Alicia Alcalá es Defensora General del Chaco desde 2016, tras lo que fue el desdoblamiento del Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal. En esta entrevista con LITIGIO, se refirió a la inviabilidad de la ley de narcomenudeo, las comisarías abarrotadas y la necesidad de apelar a métodos alternativos a la prisión preventiva. También habló sobre los escasos recursos que maneja la Defensoría General. “En un Estado democrático, tanto la parte acusadora como la que defiende, deben tener un piso mínimo de igualdad, algo que nosotros no tenemos”, afirmó.
Miércoles, 25 de mayo de 2022
Por Bruno Martínez
Alicia Alcalá pregunta si cierra o no la ventana de su oficina. El ruido del tránsito en la esquina de las calles Brown y López y Planes, en el centro de Resistencia, es una presencia constante, aunque tampoco insoportable.
Mientras la cierra, dice que por la mañana es peor, más aún cuando se realizan manifestaciones. Los destinatarios de esos reclamos son casi siempre el Superior Tribunal de Justicia (ubicado en el edificio que está en diagonal) y la Procuración (que comparte locación con la Defensoría).
Confiesa que lo que más lamenta de estas protestas es que terminan afectando a las personas internadas en el Sanatorio Chaco, justo en frente. Piensa en los que están en terapia. “Como generalmente están perdidos en el tiempo y en el espacio, los ruidos los alteran mucho”, dice y exhala una tristeza resignada.
Especialista en Derecho de Familia y mediación mediante métodos alternativos de resolución de conflictos, Alcalá juró como Defensora General del Chaco el 7 marzo de 2016. Fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura provincial luego de atravesar el concurso público de oposición y antecedentes prescripto por la ley 7321 sancionada en noviembre de 2013 mediante la cual se desdobló el Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal. Antes de eso, se desempeñaba como jueza suplente del Juzgado del Menor de Edad y Familia 4. Y mucho antes de eso, en 2000, ingresó al Poder Judicial, también por concurso.
En esta entrevista de 40 minutos con LITIGIO, son dos los temas que Alcalá preferirá no hablar a micrófono abierto: por un lado, su postura sobre de la despenalización de la marihuana y, por otro, una idea que tiene respecto de cómo administrar el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, lugar desbordado por la violencia.
Sobre lo demás, responderá casi sin filtros. La inviabilidad de la ley de narcomenudeo, las comisarías abarrotadas y la necesidad de apelar a métodos alternativos a la prisión preventiva, son algunos.
Hay cosas, muchas, que no le gustan respecto del funcionamiento de la Justicia. Entre esas, el rol casi secundario que le toca al Ministerio Público de la Defensa, dedicado a brindar representación legal a aquellos imputados que no se pueden costear un abogado. De la reconstrucción de sus dichos, pareciera referirse a la institución que conduce como el pariente pobre de la familia judicial: casi sin recursos humanos ni tecnológicos, hace lo que puede con lo que tiene.
―En una entrevista reciente dijo que se tendría que revisar la política criminal de la provincia. No dejarla sólo en manos del Poder Ejecutivo y la Procuración, sino que también debería tener intervención la Defensa Pública y el Superior Tribunal de Justicia. ¿Por qué dijo esto?
―En las cuestiones de las personas privadas de su libertad intervenimos todos esos actores durante el proceso penal y después de terminado el proceso penal, en la ejecución de la pena. Y la política criminal debe abarcar no sólo la represión y el castigo a la persona infractora, sino también tiene que comenzar desde la prevención. La prevención es la pata fundamental en una política criminal y en eso tenemos que estar todos. No reducir todas las situaciones exclusivamente a la prisión preventiva. Tenemos que buscar alternativas que existen en los códigos procesales. Ahora hay instrumentos electrónicos como para poder hacer efectiva una pena, pero no necesariamente siempre privando de la libertad, sabiendo que la persona que queda privada de su libertad muy rara vez sale resocializado.
―¿Y por qué habló del Superior Tribunal?
―Porque es la máxima autoridad de los jueces de ejecución. Entonces los jueces de ejecución también juegan un rol muy importante durante la ejecución de la pena, en los permisos, en los beneficios. Todo eso tiene que reverse. También el tema de las prisiones preventivas, ver las situaciones de la fiscalía de género porque en este momento hay muchos ingresos a prisión preventiva por delitos en razón del género. Entonces también se tendrían que ver si son genuinos o si no lo son. Articular rápidamente. Sé que esta gestión del Poder Ejecutivo ha sancionado y sacado protocolos para poder articular con el Poder Judicial, pero me parece que los tiempos son muy lentos y hay situaciones que arden, que explotan.
―¿Usted está diciendo que hay un exceso en las detenciones de personas denunciadas por violencia de género?
―En algunos casos, sí.
―¿Podrían resolverse de otro modo?
―Creo que hay que poner en actividad el tema de la oralidad. Recientemente nos invitaron a participar porque se comenzó a trabajar de nuevo en la reforma de nuestro Código Procesal Penal. Creo que hay que darle un impulso muy fuerte a la oralidad porque ante el juez de Garantías se pueden resolver muchas situaciones en audiencias, como sucede casi siempre, en distintos fueros. En Argentina estamos muy arraigados al trámite en papel y eso que la provincia avanzó mucho en el tema de la oralidad. Y justo en esta coyuntura que se va a reformar el Código Procesal Penal habría que tomar en cuenta esas posibilidades. Los medios alternativos, resolución de conflictos, la justicia restaurativa, la utilización de los medios electrónicos para el control de la víctima y el victimario. En este momento tenemos muchos recursos que debemos aprovecharlos.
―El instituto de la conciliación, ¿se está aplicando en la Justicia del Chaco?
―No se ocupa mucho. Cuando yo era jueza Penal Juvenil sí lo ocupaba. Es una particular situación la del adolescente que infringe la ley penal y la verdad que con la víctima que aceptaba la conciliación hemos tenido buenos resultados.
―¿Por qué no se utiliza entonces en el resto de los juzgados?
―No sé. Esas preguntas se las podés hacer al Procurador o a los fiscales. Por supuesto que hay delitos en los que está prohibida todo tipo de conciliación. Pero hay otros en los que es posible la conciliación y todo el tema de la justicia restaurativa que es muy importante. Es otra visión de la composición del conflicto social.
“Lo que sucede en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña es realmente grave. Argentina podría terminar con otra condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
―La justicia restaurativa apunta más a reparar el tejido social que en aplicar un castigo, una pena. ¿Hay cierto prurito para aplicarla en la justicia chaqueña?
―Puede ser. A la justicia restaurativa le está costando hacerse un lugar. Lo hace a los codazos como la Defensa Pública. Yo creo que es porque son institutos nuevos. No podemos continuar con lo que aprendimos en la facultad o lo que hacemos sólo porque lo seguimos haciendo. Hay que abrir la cabeza.
―¿Cómo considera que el discurso de los medios influye en el pedido de mano dura?
―Los medios influyen, terriblemente. Muchas veces veo hasta en los canales nacionales que se dice una cosa que no es acorde a derecho, para nada. Y tiene un impacto en la sociedad que a veces produce efectos que no son los mejores. Hay una responsabilidad muy grande del periodismo en todo esto.
―¿Hay muchas falencias de los medios para comunicar estas cuestiones?
―Muchas falencias. Es como que a veces el sensacionalismo gana en algunas situaciones en las que habría que ser más cuidadoso.
―Antes mencionó que hay que apuntar más a la prevención que a la punición. Y la media de la gente tiene la imagen de la “prevención” como un policía que hace la ronda en la cuadra. ¿Cuál es el sentido que usted le da a esa palabra?
―Eso es una prevención policial. Pero cuando yo hablo de prevención en una política criminal de Estado hablo de prevención a nivel social y comunitario, en la formación, educación. En nuestra Ley de Seguridad Pública, que es muy buena, la palabra “prevención” es empleada en 19 oportunidades. Me tomé el trabajo de contarlas porque me llamó la atención. La gente cree que la prevención es el policía. Y no lo es porque nunca va a haber la cantidad necesaria para recorrer una ciudad, y más cómo está creciendo nuestra ciudad. Cuando hablo de prevención me refiero a otras cuestiones en el que el Estado debe estar presente desde la niñez. Una persona que pasó por falta de alimentación, que no fue a la escuela, totalmente excluida de la sociedad, tiene muy pocas posibilidades de no encontrarse con el delito.
―¿Ese panorama usted lo vio cuando estuvo en el juzgado del Menor de Edad y Familia?
―Absolutamente. Nosotros en el juzgado trabajábamos el expediente penal, que era el proceso, y el expediente proteccional, que era la vida del chico: ahí estaba el seguimiento que hizo el Estado de ese chico. La mayoría dejaban la escuela en cuarto o quinto grado, eso era una constante. Problemas de graves de salud, de consumo de estupefacientes, pobreza extrema. Este es un fenómeno que sé da no sólo en el Chaco. Sé que estamos atravesando una crisis muy grande, pero los Estados no están apuntando a la prevención. Cuando era jueza, fui a una charla dictada por un profesor de Colombia que contaba que en un barrio de una ciudad se les ocurrió hacer una biblioteca vidriada. Eso cambió la vida de los chicos. Porque desde afuera podían ver, estaba integrada al barrio. Decidir entrar a una biblioteca no es sólo entrar a leer. Es aceptar la norma del silencio, el espacio que me corresponde a mí. Un montón de normas que quizás para una persona que está acostumbrada, ni se da cuenta. Pero para estos chicos que justamente la norma social o familiar no está internalizada, es muy importante.
―Le cambio de tema. En el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña la situación es preocupante. Murieron dos personas en dos meses y las peleas entre presos con armas blancas se repiten. Hay agentes y funcionarios penitenciarios que fueron denunciados por inacción o hasta incluso por promover estos enfrentamientos. ¿Qué está pasando ahí?
―Justamente salió la sentencia de nuestro hábeas corpus. En relación a lo que pasa en ese lugar, como siempre, hay hacinamiento y distintas cuestiones, pero pienso que hay una falta de cuidado del Estado en su posición de garante. Porque los hechos que se produjeron fueron muy graves y no puede ser que nadie escuche nada, que nadie sepa nada, que no anden las cámaras de seguridad. Creo que hay un descuido, vamos a decirlo así, en la posición de garante que tiene el Estado. Esto es realmente grave, porque no se dan cuenta que podemos llegar a una condena más de la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que no advierten que hay que tomar medidas respecto de eso.
―Tengo entendido que en octubre había salido un hábeas corpus para el Complejo Penitenciario, pero los hechos de violencia continuaron. ¿Se aplicó esa sentencia?
―Parecería que tuvo poco seguimiento.
―Hablando de intervenciones, la Defensa recientemente estuvo presente en el juicio por jurados por el crimen del periodista Marcos Misiaszek, en el cual se condenó a dos personas a prisión perpetua. De esa labor de la defensa, me gustaría que me cuente un hecho particular que ocurrió ahí que fue la contratación de un psicólogo forense en el proceso de selección del jurado, algo poco usual. Esta contratación, vale aclarar, se dio mediante un convenio de pasantías con una universidad privada. ¿A qué responde esta estrategia?
―La Defensa tiene que recurrir a esos recursos externos, ad honorem y gratuitos porque estamos en una disparidad de armas absoluta con la parte acusadora.
―¿Por qué?
―El Gabinete Científico que pertenece al Poder Judicial está a cargo del Superior Tribunal y del Procurador. Nosotros no tenemos injerencia en eso y si necesitamos utilizar algún profesional o alguna prueba, hay que pedirle permiso en la etapa de investigación al fiscal. Entonces, en el juicio por jurado la defensa pública no tiene peritos y no tiene cómo pagarlos. En contraposición a una acusación que tiene todo. O supongamos que hay una querella que la lleve adelante un abogado privado, también tiene acceso a pagar a sus propios peritos. Nosotros, nada. Entonces, lo que estamos haciendo hasta ahora, porque no sabemos hasta cuando nos van a ayudar, es convocar a ciudadanos que quieren colaborar con nosotros. Este planteamiento nosotros ya lo hicimos en dos o tres oportunidades al Superior Tribunal. Nos contestaron que pasaron a estudio. Esta situación siempre existió, pero como ahora están los juicios por jurado que son abiertos y todo el mundo los ve y son casos resonantes, es como que queda más visibilizada esta problemática. No sólo el tema pericial, sino que la Defensa Pública del Chaco es la única de todo el país que no tiene secretarios ni pro secretario. No tenemos una estructura de cargos. Es decir que está solo el defensor/asesor con sus empleados, a los que debo reconocer el compromiso por ayudarlos. Pero, por ejemplo, le toca un juicio por jurado o una audiencia, tiene que dejar su defensoría a cargo del empleado que esté, y ojalá que no esté de turno. Todo eso hace a la disparidad de armas. En un Estado democrático, tanto la parte acusadora como la que defiende, deben tener un piso mínimo de igualdad, algo que nosotros no tenemos.
“La Defensa tiene que recurrir a recursos externos ad honorem porque estamos en una disparidad de armas absoluta con la parte acusadora”
―¿Cuál sería la situación ideal para la Defensa?
―Nosotros hicimos un proyecto de ley de una estructura de cargos que elevamos al Superior Tribunal en 2017. Dos años después, en 2019, ingresó a la Legislatura un proyecto que crea los cargos de secretario para la Defensa Pública y ese es el que se va a tratar.
―Sigo la cuenta de Facebook de la Defensoría General donde suelen publicar algunas de las acciones que realizan. Y últimamente vi que están publicando las inspecciones que hacen en las comisarías del Área Metropolitana en donde se detectan hacinamientos con números elevadísimos. En la comisaría Séptima, por ejemplo, se constató que había 43 presos en un lugar para 16. ¿Hay solución para esto?
―Sí, se puede solucionar a través de los hábeas corpus. Estamos en conversaciones con el Ejecutivo que nos vienen diciendo que están por recibir fondos creo que del Banco Interamericano de Desarrollo y que están por invertir en el arreglo de las comisarías y en la ampliación de la alcaidía de Resistencia. Pero volvemos al tema del inicio porque está todo unido.
―¿Se refiere al uso excesivo de la prisión preventiva?
―Sí. Y esa situación que se mostró de una comisaría de acá se da en toda la provincia. Las comisarías del interior también están en estado deplorable y ahí se suma también la lejanía de las personas privadas de su libertad con sus familiares. Muchas veces no alcanza ni para la comida. Debo reconocer que hay muchos comisarios que ponen de su bolsillo para darles de comer.
―Es que tampoco las estructuras de las comisarías están hechas para tener detenidos. De hecho, está prohibido que los tengan.
―Sí. Pero bueno, se da esta situación. Además, en el interior en general la gente que está detenida es muy vulnerable económicamente.
―En noviembre charlé con el Procurador General, Jorge Canteros, y él aseguró que, por la situación en las comisarías, la provincia no pasaría una inspección de Amnistía Internacional. ¿Comparte?
―Por supuesto. Pero habría que ver qué hace la Procuración en todo esto.
―¿Cree que puede ser parte del problema?
―Y sí. Quisiera que nos sentemos todos los actores.
―¿Tiene diálogo con el Procurador?
―Sí, hablamos. Nos llevamos muy bien. Pero cada uno tiene su ámbito. A veces tenemos distintas visiones.
“En las comisarías del Chaco muchas veces no alcanza ni para la comida. Hay muchos comisarios que ponen de su bolsillo para darles de comer a los detenidos”.
―Hace un par de semanas, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, publicó un artículo muy duro contra la ley provincial 2304-N, también conocida como “de narcomenudeo”, que en 2015 desfederalizó parte de la ley de estupefacientes. Dijo que, por el costo que le significa al Estado, si no se reciben los fondos que en su momento prometió el gobierno nacional, no queda otra alternativa que derogarla porque directamente es inviable. ¿Coincide?
―Absolutamente. Esa ley ya estaba decidida sacarla en la anterior gestión de (el gobernador, Jorge) Capitanich. Yo participé en los debates parlamentarios, justamente porque yo era jueza de menores de edad y fui junto con la Asociación de Magistrados, que en ese momento estaba Gustavo Serrano y Omar Martínez. Estuvimos toda esa tarde exponiéndoles a los diputados todas las razones por las cuales no había que sancionarla. Nos dijeron: “Muy bien, muchas gracias”. Y al día siguiente se sancionó la ley, con todas las consecuencias que les dijimos que iban a pasar y que están sucediendo. Y con el agravante económico que significa para el Poder Judicial de la provincia. Jamás se recibió un peso de Nación y los reactivos son terribles.
―¿Los reactivos?
―Los reactivos para detectar las drogas. Todo eso está en dólares. Además, nosotros les dijimos que íbamos a criminalizar, primero, al que consume y, segundo, a todos aquellos que estaban en el último eslabón de la cadena del delito, que en general comercia porque no le queda otra. Y en esto, las más criminalizadas son las mujeres. Las penas son muy altas. Aparte, es muy fácil reemplazar al último eslabón de la cadena, porque se los meten preso y ese día ya hay otro que está haciendo lo mismo. Hay que atacar a los narcotraficantes. Contra esos hay que ir. No contra los últimos. ¿Qué hicimos durante los últimos años? Llenamos un pabellón en la alcaidía y (el centro de detención de) Villa Los Lirios, donde están las mujeres. Son personas que sólo son mulas. Y yo pregunto: ¿se bajó el narcomenudeo?
―¿Qué hay que hacer entonces con esta ley?
―Hay que derogarla, directamente. Que la agarre la Justicia Federal pero que se ocupe realmente de los traficantes.
―Respecto a esta cuestión, la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dijo que la ley de narcomenudeo provocó que se rompa la cadena investigativa del narcotráfico. “Se nos deprimieron totalmente los casos de investigaciones porque muchas veces se parte de un eslabón intermedio o bajo para seguir hacia los más altos”, sostuvo en una entrevista con LITIGIO.
―Si, terrible. Porque aparte en el medio también se arman cuestiones de competencia, que si viene a la provincia o si va al fuero federal. La Justicia Federal tampoco estaba contenta con esto. Y lo que pasa acá pasa en todas las provincias en las que se adhirió a esa ley. No hay una sola que tenga una realidad distinta.
“La ley de narcomenudeo criminaliza al que consume y ataca al último eslabón de la cadena del delito. Para mí, hay que derogarla y que el fuero federal se haga cargo”.
―En diciembre ocurrió un hecho inusual. El juez de Garantías, Juan Carlos Codina, demandó por una cifra millonaria a defensoras públicas por una nota periodística en donde se divulgó una presentación por violencia laboral que realizaron las funcionarias, que fue luego archivada por el Superior Tribunal. ¿Qué piensa de lo que ocurrió?
―No voy a hablar de la causa en sí porque está judicializada. Lo que sí te puedo decir, fuera de la causa, es que tanto el Poder Judicial como los otros poderes del Estado, tenemos que avanzar en el tema de la perspectiva de género y de la no violencia y acoso en el ámbito laboral. Yo estoy hablando de esto, dando charla desde el año pasado, desde que entró en vigencia el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que me parece un convenio espectacular. También lo que tenemos que hacer es reconocer que, dentro de los organismos del Estado, de las instituciones y de cualquier empresa privada, que hay violencia contra la mujer en razón de su género. El primer paso es reconocerlo y no negarlo, como muchas veces ocurre. Si uno no reconoce eso, no se puede avanzar. Yo he propuesto también al Superior Tribunal trabajar en un protocolo. La Defensoría General de la Nación tiene un protocolo muy bueno para estos casos porque no se puede dar el mismo tratamiento que una sanción disciplinaria. La víctima no puede ser desoída, ni descreída. Debe ser contenida y escuchada en un procedimiento aparte.
―¿Falta perspectiva de género en la Justicia del Chaco?
―Sí, falta. Hacer un montón de cursos obligatorios no te asegura tener perspectiva de género. Eso tiene que ser internalizado por la persona que asiste. Siempre que hablo de violencia en razón de género hago una distinción: no sólo se requiere asistir, escuchar, estudiar, sino que sí o sí tiene que haber una reflexión personal. Dar un paso personal que es único para cada persona, para cada ser humano. Si ese paso no se da, todo lo que podés aprender, entra por acá y sale por acá.
