La causa mostró la negligencia de la Junta Militar para invadir las islas sin ningún plan del día después. Falta de armamento y de comida, y médicos que tuvieron que cortar una pierna con un serrucho y sin anestesia. Justificaciones, condenas e indultos.
Sábado, 2 de abril de 2022
Por Patricia Blanco
Casi nadie lo recuerda porque todo quedó en la nada. Pero el Juicio a las Juntas del “Nunca Más” abrió la puerta que permitió analizar los crímenes ocurridos durante la dictadura y el capítulo por la Guerra de Malvinas fue uno de ellos. La justicia militar primero y la Cámara Federal porteña después condenó a doce años de prisión al general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Anaya y al brigadier Basilio Lami Dozo, los tres miembros de la junta militar que formó el gobierno de facto y condujo a la Argentina a la guerra con Gran Bretaña en 1982. Hubo también varias absoluciones. Pero los indultos que firmó el presidente Carlos Menem en su llegada al poder dejaron este caso en el olvido. A 40 años del guerra de Malvinas, Infobae accedió a ese expediente en donde se analiza a lo largo de más 400 páginas las acusaciones, los testimonios y las justificaciones de los implicados para negar lo evidente: que la Argentina había ido a una guerra a las apuradas, sin planificación ni previsión de la dimensión de la respuesta que daría un enemigo poderoso.
Los acusados optaron por mantener “una actitud negligente” que puso a los hombres y mujeres enviados a la guerra “en situaciones críticas”, sostuvo el fallo de la Cámara Federal dictado en 1988 por los jueces Horacio Cattani, Juan Pedro Cortelezzi, Fernando Archimbal y Gustavo Mitchell. Allí se destacó “los actos de heroísmo cumplidos por dignísimos soldados que no vacilaron ante la decisión final”. Pero advirtieron que era igualmente necesario señalar que “esos actos, lejos de favorecer la situación de los conductores de la guerra, están indicando los límites a que fueron empujados las fuerzas combatientes como directa consecuencia de un proceder negligente de los más altos mandos”.
“Resulta por demás incomprensible que ante un acto de gran envergadura como fue la ocupación de Malvinas, la repercusión que tendría y los perjuicios que podían ocasionarse, se tomaran numerosas decisiones que en vez de favorecer a los combatientes los perjudicaron y colocaron en inferioridad de condiciones”, se advirtió.
Tal vez los testimonios de los militares que fueron a la guerra sean solo una foto de esas limitaciones. Desde enviar “grandes unidades de combate desprovista de armamento pesado y logística esencial” hasta la falta de camiones, combustible o municiones. Ni cañones, ni visores nocturnos, ni ropa adecuada ” pese a los reiterados pedidos formulados”. Es que los responsables de los mandos decidieron dejar gran parte del arsenal en el continente ante un posible y eventual conflicto con Chile cuando la invasión a Malvinas era una realidad concreta.
Pero aún antes del 2 de abril, no se hizo ni un análisis ni planificación para la defensa. No sabían ni cómo eran las rutas, los caminos, la cantidad de gente que había en las islas…“Nos faltaban todos los elementos esenciales de inteligencia necesarios para cualquier análisis de establecimiento de defensas”, declaró el almirante José Lombardo. El diagnóstico que evaluaron los jueces fue demoledor: gran parte de los conscriptos de la clase 62 había sido dada de baja, los de la clase 63 no habían completado su instrucción básica, los mandos ignoraban que se intentaría ocupar las Islas y los cuadros desconocía las características geográficas de la zona en qué habría de actuar.
Esa negligencia obligó al personal enviado a la guerra a sufrir innecesarios padecimientos. ”La desnutrición generalizada de los hombres hasta les impedía mantenerse en pie”, dijo el capitán médico Gabriel Salvador Matharan. Pero si los soldados eran heridos, en algunas bases no había ni oxigeno ni sedantes. El médico mayor Jorge Chovanek, jefe del servicio de sanidad que se ubicó en Bahía Fox, declaró que tuvo que amputar una pierna con un serrucho sin oxígeno ni anestesia. La víctima no pudo sobrevivir al shock.
“Hubo que apelar, disculpen la expresión, al ‘manotón (sic) de ahogado. No había otra solución”, dijo el general Omar Parada. Cuando le preguntaron por qué se desconocía la capacidad del enemigo, la respuesta fue: “porque improvisamos la guerra”. “No fuimos a ninguna guerra, fuimos a cumplir una misión casi totalmente de paz -señaló el general de brigada Américo Daher-. Yo diría que cuando regresé al continente recién encontré al enemigo”.
La investigación
Una vez finalizada la guerra, el gobierno de facto ordenó lo que se dio en llamar “El Informe Rattenbach”, por el nombre del presidente de la “Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS)”, el teniente general Benjamín Rattenbach, que entre diciembre de 1982 y septiembre de 1983 investigó las responsabilidades de quienes condujeron el conflicto bélico con el Reino Unido. El presidente de facto Reynaldo Bignone clasificó el informe como “secreto político y militar”, mediante el Decreto 2971/83, “hasta tanto se logre el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur”. Recién entonces el Informe Final de la CAERCAS debería utilizarse como cabeza de sumario para el juzgamiento de las infracciones tipificadas en el mismo. El informe fue desclasificado en 2012.
Pero la llegada de la democracia y el juzgamiento de los crímenes de la dictadura avanzó sobre la responsabilidad de los que decidieron la guerra. El ojo quedó puesto en Galtieri, Anaya y Lami Dozo, a cargo de la junta militar durante la guerra. Según la causa, los acusados no solo sostuvieron que eran inocentes sino que no podían responsabilizarlo de cuestiones “políticas no judiciales” para “reaccionar frente a “una añeja, pertinaz y últimamente intolerable ofensa a la soberanía argentina”.
La intención fue plantear que el desembarco fue una “operación obligada y determinada” por el incidente de las Georgias, pese a que el episodio pudo haberse denunciado en las Naciones Unidas. Sin embargo, reconstruye la causa, “ya en la primera semana de marzo, el procesado Galtieri había informado al general Menéndez que se ocuparían las Islas y sería designado gobernador”. El plan era “dejar en Malvinas una reducida guarnición de 500 hombres”, sin calibrar cuál podía ser la reacción inglesa .
“Cualquiera fuera la época prevista para la ejecución del plan o las circunstancias que habrían incidido en su precipitada puesta en marcha marginando a los organismos competentes, los elementos reunidos en autos muestran uniformidad en señalar que su reducido objeto era el de ocupar las Islas para negociar luego con Gran Bretaña en la posición de mayor fuerza que otorgarían los hechos consumados, aunque limitando esa ocupación a un contingente de 500 hombres al cual se asignaba suficiente actitud disuasiva pues se había desechado la posibilidad de una reacción importante”, repasa el expediente.
Para el tribunal quedó probada la falta de planificación después del desembarco. ” La reacción inglesa era una alternativa posible, no obstante lo cual no se la previó para planificar su eventual respuesta. No se realizó ningún estudio ni se previó cómo se enfrentaría una probable guerra desde el día de la ocupación en adelante en caso de una reacción armada de Inglaterra. Dicha omisión fue asumida deliberadamente por los procesados”, señala la sentencia. Además, la causa acreditó que los militares sabían que, desatado el conflicto, Estados Unidos quedaría aliado a Gran Bretaña.
“A la inidoneidad evidenciada en la apreciación de la problemática internacional se suma pues en lo que constituye materia específica de juzgamiento: la omisión de planes de una adecuada estrategia defensiva la cual, aún con las limitaciones impuestas por factores tales como la regular preparación de la tropa o la inferioridad de armamentos”, podría haber servido, al menos “para reducir el costo final” de vidas.
La investigación acreditó que solo se pensó en una invasión de cinco días. Según se desprende de “los cuadernos de prueba de Galtieri”, el militar tenía “clara conciencia” de que las Fuerzas Armadas argentinas “no estaban en condiciones de empeñarse en un enfrentamiento de tamaña magnitud” si Gran Bretaña respondía.
En la causa también se escuchó la declaración del general brigadier Mario Benjamín Menéndez, quien contó que en los primeros días de marzo Galtieri lo puso al tanto de la idea de la invasión y le dijo que él sería nombrado gobernador. Cuando Menéndez le preguntó por la eventual réplica inglesa a esa acción, recibió como rspuesta que no tenía que meterse en esos asuntos porque eso correspondía a la Junta Militar y al canciller. “Que yo me ocupara de ser gobernador militar”, acotó.
Cuando ese argumento no alcanzó, las defensas intentaron descargar la responsabilidad en los mandos inferiores y en poner en dudas si se hubiera juzgado a un presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. “Si bien los integrantes de la Junta Militar de 1982 tenían a su cargo el poder político de la República, no es menos cierto que ello se produjo al margen de los mecanismos legales inherentes a la organización constitucional. Está circunstancia que por conocía no se deja de tener en cuenta impide caer en el facilismo de asimilar la situación responsabilidad y funciones que de hecho ejercieron Galtieri, Anaya y Lami Dozo durante el período en el que duró el conflicto con las que hipotéticamente le cabrían a un presidente”, respondió el tribunal.
Es posible, dice el tribunal, que “aún aceptando por vía de hipótesis que no hubiera podido torcer el resultado final”. Pero al menos otra planificación “habría hecho que la situación no fuera tan gravosa”. En una última jugada, los acusados plantearon que aún si hubieran actuado de otra forma la derrota se hubiera producido igual por la superioridad técnica de Gran Bretaña. Pero eso no fue excusa a la hora de las condenas. “Los comandantes en jefes fueron los responsables de la pérdida de las diversas acciones de guerra acaecidas como consecuencia de haber inferiorizado negligentemente a las fuerzas propias y a la falta de accionar conjunto y planificación con posterioridad al 2 de abril de 1982 -sostuvo la sentencia-. Los errores fueron debidamente capitalizados por el enemigo (…) La inferioridad de condiciones de las fuerzas propias destacadas en el archipiélago no respondió a la superioridad lógica indiscutible del enemigo sino al hecho de que ellas fueron enviadas a la lucha sin haber adoptado los más elementales recaudos en materia de planeamiento logística y preparación”.
La fiscalía intento diferenciar los roles de cada uno de los acusados y subrayar que Galtieri tuvo más injerencia que el resto. Pero el tribunal entendió que los tres eran “igualmente responsables” porque “de procederse así se estaría incitando a que en caso de producirse una situación similar de conflicto bélico, sus protagonistas en lugar de preocuparse principalmente por lograr una conducción general unificada y armónica optaran por manejarse de modo independiente y de forma más conveniente a cada arma perdiendo de vista así que solo los efectos relacionados con una acción conjunta son los que posibilitarán el triunfo o un menor costo en la derrota”.
Los jueces los condenaron a doce años de prisión a cada uno. Galtieri, que ya estaba alcanzado por el juicio a las juntas, ya tenía prisión preventiva. El fallo fijó que esas condenas caducaría el 20 de febrero de 1996. Aquellas palabras se transformaron en papel mojado.
Los indultos que dictó Carlos Menem apenas llegó al poder incluyeron los resultados de este juicio. “Es menester adoptar aquellas medidas que, suavizando el rigorismo legal, generen las condiciones propicias que permitan la mayor colaboración de los habitantes en la reconstrucción y el progreso de la Nación. Que es responsabilidad indelegable del PODER EJECUTIVO NACIONAL anteponer el supremo interés de la Nación frente a cualquier otro, y en su virtud afrontar el compromiso histórico que implica esta decisión de alta política”, dijo Menem en el decreto 1005/89. A Raúl Alsonsín ya le habia tocado enfrentar los alzamientos carapintadas que pusieron en jaque la naciente democracia y los reclamos por el reconocimiento en Malvinas eran parte de esos levantamientos. Con esa decisión, las condenas en la causa Malvinas se evaporaron en el aire.
Fuente: Infobae
