La fiscal Lilian Irala imputó por el delito de instigación a cometer delitos a Daniel Tabares y Daniel Rivero, secretario general y tesorero del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh), mientras que Denis Escobar fue acusado por daño agravado contra bienes del Estado.
Jueves, 21 de abril de 2022
La fiscal de Investigación Penal Nº 10, Lilian Irala, firmó este miércoles el requerimiento de elevación a juicio correccional contra el secretario general y el tesorero del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh), Daniel Tabares y Daniel Rivero, respectivamente, a quiénes imputó como coautores por los presuntos delitos de instigación a cometer delitos. Es por los destrozos en la sede central de la empresa Sameep en el marco de una protesta gremial ocurrida el 1 de septiembre de 2021. En tanto, por daños agravados contra bienes del Estado fue requerido a juicio Denis Escobar, afiliado al SOSCh.
Los hechos
Según el relato de los hechos, el 1 de septiembre de 2021, alrededor de las 8, Daniel Tabares, secretario general del SOSCh; Daniel Rivero, tesorero y Denis Escobar, asociado al sindicato, junto a un grupo de 30 personas no identificadas pero empleados de planta permanente de Sameep, se hicieron presentes en avenida Las Heras Nº 80 de Resistencia movilizados por un reclamo salarial.
Luego, tras ingresar a la parte delantera de la empresa, Tabares y Rivero “instigaron públicamente a las demás personas asociadas al sindicato que se encontraban en el lugar a dañar los bienes de la empresa, oportunidad en que todas estas personas arrojaron ladrillos, siendo una de ellas Denis Marcos Escobar, ocasionando daños a las puertas de aluminio, vidrios y sillas de las oficinas, bienes éstos de uso público”. También fue lesionada una de las empleadas de la empresa.
¿Persecución gremial?
En sus declaraciones indagatorias, los gremialistas negaron haber participado de los hechos que se les imputan y consideraron que la causa era parte de una persecución del Directorio de Sameep contra la entidad sindical. En rigor, en el caso del secretario general, Daniel Tabares, una conducción anterior de la empresa lo había privado de su cargo como Jefe de Zona 1 de Sameep, en el que luego debió ser repuesto por una orden judicial.
En su requerimiento, la fiscal Irala señaló que “los dichos de los imputados al hacer efectivo el derecho de defensa material ensayaron una versión que no encuentra respaldo en elemento probatorio alguno, poniendo la responsabilidad en la empresa atento a los reclamos salariales, más ello parece tratarse de una medida defensiva que busca excluir la responsabilidad penal más que un relato serio y consistente, estimando procedente la elevación de las presentes actuaciones a Juicio Correccional”.
