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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó en los últimos días varios pedidos de pronto despacho para que se resuelvan de manera urgente 9 causas por crímenes de lesa humanidad que permanecen paralizadas en la Corte Suprema de Justicia y en la Cámara Federal de Casación Penal.

Jueves, 24 de marzo de 2022
Desde hace 4 años, la Corte Suprema debe resolver la situación del exjuez Lona (foto), procesado por delitos de lesa humanidad

A pocas horas de cumplirse 46 años del golpe de Estado cívico-militar, las graves demoras judiciales en esas causas atentan contra el derecho de las víctimas y familiares de obtener justicia en un plazo razonable. La avanzada edad de los imputados y condenados provoca que diariamente sean apartados en diferentes causas de todo el país por problemas de salud o que las investigaciones se vean interrumpidas por su fallecimiento.

Los pedidos fueron presentados ante la Corte Suprema en las causas “Lona-Masacre de Palomitas” (Salta), “Masacre de Capilla del Rosario” (Catamarca), “Circuito Camps” y “Favero” (La Plata); y ante la Cámara de Casación en los expedientes “Instituto Privado de Pediatría” y “Área Paraná II” (Entre Ríos), “Chiarello Megacausa – Videla” (La Rioja) y “Operativo Independencia 1 y 2” (Tucumán), algunas de las cuales permanecen sin movimiento desde hace más de cuatro años.

Los casos

El exjuez federal Ricardo Lona, de 86 años, está imputado en la causa conocida como “Masacre de Palomitas” en Salta y llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia en abril de 2018. Desde ese momento, 4 años atrás, el expediente está completamente paralizado a la espera de una resolución del máximo tribunal.

La Secretaría presentó en 2021 un pronto despacho que no fue contestado y tampoco fue incorporado al expediente. Por eso volvió a presentar un nuevo pedido este martes para que se dé una respuesta que permita continuar con la investigación.

La condena a tres médicos civiles en Paraná por su participación en la apropiación de los hijos mellizos de Edgar Tulio Valenzuela y Raquel Negro lleva 3 años en la Sala 2 de la Cámara de Casación. Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, del Instituto Privado de Pediatría (IPP), recibieron penas de entre 6 y 10 años de prisión en 2018 y a mediados de 2019 el caso llegó al máximo tribunal penal del país.

La Secretaría pidió una rápida resolución que deje firme la sentencia del Tribunal Oral Federal de Paraná. “No podemos soslayar la avanzada edad de los condenados, incluso uno de ellos falleció sin haberse confirmado (o no) la sentencia, y que en relación a uno de los menores por respecto de quien se condenó a los imputados, se siguen cometiendo”, señaló el escrito, en relación a que sólo se logró recuperar la identidad de Sabrina en 2008 y sigue la búsqueda por su hermano mellizo.

En Casación también están pendientes de resolución los recursos de las causas conocidas como “Operativo Independencia 1”, que tuvo sentencia en 2017, “Operativo Independencia 2”, que finalizó en 2020. El primero está paralizado desde junio de 2018 y nada cambió a pesar de los 2 pedidos de pronto despacho presentados por la querella de la Secretaría, y el segundo juicio por el Operativo Independencia permanece demorado desde mayo de 2021.

Los juicios como una prioridad

Desde 2020, la Secretaría tomó como una de sus prioridades el impulso de estas causas en todo el país para promover que el proceso de justicia avance sin más dilaciones y así lo plasmó en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, mantiene abiertas 268 querellas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Sólo durante el año pasado se presentaron 45 nuevas querellas institucionales y participó en 25 juicios orales.

Como parte de ese trabajo, desde la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas fueron notificadas en 2021 3060 personas —testigos de juicios orales, posibles víctimas de apropiación o por la Ley de Víctimas—, y se realizaron 15 informes de riesgo que son utilizados como insumos para tribunales que llevan adelante los debates.

Otro eje central del trabajo es el control sobre los imputados ante cada planteo de prisión domiciliaria por motivos de salud o de incapacidad de afrontar el proceso penal. La Secretaría creó así un cuerpo de peritos y peritas propio que ya ha participado en más de 120 juntas médicas y que han sido ofrecidos en otras 40 que se realizarán en las próximas semanas.

 


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