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La diputada del Frente de Todos cuestionó el fallo de la Corte Suprema que declaró “inconstitucional” después de 15 años la actual integración del Consejo de la Magistratura -del que ella forma parte- y se manifestó a favor de modificar al máximo tribunal: los cortesanos, dijo, “tienen que hacerse cargo de la falta de legitimidad que tiene el Poder Judicial en nuestra sociedad”. 

Martes, 25 de enero de 2022

Por Miguel Jorquera 

-¿Cuál es su opinión sobre el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura?

– En el Consejo estamos tratando de ejecutar ese fallo, pero el plazo es muy exiguo, la Corte tomó una resolución después de tanto tiempo y a destiempo presiona al Consejo, a los propios estamentos e incluso al Congreso para cambiar la actual composición, cuando faltan pocos meses para que el Consejo se renueve.

-Deroga una ley vigente hace 15 años, emplaza a modificarla en 4 meses y, si no, impone la conformación de una ley derogada…

-Esta injusticia que sufren los ciudadanos/as comunes cuando la Justicia llega tarde, que demanda años y años para resolver una controversia, causa perjuicio a las personas. Eso también sucede en la Corte con causas que están ahí durmiendo por años y, cuando se resuelven, pueden generar conflictos, como el que estamos atravesando ahora.

-¿Qué pasaría si el Congreso aprueba el proyecto del oficialismo que propone pasar de los actuales 13 a 17 miembros del Consejo de la Magistratura?

-El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso es una propuesta razonable. Desde la propia oposición se han pronunciado en que tiene legitimidad en cuanto trata de mantener un equilibrio entre representantes de la política, de la abogacía y de magistrados. Puede ser tranquilamente tratada en extraordinarias, ser de aplicación y evitar el daño que produciría paralizar una institución de la democracia como el Consejo.

– En las últimas semanas se conoció la existencia de una mesa judicial bonaerense durante el gobierno de Vidal, donde se proponía una “Gestapo” antisindical para armar causas y encarcelar gremialistas, en la que participaban funcionarios, espías, empresarios, en complicidad con un sector del Poder Judicial…

– Cuando faltan libertades y se viola el funcionamiento de la democracia y de las instituciones de los tres poderes del Estado, también se endeuda al país, se generan despidos, se cierran Pymes y se retrocede en una sociedad más igualitaria. Esto hizo la mesa judicial macrista, que quedó demostrado ahora con este video y que nosotros venimos denunciando con anterioridad, donde se arman causas, aparecen precausas y donde Milagro Sala aun está presa por este esquema de captación de cierto sector del Poder Judicial que funcionaba coordinadamente con los servicios de inteligencia y los medios corporativos de comunicación. En 2018, cuando aparecían las visitas de los jueces a Macri y estas reuniones de la mesa judicial, en paralelo aparecían más causas contra CFK y a dirigentes sociales y políticos, justo en el año que el FMI le otorga a Macri un crédito extraordinario con el fin de mantener su gobierno. Es fundamental que se esclarezcan estos hechos y que la sociedad tome conciencia de cómo esa mesa judicial la afectó en el trabajo que perdió, en su vida cotidiana, con los tarifazos y el caos que nos dejó el macrismo. Se cambió el modelo económico y se retrocedió en la puja distributiva, donde perdieron más los de más abajo.

-La Comisión Bicameral de los servicios de inteligencia avanzó más que la propia Justicia sobre la mesa judicial macrista a nivel nacional desde que la causa pasó a Comodoro Py ¿Puede pasar en la causa en la provincia?

-Espero y confío en que la Justicia avance. El macrismo, además de perseguir dirigentes políticos, también se encargó de perseguir a los mismos jueces que no respondían a sus intereses o no entraban en el esquema mafioso que ellos manejaban, jueces como Arias, Ballesteros y tantos laboralistas que defendieron a la gente. En el Poder Judicial hay de todo también: jueces malos y jueces probos y transparentes que responden a los intereses de la sociedad. La mayoría que está en Comodoro Py fue cómplice de todo el armado judicial del macrismo.

-En los videos y la información que se conoce sobre la Gestapo macrista en la provincia aparece vinculado el procurador bonaerense, Gerardo Conte Grand. Sin embargo, Juntos por el Cambio se abroqueló en su defensa, al igual que con la ex gobernadora Vidal.

-El actual procurador de la provincia, fue funcionario político en el gobierno de Vidal. Antes estaba con Macri en CABA. Ahí vemos que el procurador es una persona militante del espacio político del PRO, de Cambiemos o Juntos. Hay un pedido de juicio político del FdT por haber participado de todo este entramado y no haber cumplido con sus deberes de funcionario público y se tendrá que avanzar en ese sentido. Ahora Conte Grand se quiere poner la toga de la imparcialidad o independencia judicial que no tiene.

-¿Qué pasa si el juicio político no prospera y tampoco renuncia?

-Hay que seguir dando la discusión siempre, de cara a la sociedad. Porque de última es el pueblo el encargado de controlar el funcionamiento de la democracia.

-Otra discusión que se da políticamente pero aun no se planteó en el Congreso es la modificación de la integración Corte Suprema ¿Cuál es su opinión?

-Es una discusión muy sana y necesaria la de plantear una Corte más democrática, con mayores amplitudes profesionales en distintas materias y con equidad de género. La Corte tiene que hacerse cargo que la falta de legitimidad que tiene el Poder Judicial en nuestra sociedad tiene que ver también con las decisiones que toma esa Corte y como se han manejado últimamente con designaciones como la de su presidente, donde uno se vota a sí mismo y con otros miembros ausentes. Esa recuperación de la legitimidad tiene que empezarse por la cabeza. Así como lo hizo Néstor Kirchner cuando tuvimos una Corte debidamente designada y con aval popular. No tengo un número, pero creo que hay que hacer una ampliación con presidencia rotativa como funcionan la mayoría de los poderes judiciales de América.

Fuente: Página/12 


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