A pesar de que la Jefatura de Policía del Chaco le denegó su derecho a un ascenso a Comisaria General y la pasó a disponibilidad hasta que se hizo efectivo su retiro, Rosana Foutel ahora da la batalla en el terreno judicial. “No lo hago solo por mí, nosotras las mujeres tenemos que ayudarnos”, afirmó.
Viernes, 11 de marzo de 2022
Por Brian Pellegrini
“Hay absoluta inequidad de género”, denunció la comisaria mayor Rosana Foutel, luego de que la Jefatura de Policía del Chaco le negara su derecho al ascenso al cargo de Comisaría General que, según asegura, le correspondía desde el 1 de enero de 2021. A fines de diciembre del año pasado, solicitó su ascenso al jefe de Policía, Ariel Acuña, que le respondió con el pase a disponibilidad. Desde ese momento, se iniciaron una serie de medidas de disciplinamiento por haber hecho público su reclamo, lo que incluyó una denuncia penal de sus superiores por la que allanaron su casa y la de sus padres para secuestrarle su arma reglamentaria. “Me inventaron causas, me arrestaron, hicieron de todo para sacarme del camino”, reveló Foutel.
“Yo quería ser Comisaria General y Jefa de Policía”, le contó a LITIGIO. Sin embargo, denunció que “no me quisieron dar un cargo nunca, con todos los méritos”, para pasar a enumerar todos los títulos y capacitaciones que acumula, aunque se reconoce especialista en Seguridad Vial. Además, actualmente se encuentra cursando materias de cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste y en el mes de abril viajará a Miami para participar como expositora en un panel de mujeres expertas en seguridad.
“Desde el 2014 en que empecé a estudiar tuve esta situación. ¿Por qué no dan lugar a la mujer? 50 y 50, como tiene que ser. Señores hombres, señores jefes: denle lugar a la mujer, las mujeres tenemos capacidad”, exhortó, dejando al desnudo la lógica patriarcal y machista que atraviesa a la institución policial.
“Solamente estoy pidiendo que se cumpla el reglamento, como tiene que ser. Nada más. ¿Cuál es el problema? ¿De que ellos no han podido estudiar?”, agregó.
Resignando su aspiración a ser Jefa de Policía, Foutel asegura que tiene derecho al ascenso y menciona un decreto del mes de junio de 2021, firmado por el gobernador Jorge Capitanich, en el que figuraba primera en el orden de mérito. Sin embargo, la única respuesta que tuvo fue su pase a disponibilidad, por el que apunta al jefe de Policía y también a la ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar. “Yo necesito, señora ministra, que salga a la prensa y diga qué pasa con mi situación”, señaló.
“No lo hago solo por mí, nosotros las mujeres tenemos que ayudarnos”, afirmó Foutel.
La batalla judicial
A partir de la persecución desatada contra ella, decidió judicializar su reclamo, ya que el 1 de marzo de este año cumplió los treinta años de servicio policial y por ley le corresponde el retiro obligatorio. Más allá de lo que representa en lo económico retirarse con el grado de comisaria general, Foutel asegura que su objetivo es dejar el precedente, de no aceptar la decisión arbitraria que le impidió un ascenso cuando contaba con los méritos y la capacidad suficiente. Y no descarta recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Quiero que me den lo que corresponde: la jerarquía a partir del 1 de enero de 2021”, recalcó.
En principio, Foutel impulsó una acción de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia que se declaró incompetente por considerar que se trata de una cuestión para el fuero contencioso administrativo. Según pudo saber esta revista, la presentación judicial derivó la semana pasada en la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese contexto, las juezas que integran ese tribunal, Natalia Prato y Silvia Varas, consideraron que la vía judicial más idónea para el reclamo de la comisaria Foutel es una demanda contencioso administrativa y no un amparo, teniendo en cuenta que el trámite de la primera permite un mayor tiempo para poder analizar las pruebas.
“Se trata del reconocimiento de derechos de naturaleza laboral, como ser promoción o ascenso en la carrera policial, en el marco de una relación de empleo público, lo que permite inferir que será necesario un juicio con mayor prueba y amplitud de debate, que el estrecho marco de conocimiento de las acciones de amparo”, fundamentaron las magistradas. Así, consideraron conveniente readecuar y recaratular la presentación como una demanda contencioso administrativa y remitirla a mesa de entradas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que sortee al tribunal que intervenga en el caso, que podrá ser la misma Sala Primera o la Sala Segunda.
En su presentación judicial, Foutel pidió que se declare la “inconstitucionalidad” de las acciones de la Jefatura de Policía al considerar que “restringe su derecho a obtener el ascenso jerárquico y/o escalafonario correspondiente al grado de Comisaria General, que solicitó conforme la vacante en la Dirección de la Policía Caminera”. A su vez, impugnó la disposición interna de la Jefatura que resolvió modificar su situación de revista laboral al de “disponibilidad” por el término de un año, lo que estimó “arbitrario e ilegal”.
En ese marco, pidió a la justicia que le ordene a la administración “adopte los mecanismos administrativos de rigor a fin de posibilitar el otorgamiento de los ascensos postergados, correspondiente al grado de Comisaria General”.
La ley 26.485
En el caso de la ahora ex comisaria mayor Foutel, se estaría violando la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, específicamente el artículo 6, inciso c), que define a la violencia laboral contra las mujeres como “aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral”.
