La jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Cristina Pisarello, hizo lugar este martes a un hábeas corpus presentado por un grupo de defensoras oficiales en favor de detenidos alojados en la Comisaría Quinta de Resistencia. Se ordenó al gobierno readecuar el edificio, separar a los condenados de los que aún siguen en proceso judicial y reducir paulatinamente la cantidad de aprehendidos.
Miércoles, 8 de diciembre de 2021
Esta causa se inició a comienzos de octubre de este año cuando un grupo de defensoras públicas de Resistencia presentó una acción de habeas corpus correctivo y colectivo en favor de las personas alojadas en la Comisaría 5ª de Resistencia por el agravamiento en sus condiciones de detención ya que, según constataron en el lugar, 65 detenidos se encuentran en un espacio físico destinado para albergar a apenas 16 personas.
La presentación lleva las firmas de las defensoras oficiales Nº5 Daniela Acosta Calvo, Nº 6 Julieta Dansey, Nº 7 Estefanía Argarate, Nº 10 Yamila Baldovino, Nº 11 Lorena Padován, Nº 12 María Celeste Ojeda, Nº 13 Patricia Aleksich y Nº 14 Karina Paz.
Las defensoras indicaron que en dicha unidad policial se constataron situaciones de insalubridad, falta de higiene, hacinamiento y superpoblación. Además, y como consecuencia de la superpoblación detectada, los presos se encuentran “vedados de derechos y necesidades básicas mínimas como cuestiones sanitarias, de alimentación, esparcimiento, luz y ventilación, educación, trabajo, recreación y salud, sumada a las pésimas condiciones de infraestructura con que cuentan las instalaciones”.
Por otra parte, hicieron especial referencia a la inadecuada utilización de espacios, puesto que se encuentran resguardadas en un patio interno de la comisaría un número considerable de motocicletas. A su entender, podría utilizarse ese espacio para recreación de los detenidos y la descongestión de las celdas.
Ante este planteo, la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Cristina Pisarello, solicitó al jefe de la Comisaría Quinta que le remita un informe respeto de la cantidad de internos como de la totalidad de motos ubicadas en el patio, transformado en depósito. Al 19 de octubre de 2021, en el lugar había 41 detenidos y 163 motos.
Además, el 15 de octubre se realizó una inspección ocular, dispuesta por la magistrada, la cual contó con la participación de Juan Martin Bogado, Fiscal de Cámara en lo Criminal 2; Gisela Gauna Wirz, Defensora General Adjunta; Patricia Mariel Aleksich, defensora oficial 13; Martha Karina Paz, defensora oficial 14; Ariela Álvarez, delegada del Comité para la Prevención de la Tortura; Lourdes Polo Budzovsky, subsecretaria de Justicia de la Provincia; Leandro Álvarez, subsecretario de Planificación y Justicia de la Provincia; Rufino Ramos Emanuel, en representación de la Fiscalía de Estado de la Provincia; Jorge Caballero, comisario Inspector de la Comisaría Quinta, y Vanesa A. Jojot, del Gabinete Científico de la Provincia.
Informe
De dicha visita, el Comité para la Prevención de la Tortura presentó un informe a la jueza, donde se constata las malas condiciones edilicias y de hacinamientos que padecen los detenidos en esa comisaría.
“Arquitectónicamente, se observa que el sector de encierro se compone de 4 celdas y 1 ‘calabozo’, con un baño ubicado en medio de las celdas que cuenta con dos sanitarios, con una estructura deteriorada, vieja, paredes y techos húmedos, revoque con desprendimiento, falta de pintura, entre otros”, describió el Comité.
“La celda 1 posee una superficie de 16m2, con capacidad declarada para albergar a 4 personas. Sus dimensiones tomando en cuenta la capacidad declarada (4 personas) están por debajo a los estándares que propone el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante CNPT) de 6 m2 por persona como espacio vital mínimo y 4 m2 por cada ocupante adicional, sin considerarse el espacio para sanitarios”, señaló.
Indicaron que las instalaciones eléctricas son precarias, con retazos de cables empalmados, colgando sin ningún parámetro de seguridad. “El riesgo de electrocución es elevado”, alertó.
“La luz artificial es casi nula. Se observa un lugar lleno de suciedad, húmedo, proclive a la proliferación de hongos, bacterias, virus. El sector baños tiene una superficie reducida de 6m2, compuesta de 2 inodoros ¨turcos¨, amurados al suelo, un lavamanos sin grifos que no permite controlar la salida del agua, y una ducha con un caño de PVC a la intemperie. Las cañerías se encuentran permanentemente obstruidas, con rebalse de agua servida. Existencia de roedores por las noches. Se observan pequeñas ventanas, lo que limita enormemente la circulación del aire y el ingreso de luz natural”, describió.
El lugar tampoco cuenta con camas. “Sólo colchones, en pésimo estado, la mayoría no son de material ignífugo. Algunos sólo tienen frazadas que se utilizan como colchones, no se divisaron almohadas. Esto obliga a que muchas de las personas privadas de su libertad deban dormir en el piso de la celda, en ocasiones, en el patio interno, ello hace que los colchones o frazadas se encuentren permanentemente húmedos o se mojen con los desechos. Las personas alojadas permanecen encerradas las 24 horas, sin posibilidad alguna de recrearse en algún momento del día”, refirió.
Con todos estos elementos, la jueza Pisarello resolvió hacer lugar a la acción de hábeas corpus correctivo colectivo en favor de todas las personas alojadas en la Comisaría Quinta. Asimismo, ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia la readecuación de las condiciones edilicias del edificio, a través de la ejecución del plan de reforma a la mayor brevedad posible.
También se ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia la adopción urgente de un plan de contingencia para la provisión de alimentos, higiene personal y limpieza de los recintos, acceso de agua potable y asistencia médica para los internos alojados en la Comisaría Quinta, autorizando al Comité para la Prevención de la Tortura a supervisar las medidas.
Además, se hizo saber a la Procuración General que deberán adoptar las medidas necesarias para determinar la situación procesal de las personas alojadas en la Comisaría Quinta “en aras de gestionar un rápido y eficaz acceso a la justicia”.
También se ordenó al Ministerio Público Fiscal que dispongan el traslado y/o decomiso de los efectos secuestrados a Sala de Armas y Efectos secuestrados del Poder judicial.
Por otra parte, se ordenó a la Jefatura Policial del Chaco y al Servicio Penitenciario Provincial cumplir con la separación por categorías de los internos alojados en la Comisaría Quinta, disponiendo el inmediato traslado de los condenados alojados en dicha comisaría al establecimiento penitenciario correspondiente.
También se encomendó a la Jefatura Policial reducir paulatinamente el número de alojados en la Comisaría Quinta hasta lograr que su capacidad no sea sobrepasada, debiendo mantenerla en lo sucesivo, con una tolerancia de no más de un 30% que “en situaciones excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas”.
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