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En medio de las definiciones sobre su futura integración, el Consejo de la Magistratura dio un paso clave hacia la paridad de género. Al aprobar este lunes por unanimidad un reglamento para que los abogados y abogadas elijan a sus dos representantes según lo dispuesto por la Corte Suprema, el organismo estableció que sólo podrán ser mujeres.

Martes, 25 de enero de 2022

Por Irina Hauser 

En medio de las definiciones sobre su futura integración, el Consejo de la Magistratura dio un paso clave hacia la paridad de género. Al aprobar este lunes por unanimidad un reglamento para que los abogados y abogadas elijan a sus dos representantes según lo dispuesto por la Corte Suprema, el organismo estableció que sólo podrán ser mujeres. Lo mismo se había definido para el estamento de jueces y juezas: la nueva designación deberá ser de una magistrada. La decisión es parte de una serie de pasos que los consejeros y consejeras tuvieron que dar para cumplir con el fallo supremo que declaró inconstitucional la composición actual de cuerpo, que data de 2006, y dispuso que salvo que el Congreso apruebe una reforma para el 16 de abril deberá volver a su estructura anterior, con 20 integrantes, incluido el presidente del alto tribunal. Mientras tanto ,crece la expectativa por la aprobación de una nueva ley en las sesiones extraordinarias, donde este tema todo indica que estará incluido.

El Consejo de la Magistratura -organismo que elige las ternas de jueces/zas y que puede iniciar juicios políticos- tiene hoy 13 integrantes, de los cuales solo cuatro son mujeres. El fallo de diciembre de la Corte que invalidó la integración actual del organismo señala que, si llegado el plazo establecido no hay nuevas designaciones, todas las decisiones serán nulas. Una particularidad de la sentencia, que uno de los propios supremos, Ricardo Lorenzetti, cuestionó en el fallo, es que restablece una ley ya derogada para reimplantar el esquema de 20 consejeros/as. Sobre la equidad de género no dice ni una palabra. Frente al plazo y la falta de certezas sobre la aprobación de una ley, se habilitó la feria de verano. Por eso se reunieron la comisión de Reglamentación y el plenario.

El reglamento aprobado fija como fecha límite para las elecciones tanto de abogadas como un jueza el 8 de abril. Dentro del universo de abogados/as y abogadas no será fácil que se pongan de acuerdo la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio de Abogados de la Capital Federal. El segundo había propuesto pedir una prórroga a la Corte y hacer coincidir la votación con la elección de autoridades de su entidad, a fines de abril. Una complejidad adicional es que en cada provincia se deben definir protocolos para votar. Si no acuerdan, definirá el Consejo. La Asociación de Magistrados convocaría a su estamento para los primeros días de abril. Si se vuelve al Consejo de 20, deberán designarse: dos abogadas, una jueza (según se aprobó el 11 de enero último), un académico/a y dos legisladores/as por la minoría.

La FACA se había opuesto incluso a la designación de dos abogadas mujeres, respaldaban solo una. La diputada y consejera Vanesa Siley respondió en una presentación escrita y también en la reunión del Consejo. “Argumentar que se está privando de manera absoluta derecho sobre los varones abogados que quieran postularse como candidatos constituye una visión parcializada de la composición actual del Consejo, que parece solapar la actual representación de dos varones en el estamento de la abogacía. ¿Cómo se priva de derechos a quien histórica y estructuralmente detenta privilegios muy por encima de las mujeres? ¿Cómo se puede alegar una discriminación sobre un género que ya se encuentra sobrerepresentado?”, planteó. Ante sus colegas cuestionó que la FACA hable de “proscripción de los varones”.

“No pretendemos que nadie nos regale nada, muchachos, ustedes empezaron primero por eso ocupan todos los cargos, han creado el techo de cristal, las zonas rosas y todas esas cuestiones que en el devenir de esta sociedad hemos ido analizando y advirtiendo muchas mujeres que es necesario construir oportunidades”, dijo también la diputada Graciela Camaño. El nuevo reglamento, agregó, “es fruto de ese trabajo, es la consolidación en materia de género de este Consejo y de una sociedad que viene caminando hace mucho tiempo en Argentina en esa búsqueda. Más allá de las observaciones que puedan tener de índole legal, les digo que las leyes ya no tienen el positivismo que nosotros estudiamos, las leyes también deben ser aplicadas con perspectiva de género”.

El presidente del Consejo, Diego Molea, remarcó: “Faltan más mujeres, hagamos lo posible para que se integren y podamos construir un mejor órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura”. Tanto él como el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, señalaron que la delegación de la organización de las elecciones a cada estamento apunta a poder cumplir con el fallo supremo, pero que el organismo “acompañará”. “Si se suscita una cuestión objetiva estaremos acompañando al estamento para cumplimentar el fallo, pero nosotros no podemos fijar previamente las fechas”, sostuvo Ustarroz.

Algunos de los presentes en la reunión por Zoom aprovecharon para volver a cuestionar el fallo de la Corte Suprema. Siley lo describió como “mañoso”. El camarista Alberto Lugones señaló: “Hoy tenemos un reglamento que permite cumplir con esa manda tan estricta que nos dio la Corte, estricta manda que no fue tan estricta para esperar 15 años y declarar inconstitucional la ley. La integración actual no va en línea con la Constitución, (pero) no justifico el incendio de que en 120 días hay que elegir nuevos consejeros porque terminamos esto y tenemos que volver a hacer reglamentos para la nueva integración según dispongan las leyes”.

En paralelo a todo esto que ocurre en el Consejo, si el Poder Ejecutivo finalmente incluye en extraordinarias el proyecto de ley para llevar la composición a 17 integrantes -sin representante cortesano- y la oposición, que también presentó proyectos, acepta negociar, se abre la oportunidad de dar una solución definitiva al intríngulis que generó la Corte con evidente intencionalidad política.

Fuente: Página/12

 


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