judicial”.

La otra oficina la ocupa exclusivamente un macroscopio de comparación balística. Y la tercera es las más amplia. Acá hay de todo: revólveres y pistolas desarmadas, muestras de distintos tipos de balas de plomo, muestras de distintos tipos de cartuchos de escopeta, maquetas con ejemplos del daño que provoca en el cuerpo humano un proyectil, instrumentos de medición y pesaje y también diversos estilos de “tumberas”, armas de fabricación casera populares en el mundo del hampa por ser económicas y clandestinas.

Un arma de fuego se puede construir casi con cualquier cosa. Sólo tiene que tener algo que funcione como cañón y recámara y un elemento punzante que pegue en el centro del culote del proyectil, donde está el iniciador que produce el estallido y genera el proceso de disparo.

En esta oficina se ven varias tumberas que fueron secuestradas en diversos allanamientos y que están hechas con materiales de los más variados como cuadros de bicicletas, caños de luz, caños galvanizados, restos de un amortiguador de una moto y una llave sacabujías. Hay un video en Youtube publicado hace 11 años donde se lo ve a un joven Pereyra mostrando el poder de fuego de una mini tumbera que le fue incautado a un preso en la Alcaidía de Resistencia. El arma era tan sólo un tubito de metal de unos 10 centímetros. Disparaba balas calibre 22.

―¿Qué clase de armas son las que más se ven en hechos delictivos en el Chaco?

―Se ven muchas escopetas. Pistolas que han formado parte de las fuerzas armadas o de seguridad y que fueron robadas. También las armas de fabricación casera. Por lo general las de buena calidad, que son costosas, no son muy frecuentes en el ámbito criminal.

―¿Está de acuerdo con la tenencia de armas?

―Sí, estoy a favor de la tenencia responsable, legítima. Yo formé parte de la policía de la provincia durante 15 años. Siempre fui tenedor, portador y estoy habilitado como instructor de tiro por la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar).

―En el Chaco, ¿hay muchos accidentes caseros vinculados con armas de fuego?

―No son tan frecuentes.

―Qué le recomienda a la gente que dice: “Me voy a comprar un arma para tener más seguridad”.  

―Como funcionario policial e instructor de tiro, digo que no es la solución. Tener un arma de fuego es una responsabilidad civil y penal. A veces no se tiene conciencia de eso. Quien quiere tener un arma de fuego como una herramienta para combatir la inseguridad y no está capacitada y entrenada, puede terminar siendo objeto más de una desgracia que de una solución.

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Casi uno de cada tres homicidios que se producen en el Chaco son por armas de fuego. Según informó el Ministerio de Justicia de la Nación, durante 2020 se produjeron 106 asesinatos en la provincia, de los cuales en 32 intervino un revólver, pistola o armamento similar. La cifra está por debajo de la media nacional: en todo el país, fue utilizada un arma de fuego en el 50% de los crímenes.

De acuerdo a los datos que brinda el periodista Enrique Pfaab, en el Diario Uno de Mendoza, hay más de millón y medio de armas registradas ante la ANMAC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles. Se estima que hay otra cantidad similar de armas ilegales y/o no registradas. Algunas estadísticas indican que por día mueren entre 7 y 8 personas por disparos de arma de fuego en el país. Uno de cada cuatro femicidios son cometidos con ellas.

¿Esto significa que es fácil acceder a un arma en Argentina? De manera legal, no lo es. Para esto es necesario cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, se debe contar con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y luego con el documento de Tenencia de Armas.

Acceder al CLU no es sencillo. Hay que ser mayor de 21 años; tomar clases de idoneidad en el manejo de armas de fuego en una entidad de tiro habilitada; realizar los exámenes psicofísicos; tramitar el certificado de antecedentes penales; probar medios de vida lícitos; declarar un domicilio de guarda de las armas y pagar un canon relativamente económico.

La credencial de legítimo usuario tiene un plazo de vigencia de 5 años y se debe renovar 90 días antes de su vencimiento. Pasado este lapso, se deberá pagar una multa. Con el CLU se puede gestionar la tenencia de armas de fuego, que es la constancia que permite tener un arma, transportarla descargada, sin ninguna munición y utilizarla con fines lícitos (como deportes o caza).

Las municiones tampoco son de venta libre. Para comprar balas se debe contar con la Tarjeta de Control de Consumo de Munición. Para solicitar esta tarjeta se requiere la CLU vigente, tenencia del arma para la cual se requieren esas municiones y el pago de un canon de escaso valor. Se debe solicitar una tarjeta de consumo de municiones por cada calibre que se tenga. Si el portador del arma forma parte de Fuerzas Policiales o de Seguridad se debe contar con una autorización especial.

El acopio de municiones es un delito. Por eso el número de proyectiles que se pueden comprar es limitado, aunque las cantidades autorizadas son relativamente altas. Dependiendo del arma con que se cuente, se autoriza la compra y tenencia de mil municiones por calibre (si es de uso civil y uso civil condicional) y de 2.500 municiones, en caso de ser una escopeta o un calibre .22LR.

Argentina está en sintonía con el resto de los países latinoamericanos en cuanto a una regulación restrictiva para el acceso a armas de fuego. En su artículo “Las políticas de control de armas pequeñas en América Latina”, (Revista Urbio, mayo de 2021), el politólogo uruguayo y especialista en políticas públicas de seguridad, Diego Sanjurjo, explica que todos los países de Latinoamérica imponen restricciones de edad, comprueban los antecedentes penales y demandan el pago recurrente de tasas y tarifas.

 

Sin embargo, en algunos países se piden algunos requisitos especiales. En México, los interesados en obtener una licencia deben haber completado el servicio militar, el cual es obligatorio para todos los hombres adultos, aunque un sistema de lotería selecciona a aquellos que realmente deben servir durante todo un año. En Jamaica, deben proporcionar dos cartas de recomendación que respalden un historial de buena conducta. En Venezuela, no se otorgan licencias sin haber contratado un seguro de responsabilidad civil. Y en Cuba, el solicitante debe demostrar una conducta que sea “coherente con las reglas sociales de convivencia socialistas”.

Totalmente opuesta a esta política de desaliento se encuentra EEUU donde la legislación para el acceso a las armas de fuego es más laxa. Para obtener una licencia, sólo es necesario ser mayor de edad, no tener enfermedades mentales graves y no ser un delincuente condenado o fugitivo.

Esta facilidad para adquirir armas se basa en la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana, redactada en 1789 por James Madison, uno de los “padres fundadores”. La misma establece que cada ciudadano estadounidense tiene derecho a comprar, portar y usar un arma de fuego. Actualmente, en EEUU, donde habitan más de 330 millones de personas, existe un estimado de 390 millones de armas en manos civiles, la cantidad más alta per cápita del mundo.

En EEUU hay más tiroteos masivos que días del año. Esto es lo que sucede desde 2019 según el registro que lleva la organización Gun Violence Archive. En 2019 fueron 417; en 2020, 611; en 2021, 692 y en lo que va de 2022 se produjeron 213.  Una de las últimas masacres ocurrió en Texas donde Salvador Ramos, un adolescente de 18 años, asesinó a tiros a 19 niños y dos profesores en una escuela primaria. Días antes de la matanza, Ramos había comprado legalmente dos rifles de asalto tipo AR-15 y 375 rondas de municiones.

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Cuando Pereyra me dijo que había un polígono de tiro en el predio del Gabinete Científico pensé en algo amplio, con más producción. La verdad es que ahora me siento un tanto estafado.

Lo que veo es un oscuro pasillo de unos 15 metros de largo, sin techo, con troncos de palmas que recubren las paredes a modo de revestimiento. Al final del pasillo está el blanco para los disparos: un chapón cuadrado de metal grueso de unos 30 centímetros de alto por 25 de lado, que cuelga de dos cadenas. Atrás hay una gran plancha de acero instalada a 45 grados que evita que las balas salgan al exterior o reboten en la misma dirección.

 

Todo parece bastante precario, pero Pereyra explica que no lo es ya que la misma ANMAC lo aprobó. Aclara que esto no es un polígono sino una línea de tiro y que el hecho de que sea destechado es bueno porque de este modo los gases tóxicos que se generan en cada disparo se disipan rápidamente. De lo contrario, tendría que instalarse un costoso sistema de extracción de aire y filtración. Los troncos, explica Pereyra, contienen las esquirlas.

En este lugar se realizan pruebas de tiro en condiciones similares a las reales, algo que sirve para recuperar el material testigo y también constatar el funcionamiento de las armas secuestradas.

―¿Recordás ahora algún caso en el que participaste como perito y que te haya sorprendido de algún modo?

―Estaba recordando el caso de (Claudia) Franco en Charata.

―La mujer que encontraron asesinada y calcinada en mayo de 2015.

―Sí. El cuerpo apareció incinerado en un camino vecinal que une Charata con Las Breñas. En primera instancia se realizó la detención de su expareja que era un boxeador. Luego las investigaciones fueron aportando distintos elementos. Se fueron haciendo pericias balísticas, de reconstrucción, informáticas y se terminó imputando y luego condenando (a 26 años de prisión) una compañera de trabajo (Luciana Alvarenga y también a Darío Cabrera, quien recibió la pena de 12 años de prisión por ser partícipe secundario). Ellos quisieron quemarla para deshacerse el cuerpo. Nosotros ahí pusimos en práctica muchas cuestiones periciales como ver que el lugar de hallazgo no era el lugar del crimen. Se pudo identificar mediante un kit de luces forenses que permite saber en qué baúl de qué vehículo fue transportado ese cuerpo. Se hizo la pericia a los celulares. Una de las imputadas quiso operar el celular de la víctima y después lo descartó. Se hizo el estudio de antenas. Ahí vimos que era tan relevante desde el primer actor que es el personal policial que acude cuando llaman al 911 hasta los peritos de Charata.

―¿Tenía algún disparo?

―Sí, un disparo de ingreso y salida. La bala quedó dentro en un porta anteojos que estaba en una carterita de la víctima. Era un proyectil calibre 22, de la marca Remington que es de muy buena calidad. Por lo general no suele tener entrada y salida. El proyectil pudo ser identificado con el arma que se secuestró, que era de la imputada.

―¿Qué grado de dificultad hay para determinar el calibre de un proyectil cuando no está la bala? 

―Muchísima. Cuando medimos un orificio en una chapa, en una madera o en un vidrio, no me permite inferir a mí el calibre si uno no tiene la vaina. Un ejemplo que damos siempre es que si tengo un orificio de 9 milímetros de diámetro un puede llegar a inferir que era una pistola de ese calibre. Pero puede ser también un revólver 38 corto o largo, uno 357 Magnun o una pistola 380, porque todos tienen bala de 9 milímetros de diámetro. Así que todos harían más o menos el mismo orificio. Y todo eso se hace más complejo cuando ese análisis se lo requiere hacer en un estudio de autopsia. La piel humana es flexible y entonces, por lo general, los orificios son de un diámetro inferior al proyectil que lo generó.

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Cae el atardecer y se acerca el final de esta nota. Mientras comienza a ponerle llave a las puertas de la línea de tiro y al taller armero, que está justo al lado, Pereyra dice que cuando llueve mucho y el polígono que tiene la Policía del Chaco en Colonia Benítez está muy embarrado, los agentes suelen venir aquí. De todos modos, reconoce con cierta preocupación que los uniformados chaqueños tienen escasas prácticas con armas de fuego. En su mayoría, saben muy poco sobre cómo utilizarlas de manera correcta. Y eso es particularmente inquietante para el resto de la sociedad.

De hecho, este fue el fundamento principal de un polémico fallo firmado por la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dolly Fernández, al absolver al cabo Fernando Follmer, quien asesinó por la espalda a Benjamín Fernández, en un hecho ocurrido en agosto de 2018. Dijo que Follmer no era un hábil tirador, que no tenía intención de matar y justificó su supuesta mala puntería al considerar que la formación de la policía chaqueña en este sentido era “deficiente y paupérrima”. Esa sentencia, vale decir, está siendo revisada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que deberá ratificarla o anularla.

“Desenfundar un arma tiene que ser el recurso final y cuando uno lo hace debe hacer un uso profesional”, sostiene Pereyra. Y concluye con un viejo axioma que se escucha en la escuela de la Policía Federal en Buenos Aires: “Si yo no soy un profesional a la hora de usar mi arma puedo perder mi vida o mi libertad”.


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