A pesar de que hay testigos presenciales que vieron cuando un agente de la Policía del Chaco asfixiaba hasta la muerte al joven en plena calle, hasta el momento la Fiscalía de Derechos Humanos no imputó a ninguno de los agentes de la Comisaría Séptima de Resistencia sospechados. Sólo cambió la carátula del caso, ante la insistencia de la familia y de las querellas.
Lunes, 14 de febrero de 2022
A dos años de la muerte de Diego Emanuel Barreto, de 25 años, la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos aún no tomó declaración de imputado a los tres agentes de la Comisaría Séptima de Resistencia que fueron identificados por haber intervenido en el operativo que terminó con la vida del joven en plena vía pública, la mañana del 13 de febrero de 2020. Hasta ahora, el fiscal Enrique Luciano Santos solo modificó la carátula de la causa que originalmente era “supuesto suicidio” por la de “muerte en custodia”. Lo hizo ante la persistente lucha de la madre de Diego, Analía Ojeda, y el planteo del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, que actúa como querellante en el caso. Según se pudo saber en las últimas horas, luego de varias postergaciones, este viernes 18 de febrero se tomarían las declaraciones como imputados a los tres agentes policiales involucrados.
En la causa se encuentra incorporado un testimonio que las querellas consideran fundamental. Se trata del relato de una persona que presenció toda la secuencia que se inició con una corrida desconcertada de la víctima, quién minutos antes había caído desde el balcón de su departamento (ubicado en avenida Edison al 1300) y solicitaba ayuda. Un automóvil que circulaba por el lugar detuvo su marcha para intentar socorrerlo, pero el joven se arrojó junto al vehículo y se quedó allí hasta que comenzaron a arribar los agentes de la Policía del Chaco. Fue tal la fuerza y la violencia con la que intentaron controlarlo que uno de los agentes lo terminó asfixiando y provocándole la muerte. Al arribar la ambulancia, Diego ya no presentaba signos vitales. En una ronda de reconocimiento, el mismo testigo pudo identificar a tres de los agentes que intervinieron esa mañana, y cuya citación a declaración como imputados habría sido demorada por el hackeo al Poder Judicial, según informaron desde el Comité para la Prevención de la Tortura.
“Yo no sé qué más quiere el señor fiscal Luciano Santos”, afirmó Analía Ojeda, la madre de Diego, en declaraciones a CIUDAD TV. Y denunció que “uno de los policías estos está en servicio, y uno de ellos está cerca de mi casa”, y reveló que recientemente detuvo a otra persona de la misma manera que lo hizo con su hijo. “Imagínese usted si no es una burla hacia mi familia, hacia mí, que esta persona que está acusada porque no está imputada está en una comisaría cerca y hace lo mismo, sigue haciendo lo mismo”, reflexionó.
Una pericia clave
A ese testimonio central para la investigación debe sumarse el resultado de la autopsia realizada de acuerdo al “Protocolo de Minnesota” por un equipo del Instituto Médico Forense del Poder Judicial del Chaco, que debe aplicarse en todos los casos de muertes violentas bajo custodia estatal, que corrobora esa versión: la muerte de Diego se debió a la “asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, probablemente por estrangulación antebraquial o armada, durante la aprehensión por fuerzas de seguridad (muerte en custodia)”. Es decir, Diego no se murió, a Diego lo mató la policía.
La pericia, a cargo de un equipo dirigido por la doctora Gabriela Lamparelli, también permitió descartar la “ausencia de sustancias tóxicas” que pudieran provocar la muerte de Diego e infirió, además, que “no era consumidor habitual y/o crónico”. Así, dio por tierra con la versión que la policía intentó instalar desde un primer momento: que el joven había intentado suicidarse arrojándose desde su balcón, luego de haber consumido algún tipo de droga. De hecho así lo consignaron las primeras actuaciones policiales dando intervención a la fiscalía antidrogas.
Ante los numerosos antecedentes de polémicas actuaciones en casos de violencia institucional por parte de la justicia chaqueña, el avance de la investigación de esta causa también es monitoreado por el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que, en mayo de 2021, solicitó un informe sobre el estado de la causa al fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos del Chaco, Enrique Luciano Santos. En la nota, el organismo nacional le transmitía al fiscal Santos “el interés de la familia Barreto respecto de la necesidad de urgente tratamiento y tramitación de la causa”.
Este domingo 13 de febrero de 2022, cuando se cumplieron dos años de la muerte de Diego, su madre Analía Ojeda, posteó en su muro de Facebook: “En este día cuando mi mundo se paralizó sigo y sigo se que Dios me sostiene y vos ANGEL MIO no me van a callar frustraron tu vida y la de toda la familia . Los asesinos tienen que estar en el lugar que le corresponde . Voy por todo mi vida sabes te amo hijo mio y lo sabes”.
