Será este viernes 25 de marzo, en el Juzgado de Garantías Nº 4 de Resistencia. Las querellas se oponen a la calificación de “vejaciones” imputada por el fiscal Luciano Santos a diez policías de la Comisaría Tercera de Fontana. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional intervendrán como “amigos del tribunal” y también solicitarán que la imputación sea por el delito de “torturas” que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Jueves, 24 de marzo de 2022
Este viernes tendrá lugar una instancia clave en la causa que investiga las brutales agresiones perpetradas por la Policía del Chaco contra jóvenes del pueblo Qom del Barrio Banderas Argentinas de Fontana, durante la madrugada del 31 de mayo de 2020. Por esos hechos de violencia institucional, que tuvieron trascendencia internacional y el repudio del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos requirió que diez agentes de la Comisaría Tercera de Fontana, incluyendo a la por entonces Jefa de la Comisaría, comisaria Claudia Lucena, vayan a juicio oral acusados por los delitos de “vejaciones” y por “encubrimiento agravado”.
Sin embargo, las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Defensoría Oficial se opusieron a esa calificación considerando que hubo “torturas” contra los adolescentes del pueblo Qom. Por ese motivo se celebrará una audiencia este viernes, a partir de las 8, donde las partes fundamentarán sus posiciones ante la titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de Resistencia, Rosalía Zozzoli, quién deberá confirmar o rechazar la decisión del cada vez más cuestionado fiscal de Derechos Humanos del Chaco, Luciano Santos.
Las querellas plantearán en la audiencia que el caso se debe elevar a juicio con el adecuado encuadre legal de torturas. Actualmente, se encuentran imputados por vejaciones, un delito más leve que no refleja el intenso sufrimiento y el ensañamiento al que fueron sometidas las víctimas durante la detención y que aún perdura. El delito de torturas prevé penas que van de los 8 a los 25 años de prisión.
Los otros imputados de la causa son los agentes: Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martin Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos.
Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia.
— Alberto Fernández (@alferdez) June 2, 2020
Los amigos del tribunal
En el caso también intervienen como amigos del tribunal el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ha solicitado la adecuada calificación legal atento a los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado Argentino, particularmente el Artículo 4 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y Penas Crueles Inhumanos y/o Degradantes de Naciones Unidas así como la Solución amistosa en el caso “Greco” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Amnistía Internacional, por su parte, fue aceptado como amigo del tribunal durante el transcurso de esta semana, y a través de un documento que acompaña esta nota planteó su preocupación por el encuadre legal en el que, pese a las sobradas pruebas del profundo sufrimiento físico y psíquico en las victimas, persiste en su calificación más leve (vejaciones).
Tortura, racismo y abuso de poder en Chaco
Por Paola García Rey, Directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina
El caso conocido como “Fontana”, en Chaco, revela una trama de racismo, abuso de poder y tortura contra comunidades indígenas que afecta no solo a esa provincia sino también a otras partes del territorio nacional. Los hechos incluyen violencia, amenazas, malos tratos y hasta denuncias de abuso sexual contra agentes policiales, en un contexto de discriminación estructural contra el pueblo Qom.
El caso, que esta semana enfrenta un paso crucial en el proceso judicial, sintetiza mucho de lo que funciona mal en nuestro sistema democrático cuando persiste el sometimiento y la represión estatal revestidas de odio. Pero a la vez constituye una oportunidad única para cambiar las cosas o, al menos, empezar a hacerlo.
El 31 de mayo de 2020, en plena pandemia de Covid-19, agentes de seguridad de la Comisaría Tercera del barrio Fontana ingresaron a una casa por la fuerza, de manera violenta, sin ninguna orden de allanamiento. Los videos capturados muestran cómo las fuerzas se llevaron detenidos a cuatro jóvenes -una de ellas menor de edad- mediante empujones, golpes de puño y con armas de fuego, y patadas, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia al pueblo indígena. Dentro de la comisaría, continuaron los tormentos y malos tratos. En total, la detención se prolongó por más de 10 horas.
“Tenía miedo, no sabía adónde me estaban llevando, no sabía si iba a volver a ver a mi mamá y a mis hermanos”, relató una de las 4 jóvenes detenidas. “Nos sacaron y nos estuvieron paseando en la camioneta. Temí que nos maten, que nos tiren por ahí como pasa en algunos casos”, agregó otro de ellos.
Las palabras de Daiana y Alejandro reflejan la manera en que las comunidades indígenas conviven con la violencia institucional en los territorios; e impone a la justicia el imperativo legal de garantizar que casos como éste no queden en la impunidad y sean debidamente investigados, considerando la discriminación racial, exclusión e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina. Identificar la persistencia de este tipo de patrones en la cultura institucional de las fuerzas de seguridad resulta central para prevenir que hechos de violencia de esta naturaleza se repitan.
A la fecha, son diez los imputados en la causa judicial, incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría Tercera, por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. Sin embargo, no se incluye el delito de tortura entre las imputaciones, a pesar del grave padecimiento físico y psicológico que relataron los cuatro jóvenes y fueron relevados en las pericias. En estos días, la jueza interviniente debe resolver la elevación a juicio oral y si incluye esta calificación, tal como fue solicitado por las víctimas y las querellas del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco.
Desde Amnistía Internacional nos presentamos en la causa preocupados porque estos crímenes se investiguen a la luz de lo que efectivamente son, hechos de torturas, y no se rebaje la calificación del sufrimiento y daño provocado, como se ha pretendido. No se trata solo de etiquetas sino de la sanción de un delito que garantice justicia y reparación, y que también contribuya a prevenir la repetición de los hechos. Las autoridades intervinientes deben mostrar el estricto compromiso con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Ello incluye el deber de los Estados de enjuiciar debidamente estas conductas y de considerar el contexto de violencia y racismo que coloca a las cuatro víctimas pertenecientes a la comunidad Qom en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo debido a su edad sino por su pertenencia a un grupo históricamente excluido.
El caso Fontana no es una excepción en nuestro país sino parte de una conducta que se repite con aterradora constancia. Solo en 2020 y en una situación de emergencia global como la que atravesamos, en Amnistía Internacional documentamos más de 30 casos de uso excesivo de la fuerza en diferentes lugares de la Argentina. Con sus matices, las prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas en las fuerzas, reflejan fallas sistémicas.
Hacer de la lucha contra la violencia una política de Estado exige más que la sanción de una norma; requiere de una profunda reforma a partir de medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y con el involucramiento de todos los niveles del Estado. No obstante, el debate de una ley contra la violencia institucional en la agenda parlamentaria de este año debe ser un paso en esa dirección.
Johana, la mamá de uno de los jóvenes reclama justicia, que, en palabras de ella, incluye no solo una condena a los responsables, sino mucho más que eso: es devolverles a los chicos la posibilidad de confiar, de caminar libres y no ser perseguidos por su color de piel, su manera de hablar, de vestir o de ser.
Por eso es indispensable que estas denuncias no queden en la impunidad y sean debidamente investigadas. Ello, pese a que nada pueda enmendar o reparar las cicatrices que esta experiencia les ha dejado para toda la vida. Poder desterrar de las estructuras de seguridad el desprecio por el otro es exige de una transformación necesaria, que involucra a toda la sociedad.
