Lo hicieron diputados de la Coalición Cívica. Los acusan de “alzarse contra la Constitución Nacional y del mal desempeño” por promover marchas contra la Corte Suprema y “militar por el Frente de Todos”.
Los diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente y ante el Consejo de la Magistratura al juez Juan Ramos Padilla, integrante de un tribunal oral criminal, y a la jueza federal de San Martín, Martina Forns, integrante de Justicia Legítima. Los acusan de “alzarse contra la Constitución Nacional y de mal desempeño por promover marchas contra la Corte Suprema y militar por el Frente de Todos”.
Por sorteo, la denuncia penal recayó en manos del juez federal Julián Ercolini. Se trata del mismo juez que ya interviene en la causa por el llamado “Operativo Puff”, en donde Ramos Padilla padre también fue investigado por el fallecido juez Claudio Bonadio. Precisamente, Ramos Padilla motorizó planteos de recusación de Ercolini de ese expediente.
La denuncia en Comodoro Py fue presentada por Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, que responden a Elisa Carrió, y apunta a la participación de Juan Ramos Padilla en la marcha del “1F”, del 1 de febrero, contra la Corte Suprema en donde el magistrado sostuvo en un discurso: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más”. Según la denuncia, “el presidente de un Tribunal Oral acusó de mafia, delincuentes, corruptos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se alzó contra sus fallos describiendo el fallo referido al Consejo de la Magistratura como un golpe de estado”.
Pero la CC también sumó la marcha organizada el jueves pasado contra el máximo tribunal para pedir su juicio político y lo colocó como uno de los organizadores, al revisar su cuenta de Twitter. “Las declaraciones y conductas reseñadas, se dan de bruces con el marco normativo internacional y nacional, y por lo tanto la situación amerita que V.S. investigue la posible comisión del delito de sedición (Art. 230 inc. 2 C.P.), por parte del Dr. Juan María Ramos Padilla, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 29 de la Capital Federal”.
Según la presentación, el accionar de Ramos Padilla “implica un alzamiento público para impedir la ejecución de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”. Y añadió que esos hechos “son llevados a cabo por un juez, que además tiene cargo de juez de cámara, y que a su vez es Presidente de un Tribunal Oral”. “Para configurarse este delito, el alzamiento puede ser colectivo o por medios que puedan extenderse y ser conocidos por un número indeterminado de personas , situación que, sin lugar a dudas, se verifica no sólo al hacer públicas sus declaraciones sino también al convocar y organizar una marcha solicitando la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidiendo la ejecución de leyes y alzándose contra un fallo de la Corte”, se sostuvo.
Como medida de prueba, los denunciantes promovieron que se haga un “relevamiento de llamadas del juez Juan Ramos Padilla de los últimos tres años así cómo la geolocalización de sus teléfonos como un elemento más para ayudar a determinar la articulación de estas maniobras con dirigentes políticos, sociales y funcionarios de los tres poderes del Estado”.
En el Consejo de la Magistratura, la denuncia apunta a “mal desempeño y la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” contra el señor Juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Capital Federal, Juan María Ramos Padilla, y también contra la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, “Solicitamos que, respecto de dichos magistrados, se disponga la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, se ordene su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último, solicitamos la oportuna destitución de los acusados”, dice la presentación.
Además de aludir a la convocatoria de las marchas, la CC aseguró que “el Dr. Juan María Ramos Padilla, Presidente de un tribunal Oral, se expresa públicamente militante de un partido político -el peronismo- y efectúa declaraciones públicas a favor del kirchnerismo y en contra de la oposición. Es decir, un juez de la nación actúa como un militante de un partido en flagrante violación de la ley”.
Citando diferentes tweets, los “lilitos” resaltaron que “el juez se expresa públicamente en relación al Frente de Todos, y se muestra abiertamente como militante de dicho espacio político” y que “sin perjuicio de que como ciudadano puede expresarse libremente y compartir el ideario de un espacio político determinado, tiene vedado como juez realizar actos de proselitismo como los que efectúa”.
Fuente: Infobae
