Lo dijo la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, en un artículo dedicado a la desfederalización parcial de la ley de Estupefacientes. Consideró que, de no darse una serie de medidas urgentes, vinculadas al envío de fondos que establece la normativa, la normativa resulta inviable y debería ser derogada.
Lunes, 4 de abril de 2022
La Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, participó en una obra colectiva y federal que lleva el título “Ley N°23737. Delitos Transferidos a la CABA. Aspectos Relevantes”. La misma fue publicada por el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Allí escribió sobre la evaluación del Ministerio Público de la Defensa en relación a los efectos de la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes en el Chaco.
A diferencia de las ediciones anteriores, este libro de la editorial JUSBAIRES se aparta de la idea de presentar doctrina y jurisprudencia sobre un conjunto de delitos transferidos, optando en cambio por abordar pura y exclusivamente los delitos vinculados a estupefacientes.
“Claramente, la promulgación de leyes penales duras fomenta el encarcelamiento masivo sin que esto implique una efectiva resolución al problema del delito, para la sociedad, además de agravar la situación de vulnerabilidad de los sujetos involucrados”, resumió Wirz en las conclusiones de su artículo titulado “Evaluación del Ministerio Público de la Defensa sobre los efectos de la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes en la provincia del Chaco”.
Para la Defensora General Adjunta se hace necesario entender que el narcotráfico y, más aún, el microtráfico de estupefacientes, es un “problema social-sanitario y que algunas respuestas estatales pueden agravarlo”.
“Por ello, debe ser abordado desde sus causas estructurales (principalmente económicas, pero también sociales y culturales), y no a través de la represión. Resulta imperativo que las autoridades destinadas a aplicar la ley, diseñen programas orientados a la prevención del delito y del consumo problemático de drogas, escuchando a los excluidos y considerando a la comunidad como eje central, generando las condiciones para que ésta pueda constituirse en soporte de los individuos”, sostuvo.
En este marco, indicó que para el Ministerio Público de la Defensa la desfederalización “ha acentuado la aplicación de la ley penal sobre los actores vulnerables y fungibles del tráfico, sin otorgar una solución efectiva, ni de fondo al problema de microtráfico de estupefacientes”.
“En efecto, la puesta en vigencia de la ley 2304-N (ex ley 7573) produjo como resultado, en las estadísticas, más causas, más acusaciones y más detenidos, pero no se redujo el tráfico, no mejoró la prevención, ni se redujeron los delitos asociados a las drogas, sino que se produjo una mayor saturación en el sistema judicial y penitenciario y erogación de recursos, y contribuyó a que se dilapiden esfuerzos, persiguiendo al consumidor simple, en lugar de los narcos, que terminan viéndose beneficiados por esta situación, como ya ha sucedido en los lugares donde este sistema se ha aplicado con anterioridad”, afirmó.
“De tal modo, consideramos que el mantenimiento del fuero especial de narcomenudeo no es una apuesta viable, ni jurídicamente -en tanto penaliza la conducta de personas que ya se encuentran en una situación de desprotección estatal y mayor vulnerabilidad social y económica-, ni socialmente -al no resolver efectivamente el problema del microtráfico-”, sostuvo.
“No obstante, de mantenerse aquel, en primer lugar, se deberían cumplir los pactos legales preexistentes y hasta ahora no ejecutados, consistentes en el acompañamiento presupuestario por parte de la Nación, para asegurar la ejecución de tratamientos de rehabilitación para las adicciones de los condenados”, aseveró.
Por otra parte, consideró que para aplicar la ley de narcomenudeo se requiere una adecuada y específica infraestructura para el alojamiento de los internos, de la cual la provincia carece y se debe dotar a la provincia de más defensores de narcomenudeo o, en su defecto, de ayudantes para el único defensor afectado a ese fuero, así como también, construir nuevos lugares de alojamiento para los detenidos; “implementar las tobilleras electrónicas para resolver, al menos parcialmente, prisión domiciliaria otras alternativas menos gravosas a la prisión”.
Finalmente, la Defensora Adjunta sentenció que, de no poder aplicar estas medidas, se debe analizar seriamente la derogación de la ley de narcomenudeo. “Más allá de las buenas intenciones, teniendo en cuenta que la Ley 26.052 establece expresamente la transferencia de parte de la competencia y del presupuesto de las agencias penales de la administración nacional, a las provinciales, consideramos que, de no contar con dichos fondos, sería necesario considerar seriamente la derogación de la ley 2304-N (ex ley 7573), ya que todos los objetivos propuestos en la ley, no pueden ejecutarse sin las adecuaciones mencionadas, sin el abordaje interdisciplinario -jurídico y médico- para este tipo de delitos en cuestión, y sin el presupuesto adecuado”, sentenció.
