Lo dijo el abogado querellante del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Emiliano Núñez. En el marco del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí y a días de que se den a conocer los alegatos finales, Núñez consideró que esta experiencia fue muy positiva para las comunidades indígenas del Chaco ya que pudieron transmitir ante un tribunal los padecimientos que sufrieron hace casi 100 años los pueblos originarios de esta parte del país y las secuelas que eso dejó en su cultura. Remarcó la necesidad de una reparación histórica.
Martes, 17 de mayo de 2022
El juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí llega a su fin. Tras seis jornadas, y luego de escuchar a decenas de testigos, este jueves, a partir de las 8, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, se realizará la última audiencia. Se leerán los alegatos finales de la fiscalía y las querellas respecto de la matanza de más de 300 indígenas de los pueblos Qom y Moqoit perpetrada el 19 de julio de 1924, en la reducción Napalpí, a 130 kilómetros de Resistencia.
En este marco, y a días de este momento histórico, el abogado querellante por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Emiliano Núñez, valoró esta instancia judicial como un espacio muy trascendente para que la sociedad conozca lo que el Estado argentino hizo a los pueblos originarios de este país.
“El alegato todavía lo estamos trabajando”, confió Núñez a LITIGIO, “pero la idea es trabajar en la reparación histórica hacia los miembros de las comunidades indígenas y hacerlo extensiva a todos los miembros de las comunidades, ya que esta no fue la única masacre que ocurrió”.
Recordó que, de los distintos testimonios aportados en el juicio, tanto por sobrevivientes y sus familiares, como de historiadores, antropólogos, investigadores, juristas y académicos, surge que a lo largo de la historia se produjeron un enorme número de asesinatos en masa que tuvieron como víctimas a indígenas.
“Como se pudo saber a lo largo de las declaraciones, se pudo conocer diferentes masacres que ocurrieron como, por ejemplo, la de San Antonio de Obligado, en el norte de Santa Fe; la del Zapallar (en General San Martín) y la de La Bomba, en Formosa. Que este juicio sirva como reconstrucción histórica de lo que sucedió y para que se vaya visibilizando todas estas matanzas que ocurrieron por el accionar del Estado, que aplicó un plan sistemático”, remarcó Núñez.
Por otra parte, reconoció que había mucha expectativa por parte de las comunidades indígenas sobre lo que iba a ocurrir en este juicio. “Hay un balance bastante positivo”, sostuvo.
“Me parece fundamental que ellos pudieron ir a declarar y contar la historia de la tradición rica del relato oral que tienen. Recordar lo que sucedió en la masacre y dar a conocer las consecuencias, lo que pasó con el idioma. Este es un hecho histórico y de mucha trascendencia”, agregó.
Finalmente, agradeció la confianza del presidente del IDACH, Miguel Gómez, y también le dedicó un agradecimiento especial al historiador Qom, Juan Chico. Chico, quien falleció el año pasado a causa de la COVID-19, fue uno de los principales impulsores de este juicio por la verdad. “Fue un factor fundamental en la recopilación y en la investigación de lo que fue esta masacre y en las consecuencias que sufrieron las comunidades”, valoró Núñez.
La cacería
Cabe recordar que, el 19 de julio de 1924, en cercanías a la reducción Napalpí, en el entonces territorio nacional de Chaco, fueron fusiladas más de 300 personas Qom y Moqoit que reclamaban un aumento en el pago de sus labores y mejoras en sus condiciones de vida.
La respuesta fue una balacera que duró casi una hora a manos de policías, gendarmes y colonos. La cacería de los sobrevivientes se extendió por varios días más. Desde la Justicia del Territorio Nacional dictaminaron que esa matanza fue en realidad un enfrentamiento de la fuerza pública contra un “malón indígena” y nadie fue condenado.
Este juicio por la verdad, primero en su tipo a nivel nacional, no persigue un fin económico para las comunidades sino que forma parte de una reparación simbólica. Una forma de visibilizar un impune crimen de lesa humanidad.
Tampoco tiene imputados ya que los responsables de esa masacre, ocurrida hace casi 100 años, están muertos. Por eso, no habrá un fallo judicial como ocurre con un juicio penal regular, sino que se hará un declaración a través de un dictamen por parte de la jueza federal, Zunilda Niremperger.
