La Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta de Sáenz Peña tomó declaración como imputados a los cuatro agentes policiales que participaron en el operativo de detención que concluyó con la muerte de Leandro Bravo, el pasado 26 de febrero en la ciudad de Charata. Los acusa como coautores del delito de tortura seguida de muerte, que prevé pena de prisión perpetua. Este viernes también se realizó la exhumación del cuerpo que será sometido a una reautopsia en la sede del Instituto Médico Forense de la ciudad Termal.
Viernes, 18 de marzo de 2022
Por Brian Pellegrini
La Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos Adjunta de Sáenz Peña, a cargo de la fiscal Silvia Slusar, tomó declaración de imputados a los cuatro agentes policiales que participaron de la detención que concluyó con la muerte de Leandro Bravo, de 37 años, el pasado 26 de febrero en la ciudad de Charata. Fue este jueves, cuando acusó a los cuatro como coautores del delito de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión perpetua.
Este viernes, en tanto, se llevó adelante la exhumación de los restos de “Leo” Bravo del cementerio “Padre Juan Holzer” de la ciudad de Charata para ser luego trasladados a la morgue de Sáenz Peña, con custodia de Gendarmería Nacional, donde permanecerán a la espera de una nueva autopsia, a realizarse siguiendo el protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, para determinar la responsabilidad de la policía en los hechos.
Según pudo saber LITIGIO, el Comité para la Prevención de la Tortura, junto con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la defensa particular de la familia, en su calidad de querellantes, solicitaron y participaron de la realización de la medida de prueba ordenada por la fiscal de Derechos Humanos adjunta, Silvia Mariela Slusar.
Roberto Sotelo, abogado querellante por el Comité, dijo que “resulta importante que esta medida de prueba se haya concretado, entendiendo que va a aportar claridad para resolver el caso, pero, sobre todo, para aplicar los protocolos internacionales que debieron ser aplicados al momento de sucederse los hechos, ya que se trataba de una muerte en custodia”.
Y agregó: “Este caso resulta una bisagra en razón de que, a través del trabajo que se viene articulando de forma mancomunada entre el Comité y la Secretaría de DDHH, visibilizando situaciones de violencia institucional, como organismos que están dispuestos a luchar para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, la gente entiende la importancia de poder denunciar estos hechos y que el mal obrar de la Policía debe ser sancionado”.
Para Romina Duarte, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, “el procedimiento fue correcto, y es importante porque nos permite conservar el cuerpo para poder realizar una autopsia de acuerdo al protocolo de Minnesota, que no se aplicó en la primera”.
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