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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) celebró la adopción de un nuevo protocolo para el uso de dispositivos electrónicos en la provincia del Chaco y llama al resto de las jurisdicciones a adoptar medidas similares con el objetivo de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Jueves, 9 de junio de 2022

A través de un comunicado, el organismo recordó que el pasado 23 de mayo el Ministerio de Seguridad y Justicia habilitó el uso de dispositivos electrónicos en todas las dependencias policiales y unidades penitenciarias de la provincia.

“Dicha medida tiene como objetivo garantizar el efectivo goce de derechos convencionales y constitucionales de las personas privadas de su libertad tales como el contacto con familiares y personas allegadas, el desarrollo de actividades educativas y culturales y el acceso a la información sobre la situación procesal”, indicaron.

“La decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Seguridad y Justicia considerara como exitosa la experiencia del ingreso de telefonía celular durante la vigencia de las restricciones a las visitas por la emergencia sanitaria del COVID-19. En esa oportunidad, y siguiendo la Recomendación N° 6/20 del CNPT, se había habilitado el uso de estos dispositivos como una medida compensatoria frente a las restricciones”, destacaron.

Además señalaron que ante la evolución de la situación epidemiológica y la disminución significativa de los contagios, “destacamos la labor del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco que instó a las autoridades a la elaboración de un nuevo protocolo a partir del cual debía habilitarse el uso de dispositivos electrónicos no ya como una medida de compensación sino como una herramienta autónoma e independiente, que posibilite a las PPL el acceso a otros derechos fundamentales en miras a la reinserción social”.

“A su vez, las autoridades entendieron que el uso de dispositivos electrónicos había sido una herramienta útil en la prevención de casos de tortura y malos tratos por permitir el contacto directo de las PPL con la Defensa Oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Comité Local”, afirmaron.

“Esta nueva Resolución va en línea con lo señalado por el CNPT en el Informe “Impacto del COVID-19 en lugares de encierro de la República Argentina (2020-2021)” respecto a la necesidad de continuar con la vigencia de este tipo de medidas que resultan fundamentales para garantizar el mantenimiento de vínculos familiares y sociales de las PPL así como también el acceso efectivo a la educación, especialmente en el contexto actual en el que se advierte la falta de criterios uniformes en las modalidades de las visitas y el dictado de clases”, finalizaron.


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