En una conferencia de prensa realizada este martes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chaco denunció el incumplimiento del gobierno del Chaco de una ley sancionada en agosto de 2021 que definió equiparar progresivamente los salarios de magistrados y funcionarios a la media nacional.
Miércoles, 23 de febrero de 2022
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco brindó este martes una conferencia de prensa donde denunció el incumplimiento del Poder Ejecutivo de una sentencia judicial y de una ley provincial que prevé la equiparación progresiva de los salarios de los jueces chaqueños a la “media regional” y luego a la “media nacional” para garantizar el principio de “intangibilidad” de los sueldos de los funcionarios judiciales afectados por la inflación.
“Hoy nos encontramos frente a una situación de gravedad institucional inusitada, ya que uno de los Poderes del Estado se niega sistemáticamente a cumplir con una ley en vigencia. Ley que es invocada por el propio estado como justificación del cumplimiento de las decisiones de la CSJN y el STJ ad hoc en la causa ALONSO DE MARTINA, causa en que los tribunales mencionados reconocieran la afectación a la garantía constitucional de la intangibilidad de los salarios y ordenaran su restablecimiento”, sostuvieron desde la Asociación de Magistrados.
En ese sentido, puntualizaron que “el Poder Judicial provincial y la CSJN han reconocido la violación a la intangibilidad ante la falta de actualización de los salarios del sector, frente a escenarios de constante inflación, y han exhortado a los demás poderes del estado al restablecimiento de la misma a través de la recomposición salarial correspondiente”.
Así, recordaron que el Poder Legislativo sancionó, en agosto del pasado año, la ley 3424-A, que dispone un esquema de actualización salarial, comenzando por equiparar los salarios del Poder Judicial del Chaco, a un promedio de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, lo que llamamos la “media regional”, para posteriormente llegar a la “media nacional”, que es un promedio de los salarios judiciales de todas las provincias, y que es el criterio de referencia que toma la CSJN, considerando que no todas las jurisdicciones están en similares condiciones económicas.
Sin embargo, advirtieron que “luego de sancionada la ley 3424-A, luego de haber sido promulgada sin observaciones por el Poder Ejecutivo, y luego que el propio Ejecutivo reconociera en el decreto 2725 de diciembre pasado, la necesidad de “encontrar la solución al conflicto salarial originado hace décadas”, a pesar de todo ello, no se realiza el cumplimiento efectivo de la ley vigente hace ya 7 meses”.
“Debemos destacar que la propia Fiscalía de Estado, en representación del Estado Provincial, ha comunicado a la CSJN, en el último Recurso de Queja presentado ante ese tribunal, que la provincia estaba cumpliendo con la recomposición salarial, a través de la norma jurídica correspondiente. Sin embargo, se ha cumplido sólo una primera parte de la ley, y se evita el cumplimiento de la equiparación a la media regional, como punto de partida de la recomposición real de los salarios”, describieron.
¿Una nueva judicialización del reclamo?
Los magistrados señalaron que “el Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir con la norma, primero dijeron que lo harían pasadas las elecciones legislativas y luego que durante el mes de enero se trabajaría en el cálculo correspondiente para comenzar a abonar con el sueldo de febrero, pero hasta el día de hoy el STJ no tiene confirmación de ese compromiso, por lo que entendemos que se da una situación de gravedad institucional, que repercutirá nuevamente en las arcas provinciales, y que el pretendido diálogo entre poderes se encuentra afectado, al no haber respuestas por parte del Poder Ejecutivo, quien se encuentra en abierto incumplimiento de normas legales aprobadas por la legislatura en su conjunto y de sentencias judiciales del máximo tribunal argentino”.
Así, advirtieron que “estamos nuevamente en posición de tener que recurrir a la judicialización del conflicto, como forma de hacer respetar nuestros derechos constitucionales vulnerados”.
“Hemos sido prudentes, hemos sabido contemplar situaciones, hemos tenido mucha más paciencia que la que tiene cualquier ciudadano al plantear sus conflictos, y sin embargo la respuesta por parte del Ejecutivo Provincial es nula, por lo que no podemos seguir permitiendo este avasallamiento institucional al que nos vemos sometidos”, puntualizaron.
En ese contexto, insistieron “en el cumplimiento efectivo de la ley 3424-A, para poder así contar con previsibilidad salarial para el año que comienza, y evitar el desgaste de energías que supone tener que discutir esta misma cuestión hace ya tantos años”.
“Creemos que es momento de poner fin a una situación irregular, conforme lo ha reconocido la CSJN, y creíamos sinceramente que esta ley vigente venía a hacerlo, pero el incumplimiento injustificado por parte del Poder Ejecutivo, nos muestra una situación de gravedad que nos veremos obligados a afrontar, con las herramientas legales con que contamos, como única alternativa de hacer respetar derechos y garantías constitucionales avasalladas”, concluyeron.
