Un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados adoptar medidas para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales.
Martes, 25 de enero de 2022
Por Gustavo Ahumada
“Desde las perspectivas históricas y culturales de estos pueblos, la libre determinación es un derecho preexistente a la creación de los actuales Estados americanos”, destaca el informe publicado el pasado 30 de diciembre y que destaca que la libre determinación “es un derecho fundamental para el goce efectivo de otros derechos”. Aunque aclara que el poder ejercerlo en la práctica es dónde radican los desafíos.
Además, el trabajo realizado por el organismo internacional realiza una serie de recomendaciones a los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que incluyen que se adopten medidas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación.
Se recomienda también “promover espacios de diálogo y coordinación intercultural entre autoridades de esos pueblos y los Estados con respecto a temas como la coordinación entre los sistemas de justicia indígena y tribal y la definición de medidas para la mitigación de los impactos del cambio climático, y para la prevención y atención relacionada con la pandemia de COVID-19”.
Otro punto clave que se destaca es la necesidad de “establecer mecanismos efectivos para la delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras y territorios, de conformidad con los estándares y jurisprudencia del Sistema Interamericano”. Lo que “incluye medidas de protección frente las acciones de terceros que afectan sus tierras, territorios y recursos naturales”.
El informe se elaboró a partir de una investigación jurídica con diversas reuniones virtuales con representantes de pueblos indígenas y tribales de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. A ello se agregaron también entrevistas con personas expertas en temas de derecho internacional; pluralismo jurídico; y con representantes de los Estados, pueblos indígenas y tribales, sus organizaciones representativas y organizaciones de la sociedad civil que enviaron información a la Comisión.
Un punto clave, y que actualmente las comunidades originarias en nuestro país bregan porque se cumpla, es la denominada consulta previa, libre e informada. La CIDH en el informe dejó claro que es necesario “implementar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos de desarrollo o explotación de recursos naturales susceptibles de afectar los derechos de estos pueblos”.
A esto se suma adoptar medidas para el reconocimiento “reconocimiento, fortalecimiento y promoción del rol clave de las mujeres indígenas y tribales en el ejercicio del derecho a la libre determinación susceptibles de afectar a sus pueblos” e incorporar “una perspectiva de género e intercultural a fin de aumentar la protección judicial de las mujeres indígenas y tribales cuando sufran violaciones de derechos humanos”.
“La Comisión confía que este informe contribuirá con reforzar y garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales en la región, y reitera su disponibilidad para colaborar técnicamente y seguir dialogando con los Estados y con los pueblos indígenas y tribales, en cumplimiento de su mandato transformador en el hemisferio”, concluyen.
Fuente: Tiempo Judicial