La presentación fue realizada por la actual secretaria del Juzgado de Garantías de la ciudad de General San Martín, Noelia Miño, quién concursó por el cargo de la Fiscalía Penal de esa localidad pero que, inexplicablemente, no fue propuesta por el Consejo de la Magistratura. Una cautelar pide suspender el nuevo llamado a concurso y el amparo que se le tome juramento en el cargo.
Miércoles, 2 de febrero de 2022
Por Brian Pellegrini
Mientras el Poder Judicial del Chaco busca recuperar progresivamente su funcionamiento normal tras el ataque cibernético sufrido durante el mes de enero, ya se percibe que 2022 será un año intenso para los tribunales chaqueños. Es que una de las primeras presentaciones es contra una polémica resolución del Consejo de la Magistratura del Chaco que, a fines de 2021, declaró desierto el concurso para la Fiscalía Penal de la ciudad de General San Martín y decidió abrir un nuevo concurso. Lo más llamativo del caso es que con esa resolución confirmó como provisorio al fiscal Guillermo Codutti, quién había sido excluido del mismo por hacer trampa al violar el requisito del anonimato. Dato no menor: Codutti fue concejal de la ciudad de General San Martín por el Partido Justicialista y es un hombre cercano al exintendente y actual diputado nacional por el Frente de Todos, Aldo Leiva.
Ahora, la única concursante que quedaba en carrera, la actual secretaria del Juzgado de Garantías de San Martín, Noelia Miño, presentó una acción de amparo para que se declare la ilegitimidad y/o inconstitucionalidad de la resolución que declaró desierto el concurso y que se ordene al Consejo de la Magistratura que, con una nueva composición, le tome juramento en el cargo. Paralelamente, también solicitó una medida cautelar de no innovar para que se suspenda el llamado al nuevo concurso.
A través de 149 páginas, el escrito hace un pormenorizado repaso cronológico del concurso para cubrir la Fiscalía Nº 1 de General San Martín, iniciado en febrero de 2018, que llevó adelante el Consejo de la Magistratura del Chaco, que excluyó a Codutti del concurso por violar el requisito del anonimato recién cuando hubo una sentencia judicial que así se lo ordenó, y que debió impulsar la propia Miño, ante la inacción del organismo que tiene a su cargo la designación y destitución de jueces y fiscales en el Chaco.
“Jamás se dio una situación similar”
“La decisión a la cual arriba el Consejo como órgano extra poder encargado de designar a Jueces, Fiscales y Defensores, es sin fundamento jurídico, y sobre todo única, porque jamás se dio una situación similar. Me refiero a que alguien haya llegado solo/a al final del concurso y que no sea designado o votado porque los Consejeros simplemente no hayan querido opinar”, sostiene Mino en su presentación.
Agregó que “esto demuestra que si hubieran merituado y encontrado un aspecto negativo en mi persona que sea objetivamente razonable, lo hubieran expuesto en forma inmediata, dándome así la posibilidad de enterarme y mejorar, defenderme y comprender el por qué de esta decisión que hoy (nuevamente como hace tres años) me afecta injustamente”.
En el escrito, Miño recalcó que “No me proponen pese de haber atravesado todo un concurso, obligándome a rendir nuevamente si pretendo aspirar al cargo, cuando mi examen no fue objeto de impugnación, alcancé el nivel de excelencia, respeté todos los parámetros legales establecidos, reclamé respetando todas las vías el error del colega adversario no advertido por el Consejo, no tuve impugnaciones de tipo personal que me hagan indigna del cargo para el cual me preparé, estudié, rendí, sortee los obstáculos mencionados”.
“Esta decisión sienta un precedente tan peligroso como incierto y hasta quizás irresponsable, pues repite la conducta escandalosa y reprochada del Consejo en el caso Cimbaro Canella, mencionado en cursos como ejemplo de mal proceder, expuesto y conocido tanto a nivel provincial como nacional”, puntualizó.
¿Connivencia entre consejeros y el concursante excluido?
Una vez que quedó firme la exclusión de Codutti, al que en off consideran “el caballo del comisario”, al Consejo de la Magistratura del Chaco no le quedaba otra opción que avanzar con el concurso y evaluar a la única postulante en carrera: Noelia Miño. Sin embargo, el organismo apeló a distintas estrategias para dilatar aún más una definición y así desobedecer la sentencia judicial.
A ello se prestó el Colegio de Abogados de la ciudad de General San Martín y el consejero de los abogados del interior, Ismael Barnes, que citó un supuesto “mandato” para abstenerse, luego de que el concursante excluido (Codutti) pidiera apoyo de esa entidad a la que notificó que había apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual no impedía continuar con el trámite.
El día de la entrevista personal, los consejeros hicieron esperar más de tres horas a la postulante y cuando, finalmente, pudieron formularle preguntas para conocer sobre su idoneidad, la única que lo hizo fue la consejera Emilia Valle, representante del Superior Tribunal de Justicia. Luego de la entrevista, otra vez el Consejo dilató expedirse. A tal punto que la concursante debió presentar nuevas notas para que el Consejo le informe los motivos por los cuales el concurso no se reanudaba. En ese sentido, la presentación señala que toda esa estrategia dilatoria “a todas luces deja ver una connivencia entre los consejeros y el excluido concursante Guillermo O. Codutti”.
La “constreñida” consejera Zalazar
Llegado el momento de la votación, la presidenta del Consejo y actual ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar, dijo que debido al paso del tiempo se sentía “constreñida” por quedar una sola concursante y que no estaba obligada a votar por ella por lo que decidió abstenerse. El escrito presentado por Miño revela que la consejera Zalazar votó en otros tres concursos en los que quedaba solo un concursante sin sentirse “constreñida”. Pero la presidenta fue aún más allá en su “fundamentación” al señalar que “de la entrevista tampoco surgieron las idoneidades que entiendo debe tener alguien que ocupar este cargo en cuestión”. En esa entrevista, como señala esta nota más arriba, no le formuló ninguna pregunta para conocer sobre su idoneidad. Tal vez, la consejera Zalazar lo dedujo del rostro de la concursante.
Lo mismo hizo el representante de la bancada oficialista, Juan Manuel Pedrini, quién también citó el supuesto “mandato” de los colegios de abogados. También se abstuvieron el consejero suplente por los abogados de Resistencia, Héctor Zalazar; el suplente por los abogados del interior, Roberto Pugacz -reemplazó ese día a Barnes-, y la consejera que representa al Poder Judicial, María de las Mercedes Pereyra.
Solo el representante de la bancada opositora, Carim Peche, y la del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, votaron por proponer a Miño para ocupar la Fiscalía Nº 1 de General San Martín. La ministra Valle ponderó que la postulante cuenta “con 11 de años de antigüedad en el Poder Judicial, habiendo comenzado en el cargo de auxiliar administrativa por concurso, siendo actualmente Secretaria del Juzgado de Garantías en la Ciudad de San Martín cargo que ocupa desde el año 2013, y que además es especialista en Derecho Penal, Disertante y Capacitadora, habiendo alcanzado asimismo el nivel de excelencia en otros concursos ante éste órgano constitucional para los cargos de Asesora y Defensora”.
Ante ese panorama de cinco abstenciones y dos votos por la concursante Miño, al no reunir la mayoría de los votos de los consejeros, el Consejo de la Magistratura del Chaco resolvió declarar desierto el concurso y llamar a un nuevo concurso para cubrir la Fiscalía Nº 1 de General San Martín. El efecto concreto de esa resolución es que quién fuera excluido del concurso por hacer trampa sigue siendo actualmente fiscal provisorio de General San Martín. Con la presentación judicial, Miño busca revertir esa decisión para que no quede un nuevo precedente sobre la absoluta discrecionalidad en la actuación del Consejo de la Magistratura del Chaco.
