Virginia Creimer es una médica forense especializada en investigaciones sobre violencia institucional. Actualmente, es perito de parte del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco. En esta entrevista para LITIGIO, contó detalles de su trabajo en la provincia, cuestionó el accionar de algunos peritos locales y remarcó que no habría impunidad de las fuerzas de seguridad sin la cobertura estatal.
Viernes, 22 de abril de 2022
Por Bruno Martínez
La trayectoria laboral y académica de Virginia Creimer es abrumadora. Especialista jerarquizada en medicina legal y clínica quirúrgica, es diplomada en psicología jurídica y forense. Docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, participó en casos emblemáticos sobre violencia institucional y crímenes de lesa humanidad.
Tuvo intervención en la pericia que dictaminó que el genocida Miguel Etchecolatz continúe detenido en una cárcel común. También participó en el caso de Luciano Arruga, el joven que desapareció el 31 de enero de 2009 tras haber sido detenido por la policía bonaerense, y que recién cinco años más tarde su cuerpo apareció enterrado como “NN” en el Cementerio de la Chacarita. Y en el de Facundo Astudillo, desaparecido desde el 30 de abril de 2020 previo a ser retenido por la policía de Buenos Aires.
Por hacer su trabajo, Creimer recibió amenazas e intimidaciones de todo tipo. Destrozaron su auto, descuartizaron a su perro y hasta le clavaron un cuchillo de carnicero ensangrentado en la puerta de su casa en La Plata, mientras su hija adolescente dormía.
Este último episodio intimidatorio fue inmediatamente posterior a su declaración como perito en el juicio por el secuestro, torturas y homicidios de los militantes peronistas, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en Rosario, el 14 de mayo de 1983. Tras ese juicio, cuatro represores, entre ellos Luis Abelardo Patti, fueron condenados a prisión perpetua.
Luego de alejarse del Ministerio Público Fiscal de la Nación por considerar que no recibió el respaldo y protección suficientes, fundó la Consultora Judicial de Ciencias Forenses, conformada por antropólogas, criminalistas, psicólogas, médicas y abogadas. Si bien el trabajo de la Consultora abarca una gran variedad de campos, la especialidad son las pericias en casos de violencia institucional y en delitos contra la integridad sexual.
En los últimos años, su actividad en el Chaco comenzó a ser muy importante. Convocada por el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia, Creimer tuvo intervención en investigaciones de muertes en custodia y gatillo fácil. Participó en la reautopsia de Sebastián Ponce de León, quien murió en febrero de 2019, luego de permanecer diez días internado en grave estado como consecuencia de la salvaje golpiza que le propinaron agentes de la Comisaría Primera de Barranqueras.
Junto a su equipo, realizó también distintos tipos de pericias en el caso de Josué Lago, el joven qom de 22 años asesinado en junio de 2021, en el barrio Los Silos de General San Martín, por un disparo policial. Y analizó el cuerpo de Leandro Bravo, fallecido en febrero pasado en Charata en un caso que se intentó hacer pasar como muerte natural, pero que tras la reautopsia de Creimer se constató que murió asfixiado. Por este hecho, hay cuatro policías detenidos.
En esta entrevista telefónica con LITIGIO, la forense habla del modus operandi criminal que detectó en algunos elementos de la Policía del Chaco, de las falencias que constató en pericias forenses realizadas en la provincia y en la necesidad de que se comiencen a aplicar los protocolos correspondientes en casos donde se sospecha que alguna fuerza de seguridad estuvo involucrada.
―¿Hay una sistematicidad en la violencia policial o sólo hay elementos perdidos dentro de la fuerza, las llamadas “manzanas podridas”?
―Esto no se trata de una manzana podrida. Esto se trata de una sistematicidad y no sólo de Chaco. A nivel país, existen en las fuerzas de seguridad normas a seguir dentro de cada una de las fuerzas con el modus operandi particular que mencionábamos al principio. Esto nos hace pensar en una cultura foucaultiana de vigilar y castigar. Y el control lo establecen a través de la fuerza. Pensar que la violencia, la tortura, la desaparición incluso en democracia de les pibes está realizada por manzanas podridas, por elementos excepcionales dentro de distintas fuerzas es un error gravísimo. Esto es una cuestión de sistematicidad para el control de la población y no de cualquier población sino que está dirigida específicamente a los sectores más vulnerables.
―Tengo entendido que usted pudo crear un perfil criminal de las fuerzas de seguridad del país, su modus operandi . De acuerdo su experiencia, ¿cuál es el perfil que tiene la policía del Chaco?
―Hablar de un perfil criminal de las policías sería darle una categoría que todavía no tiene el trabajo que yo he hecho a nivel. Sí he hecho un análisis sobre el modus operandi de cada una de ellas y puedo distinguir algunas cuestiones. En el caso del Chaco, a diferencia de otras policías, lo que tienen es que utilizan generalmente un sector apartado de las ciudades, a lo que denominan “campitos”. En esos campitos es donde llevan a las personas, ya sean aprehendidas o detenidas ilegalmente, les propinan una golpiza sumamente severa y después de eso pueden ocurrir tres cosas: que sean liberades en ese instante, con todos los golpes y que luego no tengan posibilidades de denunciar, porque no tienen a quién denunciar. Otro camino es que la misma fuerza de seguridad les lleve a la comisaría y que antes de llevarles a la comisaría pasen por lo que es el área médico legal para que le hagan el reconocimiento. El tercer camino, que es lo que nos ha llegado en los últimos años, es algo más perverso que es el hecho de levantar a les pibes en la calle, llevarles a Medicina Legal para mostrar que no tienen lesiones y después de eso golpearles severamente en estos campitos y soltarles. De manera tal de que, si les pibes tuvieran la intención de denunciar, ya existiría lo que se llama un “precario policial”, que es un examen médico previo al ingreso a la comisaría donde no constan las lesiones. En general, este es uno de los accionares más comunes que se observan en el Chaco como diferencial de otras provincias.
“En el caso del Chaco, han ocurrido números casos en los cuales llama poderosamente la atención la falta de datos que se vuelcan en las pericias”
―Respecto a lo que usted menciona sobre el trabajo de Medicina Legal (también conocido como Sanidad Policial), quiero preguntarle qué opina de la labor de esa área en el Chaco. Se lo pregunto porque en su momento, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, cuestionó severamente la labor de Sanidad Policial por una presunta complicidad con la fuerza y dijo que, cuanto menos, debería dejar de depender de la estructura policial.
―Todos los exámenes médicos deberían ser realizados por hospitales públicos donde hay profesionales que no están relacionados con las fuerzas de seguridad. En el caso del Chaco han ocurrido números casos en los cuales llama poderosamente la atención la falta de datos que se vuelcan en estos precarios policiales. Y, cuando se trata de realizar actas periciales más complejas, como podría ser una autopsia, tampoco se observa que tengan los datos que tienen que tener. Es decir que no son completas, metódicas, sistemáticas, ilustrativas, contextualizadas y con marcos de bioseguridad. Esto produce que después se lleguen a reautopsias. Y todos sabemos que cuando se llega a una reautopsia se han perdido datos fundamentales porque el accionar inicial de otres perites produce la sustracción de distintos órganos, la incisión del cuerpo y la pérdida del tiempo. Todo eso determina que la segunda autopsia tenga muchísimos menos datos para expedirse.
―En relación a las pericias forenses, usted cuestionó algunas que se hicieron recientemente en casos de muerte en custodia policial. ¿Cuál es el límite entre una omisión involuntaria y un encubrimiento?
―La intervención de los equipos forenses resulta necesaria e indispensable sobre todo en procesos acusatorios. A diferencia de los antiguos procesos inquisitivos, se utiliza la prueba como elemento fuerte de fundamento al momento de la instrucción penal preparatoria, de la acusación y del juicio oral. Por lo cual quien trabaja de un Poder Judicial o de una fuerza judicial como perito médico forense, de criminalística, genética o antropología, tiene un gran compromiso. Diría que este compromiso es casi mayor que el resto de profesionales que se desempeñan en otros lugares. Si bien todes estamos alcanzades por lo que desde el punto de vista jurídico es la responsabilidad profesional, en el caso de la responsabilidad profesional médica, mal llamada “mala praxis”, deviene al momento de no cumplir con los protocolos acordes a los casos que se están investigando. Pero, por otro lado, el mal accionar trae como consecuencia no sólo el reclamo hacia la persona que está realizando la técnica, sino que en el caso de las investigaciones criminales lo que termina produciendo es un encubrimiento y/o la falsedad ideológica en un instrumento público. Es una responsabilidad particular. Lamentablemente esto es algo histórico, pero nunca se ha tenido en cuenta la importancia del trabajo pericial de les profesionales que han utilizado los poderes judiciales y las áreas judiciales de policía como un trabajo de segunda clase. Es un trabajo como cualquier otro pero que tiene una enorme importancia porque estamos definiendo una respuesta que puede ser reparatoria para les familiares o para las persones vulneradas y además estamos colaborando en determinar si una persona puede quedar presa siendo inocente o puede quedar libre siendo culpable de un delito.
― ¿Por qué es tan poco común que los fiscales apliquen el Protocolo de Minnesota en casos donde se sospecha violencia institucional? ¿Hay desconocimiento o complicidad?
―Son los dos puntos en los cuales nos tenemos que dividir: o es una complicidad y encubrimiento para acompañar la corrupción policial o es un desconocimiento de los protocolos que sigue implicando una responsabilidad profesional. Es decir que si yo como perita médica legista o forense tengo que hacer una autopsia en el caso de privación de la libertad de una persona que muere en manos del Estado y yo no sé que los protocolos que tengo que utilizar es el Protocolo de Estambul para casos de lesiones, vejámenes y torturas en custodia o el de Minnesota para los casos de muerte en custodia, yo soy responsable de no tener ese conocimiento. Así que mi impericia es un acto delictual.
― Nadie puede alegar su propia torpeza.
― Tal cual
―Hablemos de las causas en las que intervino en la provincia. En el caso Josué Lago hay demoras en la extracción de un proyectil que alcanzó a un testigo. ¿Por qué es tan importante esta intervención?
―En este intento de matanza que se produce contra la población Qom en Chaco a través de la fuerza policial muere Josué pero además hay dos chicos lesionados presuntamente por el mismo proyectil. Y no sólo es necesario extraer el proyectil para saber cuál es el calibre, sino también para saber las estrías que tiene, compararla con las armas que había y saber quién disparó. Además, que es algo que no se está teniendo en cuenta, es la grave consecuencia para la subjetividad del chico que tiene alojada en su rodilla la bala con la que asesinaron a su amigo mientras tomaban tereré en la puerta de la escuela.
“Cuando llegué con mi equipo para una reautopsia, los peritos del Poder Judicial del Chaco me dijeron que no sabían cómo se aplicaba el protocolo de Minnesota”
―¿Es la misma bala?
―Por la trayectoria que tiene a través de los tres cuerpos, lo presumible es que haya sido el mismo proyectil, pero mientras no tengamos el proyectil no podemos terminar de establecer con seguridad si fue ese o no.
―La consulto sobre el caso Bravo, que comenzó con una supuesta muerte natural y que luego de la reautopsia que usted realizó se confirmó que murió asfixiado. ¿Cómo cree que puede llegar a avanzar el caso y que piensa del cambio de carátula?
―Más allá del impacto que provocó la conferencia de prensa después de la reautopsia de Leandro Bravo, lo más importante es que ahora hay cuatro policías que están detenidos y que ahora se cambió la carátula. Ahora finalmente estamos hablando de tortura seguida de muerte. Me parece que ese es el punto más importante. Para Chaco es una carátula muy importante y para el resto del país también. En el resto del país, los y las fiscales tienen bastante precaución para poner las carátulas.
―¿En qué sentido?
―Siempre las calificaciones legales son en menos, y con tantos casos de torturas seguida de muerte en las calles del país, lamentablemente casi ninguna llega con esta tipificación. A lo sumo llegan con lesiones. Y cuando hablan de lesiones, hablan de lesiones culposas. En el caso de Leandro, después de la reautopsia, en la cual vuelvo a remarcar la actuación de la doctora (y directora del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial del Chaco, Gabriela) Lamparelli, que fue impecable no sólo desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista humano, se logró demostrar que la primera autopsia era falsa y que al ser falsa, lo que se estaba haciendo por acción u omisión era colaborar con el encubrimiento de las personas que habían participado de la tortura seguida de muerte de Leandro. Esperemos que siga en sintonía la investigación criminal de manera tal de que en breve esto se eleve a juicio.
―Por otra parte, quería conocer su mirada sobre la última decisión judicial en el caso Ponce de León, donde la causa se elevó a juicio con la carátula de tortura seguida de muerte. ¿Me puede contar como fue el proceso de la reautopsia?
―En el caso Ponce de León fue una de las primeras reautopsias en las cuales llegamos y aplicamos el protocolo de Minnesota. De hecho, el equipo profesional del IMCIF que se encontraba en ese momento, cuando yo llegué con mi equipo, simple y sencillamente me dijeron que no sabían cómo se aplicaba el protocolo de Minnesota. Pero prefiero que me digan que no saben, a que hagan de cuenta qué o que directamente no lo apliquen. Acá la honestidad profesional fue fundamental para que pudiéramos avanzar y para que hoy tengamos una elevación a juicio. Cuando se me comunicó esto, lo que yo hice fue decirles: “No hay ningún problema. Hagámoslo en conjunto”. Lo que ocurrió con Ponce de León es que las múltiples y gravísimas lesiones que tenía en su cuerpo llevaron a la destrucción muscular lo que hizo que distintas sustancias tóxicas se volcaran a la sangre y determinaran una insuficiencia renal aguda. Y es importante remarcar esto. Si bien la muerte termina produciéndose por una insuficiencia cardíaca aguda que termina por una falla cardíaca, lo que produce esa insuficiencia renal aguda es la terrible golpiza que sufre. Basta ver las lesiones en las fotos que están incorporadas en la causa para darse cuenta el daño irreversible que lo llevó a la muerte. Por eso el protocolo de Minnesota hace hincapié en la contextualización de las lesiones y en este caso justamente lo que tenemos que hacer es contextualizarla. Una mala costumbre que tienen les mediques legistas -que además es una impericia-es decir que las personas se mueren por un paro cardíaco. Y ese es el fin de todes. A todes se nos termina parando el corazón. El tema es qué es lo que determina la parada del corazón.
―“Hay una altísima tasa de impunidad en delitos cometidos por fuerzas de seguridad”. Esto dijo el integrante del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen. ¿Coincide?
―Si, coincido. Esto se debe directamente a que no sólo existe esta sistematicidad dentro de las fuerzas de seguridad sino que para que esta sistematicidad se mantenga en el tiempo tiene que existir un Poder Judicial y Ejecutivo para el cual le sea funcional esta forma de manejarse de las fuerzas de seguridad. Sin una complicidad a nivel político y judicial, esto no sería posible. Por eso digo que las calificaciones y penas de estos delitos se desarrollan en menos. Es decir que cuando estamos frente a torturas, dicen que son lesiones y cuando estamos frente a homicidios, dicen que son homicidios culposos. Esto es porque hay otras estructuras que están defendiendo el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad.
