Al cumplirse dos años de los hechos de violencia institucional sucedidos en Fontana donde, tras una serie de allanamientos ilegales, fueron detenidos de manera arbitraria y violentados un grupo de jóvenes Qom, LITIGIO dialogó con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, organización de alcance mundial que monitorea el caso. Dijo que la causa debería ser caratulada como “torturas” y señaló que este tipo de hechos demandan medidas urgentes para “combatir la violencia discriminatoria contra los pueblos indígenas”.
Lunes, 6 de junio de 2022
Por Bruno Martínez
Un brutal video grabado mediante un celular recorrió las redes sociales, portales de noticias y llegó hasta el mismísimo presidente de la Nación. “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables”, escribió Alberto Fernández en twitter el 2 de junio de 2020. Era la cuarentena estricta y los cuestionamientos hacia los abusos policiales en todo el país se propagaban al ritmo de la pandemia. Este episodio fue un quiebre.
El 31 de mayo de 2020, un grupo de policías irrumpió a las patadas en una casa del barrio Banderas Argentinas, de Fontana, y se llevaron detenidos a cuatro adolescentes del pueblo Qom (entre ellos, una menor). Los acusaban de arrojar piedras a la comisaría, algo que nunca se pudo probar.
Dentro de la unidad policial, continuaron los golpes de puño y patadas. En todo momento, los insultaban y hacían referencia a su ascendencia indígena. Les arrojaron alcohol y amenazaron con prenderlos fuego. Incluso una de las detenidas denunció un hecho de abuso sexual por parte de un agente. Tras más de 10 horas presos, fueron liberados.
El hecho fue denunciado y se abrió una causa que marcha hacia el juicio oral, con diez policías imputados por los delitos de vejaciones y encubrimiento agravado. A dos años de aquel violento episodio, LITIGIO entrevistó a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, organización de alcance mundial que se involucró especialmente en el caso. De hecho, se sumaron a la causa en carácter de amicus curiae (amigo del tribunal) desde donde apoyaron el cambio de carátula solicitado por las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura, la secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría General para que sean imputados por el delito de “tortura”. Por pedido del área de prensa de la ONG, las preguntas y respuestas fueron hechas vía mail.
―¿Cuál es el aporte que hace Amnistía a la causa desde su posición de amicus curiae?
―En febrero de este año nos presentamos como amicus curiae en el expediente judicial a efectos de brindar aportes de derecho internacional de los derechos humanos para que sean tenidos en cuenta al momento de analizar y calificar legalmente los hechos, en virtud de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para prevenir y sancionar la tortura. Es fundamental que los acontecimientos sean investigados a la luz de la obligación del Estado de prevenir, investigar, y sancionar apropiadamente el delito de tortura debido al sufrimiento físico y psicológico denunciado por las víctimas. Pasaron dos años y los jóvenes aún sufren consecuencias. Desde que en Amnistía Internacional tomamos conocimiento de los hechos, nos encontramos observando el proceso judicial contra los agentes involucrados para contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. Además, hicimos un diario de juicio que documenta el proceso judicial en la causa y, acompañamos a la familia. El año pasado, visitamos a las víctimas y familia en la localidad de Fontana.
―¿Por qué desde Amnistía se reclama la inclusión del delito de tortura a la serie de delitos por los que ya están imputados los 10 policías de la comisaría tercera de Fontana?
―Esto ha sido solicitado en reiteradas oportunidades por las víctimas y las querellas. Desde nuestra organización resaltamos la importancia de que los hechos se califiquen como tortura para mostrar el máximo compromiso del Estado con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
―Pasaron dos años. ¿Cuál es la justificación que ustedes encontraron desde la Justicia para que se produzca esta demora en el avance hacia un juicio oral? ¿Qué actitud ven que muestra el gobierno provincial para avanzar en el esclarecimiento del hecho?
―La causa que investiga la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Chaco se encuentra esperando por su elevación a juicio oral. Hubo diversas dilaciones en virtud de la ausencia de imputación de algunos agentes que han participado en los hechos y la ausencia de calificación de los hechos como tortura. Desde Amnistía Internacional nos hemos reunido con las autoridades provinciales, tanto con el Ministerio de Seguridad como con la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros y nos hemos puesto a disposición. Las autoridades han tomado medidas para evitar que estos hechos puedan repetirse. Sin embargo, la violencia institucional es una cuestión compleja que requiere medidas integrales, coordinadas entre todos los actores involucrados y un compromiso a largo plazo. La jueza interviniente había dictado la “falta de mérito” contra el único policía investigado. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones, por lo que el agente policial se encuentra imputado por los hechos que terminaron con la muerte de Josué. Reclamamos una investigación independiente, imparcial y efectiva que esclarezca los hechos que provocaron la muerte de Josué Lagos y determine de manera urgente las responsabilidades del caso. En este caso de violencia institucional nos hemos puesto a disposición de la querella del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco ante posibles acciones que puedan requerirse para garantizar una investigación eficaz y urgente de los hechos.
―Cuando sucedió el crimen de Josué Lago, el joven Qom asesinado el año pasado por un disparo policial en la localidad de San Martín, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acusó a la policía del Chaco de tener una sistemática actitud “racista” contra las comunidades indígenas de la provincia, tanto por la violencia de los operativos en donde están involucrados los pueblos originarios como por el hostigamiento que sufren regularmente los jóvenes. ¿Comparte esta apreciación?
―Desde Amnistía Internacional venimos relevando con preocupación cómo se profundizó la discriminación y violencia que históricamente atraviesan los pueblos originarios. Casos emblemáticos han sido la violencia sufrida por la familia qom en Fontana y la represión y asesinato de Josué Lagos, entre otros en todo el país. En muchos casos la violencia institucional se encuentra vinculada a prejuicios discriminatorios y a prácticas o actitudes racistas por parte de las fuerzas de seguridad dirigidas a comunidades indígenas. Ambos casos involucran actitudes racistas y discriminatorias ante insultos y agresiones explícitas por la pertenencia de los jóvenes de Fontana a una comunidad indígena o la violencia del operativo de seguridad basado en actitudes discriminatorias contra las mismas en el caso de Josué. Estos hechos demandan medidas urgentes, integrales y coordinadas de todas las jurisdicciones del país para combatir la violencia discriminatoria contra los pueblos indígenas.
