Se realizó una nueva reunión de la mesa de trabajo interpoderes por la situación de las personas detenidas en el Chaco. La misma está conformada por el Comité para la Prevención de la Tortura y representantes de los tres poderes del Estado. En esta ocasión se abordó la prisión preventiva y sus criterios de aplicación, el otorgamiento de la prisión domiciliaria, la utilización de pulseras duales y electrónicas, y otras medidas alternativas de morigeración de penas.
Sábado, 28 de mayo de 2022
Convocada por el Comité para la Prevención de la Tortura Chaco, se realizó una nueva reunión de la mesa interpoderes por la situación de las personas privadas de libertad en el Chaco. De la misma participaron representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
En esta oportunidad se trataron los criterios de utilización de la prisión preventiva; los proyectos presentados en la Legislatura y estado de los mismos; criterios de otorgamiento de prisiones domiciliarias y la evaluación del funcionamiento del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y otras medidas sustitutivas al encierro. El próximo encuentro será en 30 días.
Participaron del encuentro la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; Kevin Nielsen, Silvina Canteros, Darío Gómez y Ariela Álvarez, por el Comité para la prevención de la Tortura; la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Isabel Grillo; la Defensora General, Alicia Alcalá; la diputada provincial, Alicia Azula y la Directora del Servicio Penitenciario Provincial, Gilda Maidana, entre otros.
La mesa interpoderes por la situación de las personas privadas de libertad es un espacio de diálogo para abordaje multiagencial de la situación de las personas detenidas en el ámbito de las comisarias y del servicio penitenciario.
El 29 de diciembre del 2021 el Gobernador de la Provincia decretó la emergencia en las condiciones de detención por el plazo de un año en virtud de la situación de superpoblación en dependencias policiales.
Actualmente se encuentran detenidas en dependencias policiales 1403 personas, habiendo cupo para 546, lo que provoca una situación de hacinamiento que debe abordarse de manera conjunta con compromiso de los tres poderes del Estado.
“Esta mesa funciona desde 2016 y es lo más parecido a una política de Estado sostenida respecto a la situación de las personas privadas de la libertad”, explicó Nilsen en declaraciones a LITIGIO. “Esto fue convocado en un principio por la Defensoría General Adjunta, en virtud de una serie de sentencias de hábeas corpus tanto por la situación carcelaria respecto de la Alcaidía de Resistencia y después se amplió a las personas privadas de la libertad en las comisarías”, añadió.
“Este año somos convocantes desde el Comité rediseñando el diálogo en base a un sistema de metas, de corto, mediano y largo plazo. Y que cada reunión tenga temas específicos a tratarse”, remarcó Nilsen.
